BAYAMÓN – El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia subrayó ayer la necesidad de que la Junta de Control Fiscal (JCF) enfile todos sus esfuerzos en lograr presentar un Plan de Ajuste de Deuda (PAD) preliminar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para el 1 de diciembre, fecha límite impuesta por la jueza federal Laura Taylor Swain.

El primer ejecutivo destacó que esta propuesta es necesaria para estabilizar las finanzas de la corporación pública, por lo que ha sido política pública de su administración realizar “todo lo que esté a nuestro alcance para reestructurar la deuda’’.

“Desde mi punto de vista, la Junta tiene que dar la milla extra con todo su equipo de trabajo y nuestro apoyo para que ese plan se someta y sea uno sostenible y razonable”, sentenció Pierluisi Urrutia a preguntas de EL VOCERO sobre la incertidumbre con el cumplimiento de esa fecha que planteó el abogado de la junta fiscal, Martin Bienenstock, ante la magistrada federal durante una vista ómnibus celebrada el miércoles para atender varios asuntos pendientes en el proceso de quiebra de la corporación pública bajo el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).

Bienenstock indicó en corte que “entregar un plan con consenso será difícil y tal vez no ocurra para el 1 de diciembre”, lo que provocó que Swain le advirtiera que “de no cumplir, cualquier reacción estará sobre la mesa”.

Graves consecuencias

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, advirtió que un incumplimiento de la JCF en presentar un PAD ante la jueza federal en la fecha establecida tendría graves consecuencias.

“Hemos sido consistentes en cuanto a que nos exponemos a una desestimación del proceso de quiebra”, señaló el funcionario, quien recordó que esto ha sido un alivio para el gobierno de Puerto Rico, ya que mantiene paralizados todos los procesos relacionados con los acreedores.

En caso de que Swain opte por desestimar el proceso, la AEE quedaría expuesta a la posibilidad de la imposición de un síndico, ya que la Ley Orgánica de la corporación pública viabiliza la obligatoriedad en caso de que un 25% de los tenedores de los bonistas así lo soliciten.

“Las escrituras que se le entregan a los acreedores también le dan una garantía para poder solicitar un aumento de la tarifa para cubrir el servicio de la deuda que estamos estimando en seis a ocho centavos”, agregó Marrero Díaz.

Asimismo, el director ejecutivo advirtió que cualquier retraso en la presentación de un PAD también tendrá repercusiones en el proceso de reconstrucción del sistema eléctrico y en el otorgamiento de fondos federales para esos fines.

“Si no se saca a la AEE del proceso de restructuración, se afecta el financiamiento de toda la inversión”, sostuvo Marrero Díaz, quien fue más allá y aseguró que también la violación a los requisitos de la jueza Swain podrían perjudicar la transformación del sistema eléctrico a uno mayormente basado en energía solar.

Mientras, el director de la división legal de Aafaf, Julian Bayne, confirmó que en octubre no se tuvieron reuniones de mediación relacionadas con el caso de quiebra de la corporación pública.

“Nuestro equipo está disponible para cualquier pregunta que tengan en su momento los jueces del equipo de mediación. Recibimos solicitudes de información, pero no había una sesión como tal ni reunión de trabajo para ver cómo se mueven las discusiones”, añadió.

Fuente: El Vocero

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