Portavoces de Construyamos Otro Acuerdo pidieron aclarar si la propuesta fue consultada con la Junta Fiscal y si cuenta con una fuente recurrente de financiamiento
Portavoces del grupo Construyamos Otro Acuerdo advirtieron que la propuesta del Ejecutivo de aumentar la pensión mínima que reciben mensualmente los jubilados del sistema público a $1,000 es contraria al artículo 83.4 del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno central que fue certificado por la jueza Laura Taylor Swain en enero del 2022.
“No queremos que nuestros pensionados, el sector más vulnerable, ya que muchos de ellos lo que reciben son pensiones de $400 y $500, sean utilizados como un balón político en este país. La gobernadora (Jenniffer González) debe decir si consultó esta medida con la Junta de Control Fiscal (JCF) antes de presentarla a la Legislatura porque puede ser que, aun teniendo una fuente de financiamiento recurrente identificada, se busque anular esto en la corte de Quiebras”, reclamó Ramón Santiago, uno de los portavoces de la organización compuesta por mesas de trabajo de pensionados en diversos municipios.
El artículo 83.4 sobre mantenimiento de pensiones establece que antes del décimo aniversario de la entrada en vigor del PAD el Ejecutivo o cualquiera de sus entidades “no implementará legislación existente o promulgará nueva legislación para crear o aumentar pago alguno de pensión de beneficios definidos y obligación para los jubilados actuales o futuros”.
“Esa es una prohibición absoluta. Aunque se encuentre el dinero y se determine neutralidad fiscal, está prohibido cualquier aumento. Nosotros queremos dejar claro que no es que nos estamos oponiéndonos a la medida, ya que representa un acto de justicia; lo que cuestionamos es si el gobierno conocía cuál es la posición de la junta fiscal sobre esto antes de presentar el proyecto o si ya se reunieron para discutir el asunto o llegaron a un entendido”, sostuvo.
El pasado 19 de agosto se presentó una medida de administración en ambos cuerpos legislativos –Proyecto de la Cámara 1399 y 1428 en el Senado– para establecer la “Ley para Ajustar la Pensión Mínima al Costo de Vida Actual” y así beneficiar a más de 58,000 pensionados del gobierno al aumentar su pensión mínima mensual a $1,000.
“Actualmente, no está claro si existe una fuente de financiamiento para lo propuesto, pero es importante también dejar claro si esto va a poder superar la prohibición del Plan de Ajuste, porque sería bien injusto que se cree una esperanza entre los pensionados y luego, dos o tres meses después de aprobado, la junta fiscal diga ‘esto no va’”, expresó otra de las integrantes del colectivo, Mayra Rivera Torres.
Ambos portavoces enfatizaron que la situación de los jubilados en la Isla es crítica, ya que, aunque la pensión promedio ha sido estimada en $1,169, hay muchas personas que reciben entre $300 y $500 al mes.
“Conocemos de muchos casos de adultos mayores que apenas pueden subsistir y que llegan al punto con los aumentos en agua, luz, medicamentos y servicios de salud; dicen que tienen que picar las pastillas porque los chavos no le dan. Eso da ganas de llorar”, continuó Rivera Torres al destacar que este escenario ha forzado a muchos pensionados a mudarse con hijos y familiares en Estados Unidos.
Según el grupo, más de 20,000 jubilados se han ido del País en los pasados años.
Alivio económico urgente
Ante un escenario de constante aumento en el costo de vida e inflación económica, Construyamos Otro Acuerdo propuso al Ejecutivo el pasado año el otorgamiento de un “alivio económico urgente” de $1,000 a la totalidad de los aproximadamente 137,000 pensionados como un primer paso para mejorar su condición financiera.
“Buscamos ser creativos y darle la vuelta a la prohibición al crear un mecanismo no recurrente que fuera financiado por los ahorros del gobierno central en lo que se busca una solución a largo plazo, tomando en cuenta que llevamos 18 años sin aumentos”, insistió la portavoz.
Rivera Torres indicó que, como parte del proceso, la organización sostuvo reuniones en la Mansión Ejecutiva con representantes de la Junta de Retiro, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), quienes aseguraron que el alivio urgente era posible, ya que podría ser sufragado por reasignaciones de partidas para “adultos mayores”, tal o como se hizo más temprano en 2026, cuando se transfirieron $118 millones al Departamento de Educación (DE) para atender deudas.
Sin embargo, luego de una llamada en febrero al licenciado Carlos Rivera Justiniano, quien participó en las reuniones en representación de la gobernadora, en la que dijo que todavía no podía dar información en cuanto a si se daría paso a la propuesta, la Fortaleza ignoró las subsiguientes comunicaciones del grupo, según indicó el colectivo.
“Nos tienen en un limbo. No terminan de decir si aceptan o no la propuesta. Supimos que le habían pedido el estudio de los fondos a Retiro, pero fuera de eso no han contestado nuestras cartas”, sostuvo Rivera Torres al especificar que la última misiva fue enviada el 13 de julio.
No queremos que nuestros pensionados, el sector más vulnerable, ya que muchos de ellos lo que reciben son pensiones de $400 y $500, sean utilizados como un balón político en este país. - Ramón Santiago
EL VOCERO solicitó una reacción a la Fortaleza sobre los señalamientos del colectivo; sin embargo, la respuesta de la Oficina de Prensa fue: “La gobernadora presentó una medida sobre elevar las pensiones a $1,000. ¿Lo tienes?”.
Plan de acción
Por otro lado, la presidenta de la Comisión cameral del Sistema de Retiro, María de Lourdes Ramos Rivera, indicó a este medio que sostuvo una reunión con la gobernadora y su equipo de trabajo, incluyendo a OGP, en la cual se estableció un plan de acción para determinar de manera precisa si el gobierno cuenta con el dinero para financiar los cambios propuestos de manera recurrente.
En cuanto a la propuesta del alivio económico urgente, la legisladora indicó que, aunque el Ejecutivo todavía no ha presentado un proyecto para viabilizar dicho pago, su comisión está en la mejor posición de evaluar cualquier medida que pueda beneficiar a los pensionados.
“Lo importante aquí es que se tiene que buscar una fuente de financiamiento. Lo más probable es que la Fortaleza dé prioridad al aumento, que sería algo recurrente, pero sea uno o el otro, tenemos que aprobar algo y no quedarnos con las manos cruzadas”, dijo Ramos Rivera.
Este medio también solicitó una reacción sobre ambas propuestas a la Oficina de las Personas de Edad Avanzada, pero al cierre de esta edición la dependencia no emitió declaraciones al respecto.
FUENTE: El Vocero
