Luego que la Junta de Control Fiscal (JCF) advirtió al Ejecutivo que la reforma contributiva avalada por la Legislatura con la aprobación del sustitutivo del Proyecto de la Cámara 1839 es “significativamente inconsistente con el plan fiscal”, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) dijo que evaluará el proyecto antes de recomendar el próximo paso a seguir.

“Vamos a estar viendo cuáles fueron las enmiendas, cómo nos puede cambiar los supuestos que se utilizaron a la hora de presentar este proyecto, para entonces comprender la discrepancia que existe en cuanto al impacto fiscal”, expresó a EL VOCERO el director ejecutivo de la dependencia, Omar J. Marrero Díaz.

Destacó que la junta fiscal anticipó que la implementación de la reforma contributiva representaría una reducción de ingresos de $750 millones tan solo en el año fiscal en curso, una cifra superior a los cerca de $500 millones estimados por los estudios realizados por Aafaf y el Departamento de Hacienda.

Marrero Díaz reconoció que, como la versión aprobada por la Legislatura es distinta a la que presentó el Ejecutivo, es necesario revisar las proyecciones macroeconómicas y otros modelos antes de “poder estar en la posición de hacer una recomendación de firma o veto”.

“En la eventualidad de que la junta fiscal se reitere en que el proyecto es incompatible y significativamente inconsistente, vamos a insistir en alguna otra alternativa, pero algo que debe quedar en meridianamente claro es que el equipo fiscal del gobernador va a ejecutar el compromiso de buscar un alivio contributivo, si no es este, nos sentaremos y buscaremos otra alternativa”, subrayó el director ejecutivo.

En cuanto a la advertencia de la junta fiscal de que “cualquier posible reforma contributiva debe ser fiscalmente neutral”, Marrero Díaz afirmó que la medida incluye una cláusula de responsabilidad fiscal que ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y al Departamento de Hacienda implementar medidas para asegurar un presupuesto balanceado de manera que los gastos gubernamentales no superen sus ingresos.

“El impacto fiscal se iba a poder atender precisamente con los ingresos que están llegando al fisco, año tras año, que ha estado por encima de las proyecciones que están en el plan fiscal”, comentó el directivo, quien agregó que el gobierno también había planteado que “el impacto al fisco se iba a poder atender por la actividad económica que se iba a dar” a consecuencia de la reforma.

El funcionario fue enfático al subrayar que el gobierno no se quedará “de brazos cruzados” y que buscará otra alternativa para lograr un alivio contributivo en caso de que la junta fiscal sostenga su oposición.

“Vamos a seguir insistiendo porque entendemos que es necesario y si hay sobrantes para los acreedores y hay sobrante para poder proveer bonificaciones, entonces tiene que haber sobrante para poder proveer un alivio a los contribuyentes”, sostuvo.

La Cámara va hacia adelante

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, confirmó a EL VOCERO que la Legislatura enviará el proyecto aprobado a La Fortaleza a pesar de la recomendación de la JCF de no dirigirlo al despacho del gobernador para su firma.

“Este proyecto, aprobado de forma responsable y multipartita, fomentará la actividad económica en Puerto Rico, ayudará a las familias puertorriqueñas a combatir la inflación y en el caso de las pymes (pequeños y medianos comerciantes) podrán mitigar el alto costo de hacer negocios aquí”, recalcó el líder cameral, quien destacó que la reforma “es el resultado de un esfuerzo de más de dos años entre Cámara, Senado y el Ejecutivo”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, el representante Jesús Santa Rodríguez, mostró preocupación por la reducción de ingresos estimada por la junta fiscal, que catalogó de “incorrecta”.

“Nuestros números, que fueron compartidos con ellos (JCF) en muchas ocasiones, indican que el impacto después de los cambios en el Senado baja a $498 millones. Para mí ese número es importante porque en la medida que el número sea lo más certero posible, entonces podemos dar opciones de cómo podemos manejar el impacto del ahorro a los contribuyentes”, planteó el legislador, quien señaló que, en caso de que el Ejecutivo convierta el proyecto en ley, el gobierno local tendrá que sentarse con la junta fiscal para corroborar los números y “ver de qué manera nos aceptan las propuestas que nosotros tenemos para poder paliar este impacto fiscal”.

Discrimen contra la empresa local

Mientras que el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Ramón Pérez Blanco, cuestionó el motivo por el cual la Legislatura eliminó de la reforma, previo a ser aprobada, los beneficios contributivos propuestos a inversionistas locales.

“A las empresas foráneas las atraemos dando créditos, exenciones y tratamiento contributivos distintos, pero ahora hay empresas locales muy exitosas, con deseo de invertir, expandir, exportar servicio de producto y ese discrimen tiene el efecto, hasta cierto punto, de limitar ese desarrollo de las empresas locales”, dijo Pérez Blanco.

El gobernador Pedro Pierluisi, junto al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, habían estimado en agosto que la reforma beneficiaría a sobre 3,000 inversionistas locales.

Fuente: El Vocero

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