Con el fin de obtener su insumo e integrarlo a la estrategia de desarrollo económico denominada Propósito, el gobernador Pedro Pierluisi se reunió este martes con un grupo de economistas y anticipó que antes de que finalice este año publicarán el quinto estado financiero auditado del gobierno para “estar al día”.

Además, dijo que, si todo sigue en orden, y cumpliendo con los parámetros fijados por el gobierno de los Estados Unidos mediante la Ley Promesa, para mediados del 2026 pudiera solicitar la disolución de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta tras la declaración de quiebra del gobierno de Puero Rico.

Al encuentro con Pierluisi acudieron los economistas Vicente Feliciano, Rafael Romeu, Fernando L. Batlle, Kevin González-Toro, José Santiago, Graham Castillo, Juan Lara y el director del Programa de Planificación Económica y Social, de la Junta de Planificación, Alejandro Díaz Marrero.

“El reto es que el gobierno continúe desempeñándose bien desde el punto fiscal, que (el Departamento de) Hacienda siga teniendo los recaudos que ha estado teniendo más allá de las proyecciones del propio gobierno como de la Junta de Supervisión”, dijo el primer ejecutivo en un aparte con la prensa rodeado de funcionarios de su administración y algunos de los economistas que participaron del cónclave.

Destacó que el gobierno ha podido seguir haciendo obra capital, pese a la quiebra y su renegociación, con dinero federal provisto por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), Vivienda federal y la Autoridad de Carreteras federal. Sin ese dinero, de ordinario y previo a la quiebra, el gobierno recurría al mercado de valores para pedir prestado y hacer obra.

Añadió que una vez se acaben las ayudas, el gobierno debe estar “en posición” de volver al mercado de valores para hacer “obra futura”.

Entretanto, se ha trabajado con actualizar los estados financieros auditados, dijo Pierluisi.

El mandatario precisó que ya han publicado cuatro de estos informes. “El quinto se va a publicar a final de este año, que cubre el año fiscal 2021-2022. El (estado financiero consolidado auditado del año fiscal) 2022-2023, ese se debe publicar en mayo del año que viene”, explicó.

“Hemos estado también informando a las casas acreditadoras que aunque no estamos incurriendo en deuda o haciendo emisiones de bonos, hemos estado manteniendo las casas acreditadoras al tanto de lo que estamos haciendo en Puerto Rico. También hemos estado manteniendo a la banca local de todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista local”, afirmó.

“La visión es -durante estos ocho o nueve años que restan de esta reconstrucción- continuar haciendo las cosas bien, continuar con presupuestos balanceados no solo porque los requiere Promesa sino porque así debe ser”, agregó.

Recalcó que pretendía “mantener una comunicacion constante” con los economistas para estar seguros que nuestra estretegia de desarrollo económico es acertada” y poder dejar atrás la JSF.

“El reto es que continúe el progreso por los próximos anos, que la poblacion se mantenga estable, que no baje”, dijo Pierluisi.

Para que la JSF concluya sus funciones, según la Ley Promesa, el gobierno de Puerto Rico debe operar con cuatro presupuestos balanceados consecutivos, bajo el modelo de contabilidad acumulada y tener la capacidad para emitir deuda en el mercado de capital estadounidense a tasas razonables. Asimismo, el proceso de reestructuración financiera de las entidades de gobierno debe haber concluido.

Pierluisi aprovechó el encuentro con economistas y posteriormente, en su alocución a la prensa, para abogar por la reforma contributiva, aprobada por la Asamblea Legislativa y que está bajo su consideración. El gobernador tiene 30 días para firmar el proyecto de ley que daría paso a la revisión de las tasas contributivas para empresas e individuos, pero ha decidido dedicar ese tiempo a convencer a la JSF de sus beneficios.

La JSF ha expresado renuencia en avalar los cambios contributivos por entender que es contrario a Promesa y al plan fiscal certificado del gobierno central. Según el ente fiscal, de aprobarse, la medida regresaría la isla a la quiebra porque estiman su impacto fiscal en más de $700 millones. El gobernador reiteró que está dispuesto a ser “flexible” y si es necesario, reducir gastos en el gobierno para viabilizar el proyecto.

Fuente: El Nuevo Día

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