Mientras no avanzan los proyectos de energía renovable a gran escala, la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) lanzó una solicitud de cualificaciones con miras a construir una nueva generatriz que opere con gas natural o hidrógeno.

La convocatoria tiene como telón de fondo la autorización del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), regulador que el pasado 24 agosto, modificó el Plan Integrado de Recursos (PIR) e instruyó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a fortalecer su capacidad generatriz ante la inconsistencia del suministro eléctrico.

“A medida que avanzamos en la transformación y modernización del sistema energético de Puerto Rico, esta APP apoya los esfuerzos continuos para fortalecer la confiabilidad de la generación de energía en la isla”, indicó el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés Gómez, en declaraciones escritas.

La empresa que sea seleccionada suscribirá un contrato de largo plazo con la AEE bajo el modelo de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento (DBOM, en inglés) para la unidad generatriz.

En la jerga técnica, este modelo de concesión o privatización supone que la empresa seleccionada tendrá que diseñar, gestionar los permisos, construir y posteriormente, operar y mantener el activo de infraestructura a construirse.

La AAPP lanzó la convocatoria formalmente el pasado 1 de marzo y los interesados en presentar sus calificaciones tienen hasta el próximo 10 de abril para así hacerlo.

¿Por qué se construirá una nueva planta?

A pesar de que la AEE cuenta con una flota generatriz con sobre 5,000 megavatios (MV) de capacidad de generación, un estudio del operador de la red eléctrica, LUMA Energy concluyó que la infraestructura actual no es capaz de proveer electricidad de manera consistente.

Según el análisis de LUMA, realizado a petición del regulador energético, en el año fiscal en curso y ante el estado de la flota generatriz, Puerto Rico podría quedar sin electricidad por un tiempo equivalente a casi 9 días al año. La cifra es 88 veces más alta que la referencia en utilidades similares a la AEE. La referencia en ese sector es de 1 día de pérdida de carga estimada -LOLE, en inglés- cada 10 años.

Pero a su vez, la convocatoria responde al proceso de transformación del mercado eléctrico, que busca transferir a intereses privados, las responsabilidades de desarrollo y operación de la infraestructura, aun cuando la AEE conserve la titularidad de los activos.

Como parte de ese proceso, la red eléctrica fue transferida a LUMA y Genera PR, propiedad de la gasífera New Fortress Energy, se encuentra en un proceso de transición para operar la flota generatriz de la AEE y promover su eventual desmantelamiento.

¿Qué busca el gobierno?

De acuerdo con el documento de solicitud de cualificaciones, la empresa que gane el concurso tendrá que desarrollar una generatriz de ciclo combinado con una capacidad aproximada de 300MV. La unidad a construirse podría operar con combustibles como el crudo o gas natural e hidrógeno.

El proyecto debe tener capacidad de arranque propio o “black start”, es decir que no necesite recibir energía de otra lugar en caso de que se produzca un apagón o interrupción generalizado del servicio, así como la infraestructura para conectarse a la red eléctrica.

El RFQ establece además que los operadores de la red eléctrica y la flota generatriz -entiéndase LUMA y Genera PR- no podrán competir en el proceso, pero no excluye expresamente a las empresas o entidades dueñas de ambos operadores o sus filiales.

Las empresas interesadas serán evaluadas a la luz de diversos criterios como experiencia y su capacidad para levantar financiamiento.

Según el documento, que representa la primera etapa del proceso de APP de licitación, las entidades interesadas en obtener clarificaciones adicionales al RFQ tienen hasta el 27 de marzo para presentar sus inquietudes a la AAPP.

La AAPP emitiría notificaría las empresas cualificadas en o una fecha cercana al 17 de mayo de 2023.

Aunque la AAPP divulga las empresas seleccionadas, el proceso de licitación de APP en Puerto Rico perdió varios de los elementos de transparencia que le caracterizaban, luego de que el exgobernador Ricardo Rosselló firmara la Ley 29.

Gracias a dicho estatuto, la AAPP mantiene bajo confidencialidad aspectos cruciales de la evaluación y negociación. En consecuencia, la transacción que deja en manos privadas la gestión de bienes públicos no está disponible para el escrutinio ciudadano y tampoco la entidad contratante y mucho menos, se evalúa la conveniencia públicamente la conveniencia de la APP hasta consumado el contrato entre la agencia de gobierno que otorga la APP y la empresa ganadora.

Fuente: El Nuevo Día

‍