La Junta de Control Fiscal (JCF) le pidió a la Asamblea Legislativa que enmiende el presupuesto vigente para añadir $1,478 millones destinados a cinco partidas, incluyendo la operación de Genera PR, la subsidiaria de New Fortress Energy que se encargará del manejo y operación de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ayer en la tarde -a menos de 24 horas de la solicitud de la junta fiscal, el lunes en la noche- la Cámara de Representantes respondió aprobando su propia resolución de enmienda al presupuesto.

Las enmiendas propuestas por la junta fiscal al presupuesto de este año incluían una partida de $545 millones para la reserva de capital de trabajo de Genera PR.

Está previsto que esta empresa inicie labores el 1.º de julio, cuando también comienza el presupuesto del nuevo año fiscal.

El dinero se asignaría “como ‘Préstamo a la AEE para las reservas de capital de trabajo de Genera PR’… bajo el concepto de ‘Otros gastos de funcionamiento’…, para que Genera PR opere los activos de generación, de conformidad con los términos del Contrato de Operación y Mantenimiento”, se explica en el borrador de proyecto de ley que la junta le envió a los presidentes legislativos.

No obstante, la Cámara aprobó la resolución 485 (R. C. de la C. 485) asignando solo la mitad del dinero estipulado por la junta fiscal para Genera PR. La otra mitad la asignó “para garantizar el pago de las pensiones vigentes, según establecidas para los empleados con derecho a jubilación y los jubilados de la AEE”.

En el comunicado de prensa el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, señaló que de esta manera se “reafirma” el compromiso con los jubilados de la AEE.

“Al asignar estos fondos, estamos capitalizando el Sistema de Retiro, que estaría insolvente en apenas semanas y que tiene un déficit actuarial que asciende a $900 millones”, expuso el legislador.

El cuerpo legislativo también avaló la Resolución de la Cámara 976, que requiere al gobernador Pedro Pierluisi y al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, que exijan a la junta fiscal que en el proceso ante el Tribunal de Título III de la ley PROMESA, se establezcan disposiciones suficientes para garantizar el pago de las pensiones vigentes, según establecidas, para los empleados con derecho a jubilación y los jubilados de la AEE.

La medida contó con el voto a favor de la delegación de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyo portavoz Carlos “Johnny” Méndez indicó que el sobrante que permitió estas asignaciones responde a la “sana administración pública” y que las medidas tomadas para controlar gastos y la política de fiscalización, “permitirá solventar el sistema de retiro de los empleados de la AEE, porque todo empleado público merece una jubilación estable y digna”.

Las delegaciones del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD), así como el representante independiente Luis Raúl Torres, se abstuvieron en la votación sobre el presupuesto, pero votaron a favor de pedirle al gobernador que exija garantías de pago a los pensionados. El delegado del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Dennis Marquez Lebrón, votó en contra del presupuesto y a favor de la resolución. La medida sobre el presupuesto pasa ahora a la consideración del Senado.

La reducción a la mitad del presupuesto de Genera PR para designarlo al pago de pensiones fue el único cambio a la propuesta de la junta fiscal.

En declaraciones escritas a EL VOCERO, el organismo fiscal comunicó que “evaluará la medida una vez se someta”. La junta fiscal proyecta certificar el presupuesto enmendado el 12 de mayo.

En el nuevo presupuesto se designan $88 millones para pagar el acuerdo “transaccional global” entre la AEE y entidades gubernamentales, relacionado con las facturas vencidas por el servicio eléctrico y para pagar facturas emitidas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) al gobierno relacionadas con la porción no federal del Programa de Asistencia Individual tras el paso del huracán Fiona, en septiembre del año pasado.

La propuesta asigna además $650 millones para financiar en su totalidad la Reserva de Emergencia hasta el año fiscal 2028.

Otros $100 millones se destinarían para pagar el seguro de salud en caso de que haya déficit en la reserva de Medicaid.

Mientras que se añade la asignación de $94.9 millones para aumentar el pago a los bonistas del gobierno central, porque —según acordaron durante la reestructuración de la deuda— cuando hay un excedente de recaudo por el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), se les paga una cantidad adicional.

Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), informó que la propuesta de la junta fiscal se trabajó junto al gobierno central y que las partidas son gastos no recurrentes, que atienden obligaciones actuales y pone al gobierno en mejor posición de cara al futuro.

Estableció que con los millones para capitalizar la reserva de emergencia se cumplió con la cuota que se había establecido.

“Estamos aprovechando la oportunidad y llenando el pote completo de la reserva. Eso significa que eliminamos de presupuestos futuros la obligación de $130 millones… nos estamos liberando de esa obligación futura” lo que aseguró ayuda a dar estabilidad a las finanzas del gobierno y acelerar la salida de la junta fiscal.

Detalló que el contrato que se firmó con Genera PR obliga a la creación de cuentas de reserva, igual a como se hizo con LUMA Energy, por lo que es una “obligación contractual” para que, en caso de alguna eventualidad, haya fondos que les permitan solventar la situación.

Defendió además la partida para el pago a los bonistas, asegurando que también fue un acuerdo contractual.

Sostuvo que está consciente de que habrá sectores que entiendan que el dinero se debería usar para servicios directos a las personas —como mitigar posibles aumentos en la factura de la luz— enfatizó que en la “medida en que vayamos limpiando estas obligaciones en los libros del gobierno central y cumpliendo responsablemente, el gobierno va a tener más herramientas de manera permanente” y una mayor “flexibilidad y recursos para dar servicios esenciales” en el futuro.

A su juicio, el gobierno tiene las “manos amarradas” y todo lo que adelante salir de la quiebra es importante que se lleve a cabo.

El presidente de la comisión senatorial de Hacienda, Juan Zaragoza, favorece el ahorro que representa llenar la reserva de emergencia, y aunque entiende que hay que hacer una evaluación detallada de las partidas propuestas, aseguró que hay mejor disposición de la junta fiscal a negociar.

“El enfoque valida algo que he estado insistiendo por varios meses que incomoda bastante a la administración, y es que estamos en una burbuja y no pueden hacer compromisos recurrentes con ingresos no recurrentes. Por eso atienden cosas puntuales”, indicó.

Fuente: El Vocero

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