La reafirmación del Primer Circuito Apelativo a los poderes que el Congreso le concedió a la Junta de Control Fiscal, específicamente el de revocar leyes estatales que sean inconsistentes con el presupuesto o el plan fiscal, podría dificultar la defensa del gobierno a la recién aprobada medida que enmienda la Ley 4-2017 de Transformación y Flexibilidad Laboral.

Por una parte, la decisión del Primer Circuito obliga al gobierno a producir los estimados de impacto económico y fiscal de leyes aprobadas de forma detallada y no mediante una oración afirmativa alegando cumplimiento. Por otra parte, a pesar de que dichos estimados deben producirse dentro de un término de siete días de haberse aprobado la ley, la junta fiscal concedió al gobierno hasta el 30 de junio para presentar el estimado de impacto de la ley de enmiendas a la reforma laboral.

Mientras, en una declaración escrita, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) insistió en que la ley de enmiendas no incide sobre los ingresos y gastos del gobierno, pero reconocieron que ese impacto sí recae sobre el sector privado. No obstante, la agencia sostuvo que la ley es defendible de producirse un reto contra la ley ante el foro de Título III (quiebra).

“Es por eso que defenderemos la validez de esta, por ser parte de la política pública del gobernador Pierluisi de mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores en aras de incentivar mayor participación laboral”, rezan las declaraciones de la Aafaf.

Con las enmiendas, los trabajadores vuelven a tener un periodo probatorio de entre 3 y 6 meses en lugar de 9 meses, reduce de 1,350 horas a entre 700 y 900 horas para cualificar para el bono de Navidad, estudiantes reciben doble paga durante días de descanso, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y se retoman protecciones contra el despido injustificado.

Al anunciar la firma de la ley, el gobernador Pedro Pierluisi indicó que el nuevo ordenamiento hará más atractivo y seguro entrar a la fuerza laboral, y planteó que aumentaría la productividad de los trabajadores. Aun así, anticipó la oposición de la junta y rechazó cualquier argumento de que la ley menoscabará los recaudos del gobierno.

“La posición de la junta no tiene lógica, pues lo que estamos haciendo es mejorando la compensación y los derechos de nuestra clase trabajadora en momentos en que hay escasez de empleados en sectores claves de nuestra economía, como la construcción y el turismo”, sostuvo Pierluisi.

A juicio del experto en la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés), Rolando Emmanuelli, los puntos que hizo el gobernador sobre los beneficios de la ley son acertados, pero el estimado de impacto económico que tiene que entregar a la junta fiscal debe detallar los beneficios de la medida. Uno de los señalamientos que hizo el Primer Circuito sobre los estimados de impacto fue que el gobierno no había cumplido cabalmente con la junta al entregar estimados de impacto que se limitaban a indicar el propósito de la ley y a certificar que la ley “no tiene impacto alguno sobre los recaudos”.

“Las decisiones de la junta en cuanto a estos temas, antes era absoluta. La jueza (Laura Taylor Swain) le puso un freno diciendo que si son arbitrarias y caprichosas se pueden modificar o revocar, y eso es lo que tendría que probar el gobierno en esa certificación. Que la postura de la junta no tiene base en la economía y que es arbitraria y caprichosa. Así se pueden defender, aun dentro de los confines de la ley, y ahí crean una controversia que la jueza tiene que escuchar prueba pericial, pero no pueden hacer una chapucería en las certificaciones. Ese error no lo pueden volver a cometer”, declaró.

Fuente: El Vocero

‍