El gobernador Pedro Pierluisi anunció este miércoles la firma de un acuerdo de colaboración que otorga $46 millones a la Corporación del Proyecto Enlace del caño Martín Peña (Enlace) para la construcción de 450 unidades de viviendas dirigidas a miembros de las comunidades del G-8 que carecen de un hogar digno o que tienen que ser realojados por los proyectos que se realizan en la zona.

“La construcción de estas vivienda asegura que las familias puedan permanecer en su comunidad al mismo tiempo que se preserva la identidad comunitaria y se evita la gentrificación. Este acuerdo es un resultado más de la ardua gesta comunitaria de la cual me honro de formar parte…esta asignación es la suma de procesos comunitarios organizados por el interés general”, expuso Mario Nuñez, director ejecutivo de Enlace.

Los $46 millones, provenientes del Programa Multisectorial para la Mitigación Comunitaria (MSC, por sus siglas en inglés), permitirá darle paso a la construcción de los proyectos residenciales “Quisqueya 125″ y “Barbosa 211″, a desarrollarse en solares que ubican en la avenida Quisqueya, en San Juan. Sin embargo, el estimado total de la organización para completar los complejos es de $86 millones. “No cerramos la posibilidad de hacer una segunda solicitud al Departamento”, indicó Nuñez.

Pierluisi, por su parte, describió la ocasión como “un día importante para el avance de esa agenda prioritaria de mi administración de fomentar el desarrollo de vivienda digna y asequible para nuestra gente”.

A través de las ocho comunidades aledañas al caño -Parada 27, Las Monjas, Buena Vista, Israel-Bitumul, Barrio Obrero Oeste y San Ciprián, Barrio Obrero Marina, Buena Vista Hato Rey y la Península de Cantera- se estima que residen unas 20,000 personas. “Realmente está arrancando este programa para atender mitigación con el mejor ejemplo que podemos tener de empoderamiento comunitario y de organización”, expresó el primer ejecutivo.

Pierluisi explicó que el acuerdo establece que la subvención cubrirá la conceptualización, el diseño y la construcción de los complejos de viviendas. Ambas propuestas, agregó, incluirán el diseño y desarrollo de elementos recreativos y comunales para promover la habitabilidad del espacio y la calidad de vida. Igualmente, se integrarán elementos de diseño para reducir los riesgos a la propiedad como resultado de posibles eventos naturales.

La Corporación ha identificado 440 familias que necesitan ser reubicadas ante los trabajos que se avecinan relacionados con el dragado del caño Martín Peña. Mientras, otras 500 ya han sido realojadas. “Este proyecto dará la posibilidad a estas familias, que serán realojadas, de vivir en una vivienda digna, decente y sanitaria, y sin temor a que se inunde con aguas usadas e incluso, perder sus pertenencias…Tener una vivienda digna brinda salud, aumenta la autoestima y genera seguridad”, dijo Lucy Cruz, presidenta de las organizaciones comunitarias del G-8.

Nuñez, por su parte, detalló que las unidades de viviendas serán construidas en solares pertenecientes al Fideicomiso de la Tierra del caño Martín Peña, lo que le asegurará la permanencia a corto y largo plazo de quienes hoy residen en la comunidad, así como la asequibilidad de vivienda digna a futuras generaciones. Una vez reubicadas en los nuevos espacios, agregó, cada familia va a recibir una escritura de Derecho de Superficie que le reconoce como dueño de la estructura. El terreno, no obstante, seguirá siendo del cuerpo de tierras que administra el Fideicomisio.

“Esa escritura es registrable en el Registro de la Propiedad. La vivienda la familia la puede vender, la puede permutar, la puede hipotecar, con eso no va a tener ningún problema, pero en la transacción de compra venta nunca se vende la tierra. Esto lo que permite es garantizar la permanencia de las comunidades y su no desplazamiento”, aseveró Nuñez.

William Rodríguez, secretaria de Vivienda, explicó que -al convertirse en un subrecipiente del Departamento, la Corporación Enlace será la encargada de liderar los procesos de adquisición e idear al proyecto. “Nosotros vamos a servir de asistencia técnica, vamos a hacer nuestras monitorías, pero la toma de decisiones recae en Enlace”, expuso el titular.

Este es el primer acuerdo que se concreta a través del programa MCS, pero el secretario de la Vivienda adelantó que ya están en conversaciones para el desarrollo de proyectos similares en las comunidades de Juana Matos, en Cataño; y El Faro, en Guayanilla. Esta última comunidad fue la que quedó bajo agua tras los terremotos que afectaron el sur del país a inicios del 2020.

Rodríguez recordó que MCS es un programa voluntario que se enfoca en proyectos dirigidos a reubicar familias residiendo en áreas vulnerables. “Este programa tiene la misión de mantener las comunidades unidas, por lo que requiere que las propuestas de reubicación sometidas cuenten con el apoyo de, al menos, el 60% de los residentes de la comunidad proponente”, indicó Rodríguez.

La etapa de los diseños de cada uno de los proyectos debe comenzar próximamente, pero típicamente este tipo de desarrolla demora entre 18 y 24 meses, estimó Rodríguez.

Fuente: El Nuevo Día

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