El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, aseguró que el pueblo de Puerto Rico se ahorrará un 96% de la deuda de la Corporación para el Financiamiento Público (CFP), la cual asciende a más de $1,500 millones, una vez se complete el proceso de Título VI de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, en inglés).

De acuerdo con el funcionario, el proceso entró ayer en una etapa crucial al iniciar la solicitud de votos para obtener la aprobación de los acreedores de la Modificación Calificada de la deuda. Se requiere el favor de dos tercios de los tenedores de los bonos que, en su mayoría, se encuentran en manos de instituciones financieras internacionales.

“Esto es el resultado de extensas negociaciones y la disposición de llegar a un acuerdo. La prioridad de Aafaf es culminar todas las reestructuraciones lo más rápido posible, no solamente las grandes como la del gobierno central, carreteras, edificios públicos y energía eléctrica, sino también otras que, aunque menores, son importantes para seguir limpiando lo que es el estado de situación de Puerto Rico”, comentó Marrero Díaz.

El funcionario explicó que la deuda fue producto de la emisión de bonos que eran pagaderos exclusivamente por asignaciones legislativas, por lo que representaban un alto grado de riesgo para acreedores al no tener una fuente de repago específica o un impuesto gravado a estos.

En lo que se efectúa la votación, Aafaf comenzó a presentar documentos relacionados al proceso de Título VI ante el tribunal federal, donde ya hay una vista ómnibus señalada para el 14 de diciembre.

“Una vez aprobado por el tribunal, se descarga al gobierno de todas las obligaciones emitidas por la entidad, por lo que estamos satisfechos con la transacción alcanzada”, recalcó.

La contraprestación nueva que realizará el gobierno estatal por concepto de esta deuda será un pago único de $13.8 millones en efectivo y otras consideraciones que incluyen bonos que van a ser emitidos por la Autoridad para la Recuperación de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento por un valor nominal de $47 millones en los términos y condiciones establecidos en la Modificación Calificada.

Marrero Díaz anticipó que el proceso deberá ser completado para el primer trimestre de 2023.

Por otro lado, el directivo explicó que la modificación calificada involucra la reestructuración de los bonos series 2011A –y series 2011B.

“Los bonos participantes son pagaderos exclusivamente de pagos de principal e intereses de ciertos pagarés emitidos por ciertas agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, cuyos pagarés son, a su vez, pagaderos exclusivamente de apropiaciones presupuestarias, si alguna, hechas por la Asamblea Legislativa”, abundó.

De concretarse la reestructuración, sería la más reciente completada por Aafaf, que durante el transcurso del 2022 también completó los procesos relacionados a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC) y la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Recientemente, la jueza federal Laura Taylor Swain aprobó el plan para reestructurar $6,000 millones de deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación.

“Los resultados son claros. La realidad es que ha habido una reducción significativa de la deuda y el estado de situación del País se ve mucho más limpio, al punto que hemos podido incrementar el salario a empleados públicos, separar un poquito de dinero adicional para el retiro de los policías y tener un fondo de emergencias”, destacó.

Marrero Díaz reiteró que a lo largo del proceso, el gobierno ha podido simplificar su crédito, ya que en el pasado tenía sobre 11 emisores de bonos.

“Estamos satisfechos con la transacción, ya que los términos de la modificación calificada son cónsonos con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y la recuperación económica de la Isla. Esto representa un paso significativo en la reestructuración de la antigua deuda del Gobierno de Puerto Rico y marca otro hito en el camino de regreso a los mercados de capital para Puerto Rico”, concluyó.

Fuente: El Vocero

‍