El director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés Gómez, adelantó que la licitación dirigida a desarrollar una nueva planta de generación eléctrica, anunciada en marzo de 2023, podría ser adjudicada antes que finalice el 2024, lo que daría paso a un proceso de construcción de varios años.

“Se recibieron las propuestas y estamos en etapa de evaluación de las mismas. Estamos todavía interactuando con los proponentes con relación a las propuestas, haciendo lo que llamamos clarificaciones, preguntas atadas a las propuestas específicas, (aclarando) cosas que no se entienden, solicitando información adicional para hacer esas evaluaciones y entonces se presenten al Comité de Alianza todos estos detalles”, sostuvo Fontanés Gómez.

¿Se completará el trámite en lo que queda de año?, le preguntó El Nuevo Día.

“Yo espero que sí”, manifestó Fontanés Gómez.

El funcionario precisó que el Comité de Alianza –el grupo de oficiales que negocia y adjudica los contratos de alianzas público privadas– fue conformado desde la publicación de la solicitud de cualificaciones, hace más de un año, aunque se reservó los nombres de sus integrantes. Por disposición de ley, el Comité de Alianza lo componen el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal –actualmente Omar Marrero–, un funcionario de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), un representante de la Junta de Gobierno de la AEE y dos empleados de cualquier agencia seleccionados por la Junta de Directores de la AAPP.

Fontanés Gómez tampoco reveló la cantidad de empresas que sometieron sus ofertas dentro de la fase de requerimiento de propuestas, de las cuales el Comité de Alianza escogería al licitador agraciado. En mayo de 2023, la AAPP informó que seis de los proponentes habían sido cualificados tras responder a la convocatoria: CH4 Green Energy LLC, Eco-Renovable LLC, Haina Investment Co. Ltd., InterEnergy Group Limited, Karpower International B.V. y Tropigas de Puerto Rico Inc.

El jefe de la AAPP describió como “masivas” las propuestas en manos del Comité de Alianza, al tratarse de un requerimiento que contempla que el ganador diseñe, construya, financie, opere y mantenga la instalación generatriz, que entraría en un contrato de venta de energía con la AEE, similar a las cogeneradoras existentes.

“Hay preguntas de permisología, tecnología, todo. Es mucho más compleja y detallada la evaluación, porque hay que tomar todas esas cosas en consideración antes de una selección”, afirmó Fontanés Gómez en entrevista con este medio.

Según el requerimiento de cualificaciones que la AAPP emitió en 2023, la planta deberá tener capacidad para generar “aproximadamente” 300 megavatios (MW) de energía a base de gas natural, derivados del petróleo y, a futuro, mezclas que incluyan hidrógeno, una tecnología que aún no se ha desarrollado ampliamente a nivel comercial. La planta también deberá operar como un ciclo combinado, que supone que, a partir de la quema de un combustible para generar electricidad, se captura el calor para producir energía adicional a través de una segunda turbina.

La licitación promovida por la AAPP no precisó, entre sus requisitos, una localización específica para el proyecto, por lo que los proponentes tenían la libertad para considerar cualquier espacio viable para desarrollar la planta.

La construcción de la instalación generatriz –ordenada por el Negociado de Energía en el Plan Integrado de Recursos de 2020– cobra mayor relevancia para el sistema ante los retrasos en la integración de fuentes renovables a gran escala y el cierre, en 2027, de la cogeneradora AES, que produce cerca de 500 MW.

“Hay que esperar a ver cuál es el proponente seleccionado y cuál es el ‘timeline’ (cronograma) del proyecto. Obviamente, es un proyecto a largo plazo, la construcción de una planta nueva. Va a tomar años”, dijo el director de la AAPP.

En Puerto Rico, las últimas centrales de energía fósil en desarrollarse fueron las cogeneradoras AES y EcoEléctrica, ubicadas en Guayama y Peñuelas, respectivamente, que entraron en operación a principios de la década del 2000.

Fuente: El Nuevo Día