La aprobación ayer, martes, del Plan de Ajuste (PDA) por la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain supone que Puerto Rico se encamine a la recta final para salir de la bancarrota, luego de cinco años de una contenciosa negociación que entre otras cosas garantizará los fondos necesarios para que el gobierno cumpla con sus obligaciones.

Para conocer concretamente qué incluye la confirmación de este plan y lo que queda por hacer, antes de que entre en vigor el próximo 15 de marzo, a continuación resumimos los puntos más importantes:

¿Qué se aprobó?

– Las pensiones de unos 167,000 jubilados del sector público permanecen intactas.

– Un pago en efectivo de $7,048 millones a bonistas de Obligaciones Generales, Administración de Edificios Públicos y Administración de Sistemas de Retiro, así como nuevos bonos y pagos adicionales si la economía mejora, una vez entre en vigor el plan el 15 de marzo.

– Puerto Rico dedicará 7.2 centavos de cada dólar de impuestos al pago de la deuda pública.

– Reduce la deuda que quedaría vigente en un 80% y ahorra a Puerto Rico más de $50,000 millones en pagos del servicio de la deuda durante la vida del Plan.

– Las reclamaciones por expropiación forzosa -estimadas en $400 millones- se pagarán en su totalidad cuando un foro pertinente lo determine.

– Se eliminan los beneficios de pensión definida para empleados públicos activos, maestros y jueces.

– Puerto Rico quedará sujeto a una nueva política de endeudamiento que tendrá una vigencia de 10 años y que será más dura que la establecida en la Constitución.

– Cerca de 40 leyes estatales quedarán ocupadas por la Ley Promesa y el PDA hasta que este se pague en su totalidad.

¿Qué es lo próximo?

– El próximo 27 de enero, la Junta de Supervisión Fiscal enmendará el Plan Fiscal vigente para reflejar lo dispuesto en el PDA.

– La Legislatura enmendará el presupuesto para reasignar los fondos en este e incluir los diversos pagos que se harán. Ello debe ocurrir para mediados de febrero.

– Después de que se implemente el PDA, el gobierno central quedará con unos $2,000 millones en efectivo en sus arcas y con recursos para invertir en infraestructura.

– La JSF continuará reuniéndose con la administración de Pedro Pierluisi para trabajar en la documentación necesaria para implementar el PDA.

– El gobierno, particularmente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y el Departamento de Hacienda tendrán que comenzar la implementación de la nueva política de endeudamiento de Puerto Rico, que limitará la capacidad del estado para endeudarse y para inversiones en infraestructura.

Fuente: El Nuevo Día

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