Después de un proceso altamente competitivo, que supone una inversión de $420 millones, finalmente el Departamento de la Vivienda logró adjudicar 15 proyectos de construcción, equivalentes a unas 1,300 unidades alrededor de toda la Isla, cuyo propósito es poder ofrecer hogar a personas de ingresos bajos a moderados, a través del Programa de Mitigación para la Vivienda Unifamiliar.

Así lo informó el secretario de Vivienda, William Rodríguez, al tiempo que informó que se establecieron como mínimo 25 unidades por proyecto. Las unidades consisten de tres habitaciones, dos baños, marquesina, placas solares, baterías, cisterna, entre otros.

“En esta etapa nosotros firmamos los acuerdos con cada uno de los desarrolladores y estamos en la etapa de cumplimiento ambiental con cada uno de los proyectos. La realidad es que estos proyectos fueron diseñados y tuvieron sus permisos. Siempre hay que cumplir. En un desarrollo típico no hay que cumplir con la evaluación ambiental federal, pero como en este caso vamos a estar utilizando fondos federales para la adquisición de estos proyectos, pues hay que llevar ese proceso por la política pública ambiental federal”, expresó Rodríguez.

El funcionario sostuvo, además, que están realizando una segunda fase para lograr llegar a tres mil viviendas nuevas. Este proceso competitivo está en evaluación.

Asimismo, informó que utilizarán estos nuevos hogares inicialmente para reubicar a las familias que están bajo el programa de R3, afectadas por los terremotos en el área sur o familias que estén participando del Programa de Mitigación para la Vivienda Unifamiliar.

Cabe destacar que todas estas familias han sido beneficiarias de los vales que fluctúan entre los $160 mil hasta $200 mil.

A preguntas de EL VOCERO sobre si familias o personas que no estén bajo los programas de reubicación, R3, entre otros, pudieran ser candidatas a comprar casas nuevas en estos 15 proyectos, el secretario mencionó que utilizarán todas las viviendas para reubicar a las familias beneficiarias primero, pero, si llegase a haber algunas vacantes, el Departamento de la Vivienda las pondrá a disposición y en venta para los núcleos familiares que estén en el programa de Asistencia Directa al Comprador.

“Cada desarrollador tiene un compromiso con nosotros de dos años para completar la obra. El compromiso de nosotros es que, si a los dos años, estos proyectos no se terminan, pues nosotros no tenemos un compromiso de comprar esas unidades de vivienda, pero es importante decir que unidad que esté completada, es unidad que nosotros compramos”, comentó Rodríguez.

Realidad del mercado de vivienda

En la actualidad, la persona que tenga como meta la compra de una casa en Puerto Rico verá un aumento en el precio de las unidades debido al alto precio de materiales, mano de obra y costos operacionales.

Según datos suministrados a EL VOCERO por agentes de bienes raíces, el inventario de casas que cuesten por debajo de los $200 mil es uno muy limitado. Asimismo, catalogaron como débil y frágil las opciones reales que existen en el mercado de bienes raíces al momento.

Del mismo modo, prevén que el gobierno no pueda conseguir las opciones de casas en precios asequibles para brindarlas a los puertorriqueños, principalmente, por el limitado inventario de viviendas en el mercado.

Por otro lado, aunque se ha hablado de la opción del Estado adquirir las casas abandonadas alrededor de la Isla, los denominados estorbos públicos, el gobierno ha reiterado que esta posibilidad se desvanece ante el número de estas unidades que tienen problemas de herencia y problemas legales que no han sido resueltos, dificultando aún más las opciones y soluciones al problema de falta de hogares.

“Eso es complicado y es complejo, que toma tiempo. No es tan fácil como que el gobierno pueda hacer esto de la noche a la mañana. No es tan sencillo como podríamos estar hablando tú y yo. Sí me consta que el gobierno de Puerto Rico ha explorado esa alternativa”, comentó Ricardo Negrón, director ejecutivo de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, capítulo de Puerto Rico (MBA, por sus siglas en inglés).

Negrón mencionó, además, que muchas personas que están bajo los fondos de R3 del Departamento de la Vivienda, que son los damnificados y afectados por los huracanes Irma, María y los terremotos, se han visto también afectados por los precios que han incrementado y no les alcanza para poder pagar la compra de un nuevo hogar.

Según los datos suministrados por la MBA, bajo los fondos federales Cdbg-dr, el precio de los hogares en el mercado de casas está fluctuando entre los $200 mil a $250 mil, y proyectan que todas las construcciones por venir comiencen en los $300 mil.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Aixa Malavé, expresó que el gobierno debe tornarse en facilitador en el proceso y, a su vez, permitir el que la empresa privada, entiéndase los realtors, corredores de bienes raíces, entre otros, entren al proceso de venta y financiamiento de las viviendas nuevas.

“La intervención del gobierno tiene que convertirse en facilitadora, pero donde también entre la empresa privada para poder tener lo que todos deseamos, que es un desarrollo económico en toda la Isla y no que se esté dirigida hacia un sector en particular, porque entonces eso crea un desfase. Se crean propiedades, se construyen propiedades, quiénes las van a vender, quiénes las van a financiar y yo siempre he considerado que nosotros estamos en esto. Esto es como un ecosistema, todos somos necesarios; compradores, vendedores, constructores, la banca, los tasadores, los contratistas, entre otros”, expresó Malavé.

Por otro lado, al hablar sobre la situación de los inversionistas extranjeros que están comprando viviendas para convertirlas en Airbnb (alquileres a corto plazo) o para rehabilitarlas, alquilarlas o venderlas duplicando su precio, Malavé reconoció que es una realidad que está sucediendo, conducta que afecta económicamente a todas las personas involucradas irrespectivamente de su situación económica. Además, comentó que es una situación que está en incremento, no tan solo en la zona metropolitana sino a nivel Isla.

Fuente: El Vocero

‍