El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel, aceptó ayer que el modelo utilizado para determinar la cantidad máxima de dinero que se podrá recaudar con el cargo heredado para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a sus bonistas, abarcó la totalidad de los abonados, incluyendo al sector de la población que recibe subsidios en su tarifa.

La admisión formó parte de un intenso interrogatorio por parte del licenciado Glenn Kurtz –uno de los abogados del grupo de acreedores no asegurados representados por GoldenTree Asset Management- en el tercer día de la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la corporación pública, presidida por la jueza federal Laura Taylor Swain.

Kurtz cuestionó a Skeel sobre la razón por la cual no se tomaron en cuenta otros factores para el desarrollo de más modelos, incluyendo uno con un enfoque exclusivo en el sector poblacional que tendrá que pagar el cargo heredado y cuyo salario anual promedio es más alto que aquellos que gozan de subsidios.

“Hay una media en los análisis que tomó en cuenta a todos, incluyendo a aquellos que reciben subsidios, y otras que toman en cuenta que aquellos que van a pagar el cargo heredado tienen que costear el dinero que se subsidia a aquellos que no pagan”, comentó Skeel.

Ante las insistentes preguntas del abogado de GoldenTree -uno de los grupos que se oponen a la confirmación del PAD por considerar que la corporación pública puede pagar más de $2,500 millones por concepto de bonos no asegurados- el presidente de la JCF dijo que le pedía comparar “manzanas con naranjas”, en el sentido de que un factor es la media de ingresos en Puerto Rico y otro es la capacidad de la población para sostener un aumento tarifario por el servicio eléctrico.

El abogado continuó planteando otros escenarios para determinar la sostenibilidad de la deuda por parte de la corporación pública e, incluso, le preguntó a Skeel si la junta fiscal había recibido información sobre algún incremento en su capacidad de repago como parte del proceso de confección del plan fiscal 2024 de la AEE.

“La junta recibe datos todo el tiempo, pero no estoy consciente de datos que apunten a ahorros”, indicó Skeel, quien, sin embargo, confirmó que el ente federal ha recibido información que apunta a mayores recaudos que los proyectados.

De manera similar, Kurtz también intentó levantar dudas sobre los acuerdos concretados entre la junta fiscal y varios grupos de bonistas, incluyendo aquellos bajo la casa de inversiones BlackRock, para obtener su apoyo para la confirmación del PAD.

Para largo la distribución de dinero

Previo al contrainterrogatorio, Luc A. Despins, abogado del Comité Oficial de Acreedores no Asegurados -una de las partes que favorece la confirmación del PAD- solicitó a Skeel ofrecer un estimado del tiempo que tardará en iniciar la distribución de dinero por concepto de los bonos generales asegurados, a lo que el presidente de la junta respondió que demorará “un tiempo significativo”.

En cambio, el funcionario sostuvo que el repago a las partes que no llegaron a un acuerdo como parte del PAD se concretaría más rápido, ya que será en efectivo.

Uno de los argumentos esbozados por varios de los grupos de acreedores que se oponen a la confirmación del PAD es que el acuerdo ofrece un trato discriminatorio a aquellas partes que no llegaron a acuerdos con la junta fiscal a cambio de brindar su apoyo a la propuesta.

Bajo fuego acuerdos de privatización

Por otro lado, el desfile de prueba de la vista que se extenderá hasta el 19 de marzo, comenzó con el testimonio de la ingeniera eléctrica Ellen Smith, de la firma FTI Consulting y quien asesoró a la Autoridad de las Alianzas Público Privada (AAPP) en el proceso de privatización del componente de transmisión y distribución de la AEE a LUMA Energy y de la generación de energía a Genera PR.

En su turno, el abogado del nuevo grupo Ad Hoc de tenedores de $2,300 millones de bonos no asegurados, el licenciado Eric B. Brunstad, confrontó a la ingeniera con el contenido de varios informes relacionados al contrato con LUMA, en los que se aseguró que conllevaría a una serie de mejoras y reducción de costos operacionales que redundaría en ahorros anuales de entre $117 millones y $177 millones.

Fuente: El Vocero

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