El próximo 28 de febrero unos 11,000 empleados públicos aproximadamente recibirán un alza salarial retroactivo al 1 de enero como parte del plan de clasificación y retribución que implementará el gobierno, reveló el director de investigación de política pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Arnaldo Cruz.
“Estamos on track (en ruta) para que eso se refleje en el cheque de los empleados el 28 de febrero. Ahora mismo, no tenemos ninguna información que nos indique que no podemos cumplir con esa meta”, dijo Cruz.
Cruz, junto a Zahira Maldonado, directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos (OATRH), dijo a El Nuevo Día que en este momento se consolida la información sobre las nuevas 25 escalas salariales para empleados del gobierno central cobijados bajo la Ley 8 del 2017 conocida como la Ley también conocida como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. El estatuto incluye a todas las agencias del gobierno central, excluyendo al Departamento de Educación, el Instituto de Ciencias Forenses y las agencias fiscalizadoras, como la Oficina del Contralor o la Oficina del Contralor Electoral. En total, la reingeniería del gobierno impacta a 22,000 empleados públicos.
Pero un 48% de los 22,000 impactados no recibirá alza salarial como parte del nuevo plan porque ya cuentan con un salario adecuado y competitivo con el mercado laboral, precisó Maldonado. Por ende, son alrededor de 11,000 los que verán impactos en su remuneración económica.
“Hemos visto de todo. Hemos visto empleados que estaban bien por debajo del mercado y empleados que estaban un poco por debajo del mercado así que el ajuste va a ser mayor para el (empleado) que estaba bien por debajo”, apuntó Cruz.
“Cada empleado cobijado por este plan va a recibir una carta donde se le va a indicar el proceso, antes de que reciban su ajuste en la nómina el 28 de febrero”, agregó Maldonado.
Explicó que el gobierno no puso en vigor el plan de clasificación y retribución el 1 de enero pasado por incongruencias con la información de recursos humanos de cada agencia de gobierno.
“(Fue) la falta de uniformidad en la recopilación de datos de recursos humanos. Cuando recopilamos la información del empleado para dársela a Hacienda, hay unas agencias ponen el apellido primero y otras no. No hay uniformidad”, dijo Maldonado.
Con el nuevo plan, el sueldo mínimo anual para un empleado del gobierno central, cobijado por la Ley 8 de 2017, aumentará de $16,088 a $19,800 cuando entre en vigor por completo el nuevo plan de clasificación y retribución, el cual establecerá unas escalas salariales que colocarán el pago promedio en $10.15 por hora, según ha dicho Maldonado.
Cruz aseguró que los criterios que se usaron fueron “datos del mercado para establecer qué es un salario competitivo para cada clase”.
“Ahora, bien importante, esto no es un ajuste salarial de un tiempo, una vez. Se está creando una estructura y se van crear unas políticas retributivas para que el empleado no se quede en ese salario sino que pueda crecer y que pueda aumentar su salario según su desempeño, explicó Cruz.
La funcionaria reveló además que trabaja en la confección de guías para establecer “incentivos”, algunos económicos, y las métricas que se estarán usando.
La JSF y el gobierno de Puerto Rico trabajan, desde el año pasado, en un nuevo plan de clasificación y retribución para que se destinaron $99 millones en el presupuesto vigente.
“Lo que quiere el gobierno con esta nueva filosofía no es que el empleado se quede 20 años en el servicio sino que esos 20 años haya crecido de puesto, que haya desarrollado nuevas destrezas”, puntualizó Cruz.
Fuente: El Nuevo Día
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