El gobierno apuesta a que, con la asignación fija de fondos para Medicaid y un nuevo director de la Junta de Supervisión (JSF), podrán dar paso -en el nuevo plan fiscal para el 2024-, a medidas que ya fueron rechazadas por el ente federal, que incluyen asistencia para los municipios y un incentivo para la clase médica del país.

El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, indicó, en entrevista con El Nuevo Día, que el borrador de plan fiscal entregado a la JSF para su evaluación y aprobación, no contempla medidas de austeridad como los aprobados previamente. El documento debe ser aprobado antes del 1 de julio de 2023, fecha en que entraría en vigor.

“En este plan, no vas a ver ninguna reducción incremental en los gastos del gobierno. Al contrario, lo que se está haciendo es una serie de inversiones históricas para poder garantizar lo que requiere Promesa: la prestación de servicios esenciales de manera continua”, afirmó el también secretario de Estado.

La postura del gobierno está cimentada en la asignación escalonada -a cinco años- de $19,420 millones de fondos federales al programa Medicaid de Puerto Rico, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos.

Marrero indicó que también abona al asunto el que haya un nuevo presidente en la JSF tras la salida de Natalie Jaresko con una visión distinta. Su sustituto, desde enero de este año, es Robert F. Mujica.

Marrero destacó que el plan fiscal sometido es “una hoja de ruta, aspiracional, fiscal con proyecciones mínimo a cinco años” como lo exige Promesa. Los planes fiscales previos, aprobados por la JSF, fueron de 30 y hasta 40 años mientras se reestructuraba la deuda.

“Promesa te requiere, qué mínimo, sea a cinco años. Así que aquí lo estamos haciendo a cinco años porque una de las bases macroeconómicas principales, que son los fondos de Medicaid, son a cinco años. Esa certeza de cinco años es la que usamos como una zapata de proyección financiera para este plan fiscal”, apuntó Marrero.

Destacó iniciativas puntuales que incluyen el borrador sometido y el Fondo Municipal de Servicios Esenciales, de $150 millones anuales del Fondo General. Dijo que ese fondo sería para mitigar la eliminación del Fondo de Equiparación, un pote de dinero que se distribuye entre todos los municipios y que será eliminado este año. La JSF ya se ha expresado en contra de revivir el Fondo de Equiparación.

“Ya no se justifican las medidas de austeridad. En los desastres naturales, la pandemia y los terremotos, nos dimos cuenta que los municipios son la primera línea de defensa”, sostuvo Marrero.

Igualmente, el gobierno está insistiendo en eliminar la aportación que hacen los ayuntamientos a la tarjeta de salud del gobierno, cuyo costo anual es de $164 millones. Marrero dijo que el gobierno central asumiría ese gasto con fondos estatales.

“Esperamos persuadir a la Junta de que esta es una iniciativa que deben apoyar”, dijo el director ejecutivo de la Aafaf.

También el gobierno estaría destinando alrededor de $850 millones -en cinco años- para hacerse cargo del alza salarial que concedió el año pasado a diversos funcionarios públicos con fondos federales.

El borrador de plan fiscal contiene un ajuste en el costo de vida para los contribuyentes a través de la propuesta del gobernador Pedro Pierluisi, mediante un proyecto de ley que enmendaría el Código de Rentas Internas con el objetivo de aumentar los beneficios contributivos y contrarrestar los efectos de la inflación en los individuos, a partir del próximo ciclo contributivo que arranca en abril próximo y en los sucesivos.

Para la clase médica, el gobierno propone nuevamente concederles un incentivo contributivo. La JSF ya se ha expresado en contra de, al menos, dos leyes que concedieron incentivos contributivos a los médicos.

Fuente: El Nuevo Día

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