De la asignación total a Puerto Rico a través del Coronavirus Relief Fund (CRF) se han desembolsado $1,779 millones, de los cuales a algunas entidades beneficiarias todavía les queda por utilizar alrededor de $173 millones y en reserva se mantienen $230 millones para necesidades que surjan.

Ese es el saldo actualizado al día de ayer por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), confirmó Javier Tirado Polo, director ejecutivo del Comité de Supervisión de Distribución del CRF, en entrevista con EL VOCERO.

Dijo que ha habido un manejo adecuado de los fondos y una distribución a tiempo, lo cual ha ayudado a los diferentes beneficiarios a lo largo de los pasados ocho meses. Los fondos se aprobaron a mediados de mayo.

En cuanto a la reserva, explicó que se creó para destinar recursos a las áreas prioritarias y por eso “siempre se están revisando las necesidades”. Por ejemplo, mencionó que “el gobernador (Pedro Pierluisi) está evaluando las necesidades y los recursos día a día, y de ahí es que van a salir los fondos para ayudar a los pequeños comerciantes”.

El periodo para utilizar todos los fondos vence en diciembre de este año, luego de una extensión hecha por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales del 2020. Tirado Polo comentó que no hay temor de que se puedan perder recursos porque “la política pública no es aguantar los fondos”, y ya el 79% de la asignación a la Isla se ha desembolsado.

Alrededor del 8% es lo que queda por utilizar de las asignaciones hechas y la reserva conforma alrededor del 11%.

Por ahora, el comité —compuesto por los titulares de Hacienda, Aafaf y la Oficina de Gerencia y Presupuesto— continúa evaluando las solicitudes pendientes y las asignaciones hechas, mientras los auditores externos realizan una auditoría continua de todos los fondos y su utilización.

Tirado Polo, a preguntas de EL VOCERO contestó que hasta ahora no pueden decir que se hayan detectado incongruencias o situaciones que llamen la atención sobre el uso de los fondos, como ocurrió con el estímulo del PUA a los desempleados, que maneja directamente el Departamento del Trabajo. Añadió que además de los lineamientos del Tesoro, a nivel local se han adoptado medidas más estrictas de fiscalización.

La mayor partida del CRF fue para los hospitales públicos y privados, con $315 millones, el Fondo de Desempleo del Departamento del Trabajo, con $300 millones, y el Programa de Ayuda a Cuentapropistas con $200 millones. Las transferencias a municipios sumaron $195 millones, mientras para las pruebas de Covid-19 y el rastreo de casos se destinaron $150 millones, de los cuales quedan por utilizar $41 millones.

En la parte de desarrollo económico, 7,279 patronos recibieron $56.6 millones para la nómina, a 25,384 pequeños negocios le llegaron $122.2 millones, y a 1,269 medianos negocios la cantidad de $12.6 millones. Por su parte, a 1,069 hoteles y negocios relacionados se destinaron $81.7 millones.

En la parte de educación, se redimieron vales por $17.5 millones a 21,807 graduandos de escuela superior para equipo tecnológico y servicios de internet. Así como la distribución de $50.7 millones en subsidios de acceso a internet a 160,173 estudiantes y maestros de educación pública.

Fuente: El Vocero

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