Componente fiscal del gobierno avala presupuesto de $13,062 millones

March 7, 2024

En el inicio de la discusión en la Cámara de Representantes, el equipo calificó como “prudente” el aumento de $323 millones respecto a la partida vigente

El componente fiscal del gobierno avaló este jueves la recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que proyectó para el próximo año fiscal 2024-2025 un presupuesto ascendente a $13,062 millones.

La cifra –incluida en un borrador que podría sufrir cambios por parte del ente– presenta, por ahora, un “aumento prudente” de $323 millones para garantizar la estabilidad de las operaciones estatales, según el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco.

“Tenemos que ser prudentes y tenemos que mantener la disciplina fiscal que hemos tenido hasta ahora. Nos sentimos bien cómodos que ese total… es suficiente para no solamente mantener estables las operaciones del gobierno de Puerto Rico, sino también para tomar ciertas decisiones de inversiones puntuales”, indicó Blanco.

El presupuesto del gobierno vigente es de $12,739 millones.

Aunque el componente fiscal no ofreció detalles sobre las partidas presupuestarias –ante lo prematuro del inicio de la discusión–, el secretario interino del Departamento de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, adelantó que los recursos provistos para cada entidad gubernamental “serán consistentes con el presupuesto vigente”. No obstante, destacó como áreas de prioridad la “recuperación” del sistema educativo, la prevención de la violencia, el mantenimiento de la infraestructura, los adultos mayores, municipios y la reconstrucción.

“El equipo fiscal estará en posición favorable para emitir comentarios detallados sobre el presupuesto del año fiscal 2024-2025, una vez sea certificado el Plan Fiscal 2024 para el Gobierno de Puerto Rico por la JSF”, subrayó Pérez Méndez. Se supone que el Plan Fiscal 2024 se certifique este mes.

El funcionario explicó que, para el próximo año fiscal –que se inicia el 1 de julio–, el Plan Fiscal vigente proyecta los ingresos netos al Fondo General en $10,911 millones, lo que presume una reducción de 6.1%, o $710 millones menos, respecto al año fiscal 2023-2024. Sin embargo, este panorama debe cambiar una vez certificado el nuevo plan.

Los recaudos, tanto en este período como durante 2022-2023, han sobrepasado los estimados dispuestos por la JSF, señaló Pérez Méndez. “La JSF ha elegido los estimados más conservadores, por lo que el gobierno ha sobrepasado. No veo ningún factor que evite que este próximo año fiscal se repita lo mismo”, agregó, por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa.

Pérez Méndez expuso que, desde este año fiscal 2023-2024, la base de ingresos totales al Fondo General considera nuevas partidas de ingresos provenientes de los arbitrios a combustibles de productos derivados de petróleo (la llamada “crudita”), las tarifas de licencias de vehículos y los depósitos correspondientes al fondo de redención por concepto de la contribución sobre la propiedad inmueble.

Previamente, estos fondos no llegaban al Fondo General, sino a ciertas dependencias públicas que mantenían deudas. El aporte de estos nuevos conceptos para el año fiscal vigente, por ejemplo, totalizarían los $730 millones, según estimados de la JSF.

“El desafío no radica únicamente en resolver los problemas fiscales para la salida de la Junta, sino en hacer que esos cambios sean permanentes y sostenibles. Coincidimos en que tenemos que continuar reforzando la operación gubernamental para mejorar la calidad de la gestión de los servicios públicos”, sostuvo Pérez Méndez.

Para el período de julio a enero del presente año fiscal, los ingresos netos al Fondo General fueron de $7,296 millones, una cifra que supera en $747 millones los percibidos durante el mismo período del año fiscal 2022-2023. “Los ingresos se mantienen estables y entendemos que esa es la tendencia para lo que sería este año fiscal 2025″, dijo el jefe interino de Hacienda.

Aumento en radicación de planillas

Por otro lado, Pérez Méndez señaló que, hasta el pasado 4 de marzo, 524,994 contribuyentes habían radicado su planilla correspondiente al ciclo contributivo 2023, lo que representa 106,950 planillas adicionales a esta fecha para el período contributivo 2022.

Uno de los factores que podría estar incidiendo en esa alza es la otorgación del Crédito por Trabajo (EITC, en inglés), que durante este período contributivo ya alcanza los $761.5 millones en reclamaciones, informó. El crédito promedio es de $2,058.

Añadió que el número de hogares que se beneficiaron de este programa aumentó de 261 mil, en 2019, a 648 mil durante el período contributivo 2022. Esto representó 385 mil nuevas familias que recibieron el beneficio.

Durante el período contributivo 2020, primer año de implementación del programa, ingresaron cerca de 129 mil nuevos contribuyentes respecto al período contributivo previo.

Persisten los desafíos

En tanto, Santa reconoció que el presupuesto contempla varios retos a la hora de “proteger” a la Universidad de Puerto Rico y de garantizar ciertos servicios municipales, como el programa de “Ama de Llaves”. “Confío en que tengamos la responsabilidad de hacer el mejor presupuesto posible ante las situaciones que tenemos, que no son las deseadas, pero peor es no hacer nada”, opinó.

Según el calendario dispuesto por la JSF, el gobernador Pedro Pierluisi tiene hasta el 25 de marzo para presentar su propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal. Una vez presentado el documento, el ente tiene hasta el 3 de mayo para informar cualquier incumplimiento al Plan Fiscal certificado.

El presidente de la Comisión de Hacienda adelantó que la intención de la Cámara es aprobar el presupuesto el 5 de junio, para darle el espacio necesario al Senado a evaluar el contenido y presentar posibles enmiendas.

La JSF debe certificar el presupuesto para el próximo año fiscal en o antes del 30 de junio. “Hay una intención genuina de aprobar un presupuesto, no solamente balanceado, sino que sea aprobado por la Cámara y por el Senado, firmado por el gobernador y certificado por la Junta”, aseveró Santa.

Las discusiones continúan el próximo 12 de marzo, con la comparecencia de los jefes del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.

Fuente: El Nuevo Día

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