El gobernador Pedro Pierluisi aseguró que su gobierno no detendrá la implementación de la reforma laboral, a pesar de las advertencias de la Junta de Control Fiscal.

El organismo regulador notificó al gobierno que tiene hasta el 4 de agosto para suspender voluntariamente la implementación de la Ley 41, conocida como la reforma laboral. De lo contrario, la junta advirtió que acudiría a los tribunales.

“Acabamos de recibir esa comunicación. Como ya le habíamos informado a la junta, ya suplimos toda la información requerida, tanto bajo la ley Promesa (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) como por la propia junta. Nuestra intención es que se implementen estas enmiendas y sobre la marcha veremos su impacto”, sentenció el mandatario ayer en conferencia de prensa.

Sobre la posibilidad de que la junta acuda a los tribunales para paralizar esta legislación, el gobernante afirmó que “pueden hacerlo si así lo estiman”.

“Lo prudente y razonable es implementar las enmiendas y ver el comportamiento de la economía. La economía está sólida. Queremos que aumente la participación laboral y que sigamos viendo un mayor número de empleados. Sobre la marcha, la Legislatura puede retomar el tema”, expresó.

“No tenemos ninguna evidencia del impacto negativo para una ley como esta. No existe estudio económico que corrobore que este tipo de cambios tendrá un impacto negativo o que proveerle un tiempo de descanso a la clase trabajadora sería negativo. Yo discrepo de eso. La Asamblea Legislativa aprobó la medida y yo la firmé. Queremos ver qué sucede a nivel macroeconómico en un periodo razonable”, agregó Pierluisi.

En una carta enviada al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, la junta advirtió que continuarán las conversaciones sobre la reforma, que se convirtió en ley en junio.

“La junta es consciente de la urgencia de este asunto y de la necesidad de estabilidad en el mercado laboral privado. En consecuencia, si el gobierno tiene una opinión diferente a la del economista de la junta fiscal o el gobierno posee algún informe económico sobre la Ley 41, por favor, proporcione dicho informe a la junta a más tardar el jueves 4 de agosto”, expone la misiva.

El ente reiteró que sigue “profundamente preocupado” porque el gobernador firmó la Ley 41 en violación de algunas disposiciones de la ley Promesa.

“Le rogamos que nos comunique la respuesta a la propuesta de una orden de consentimiento que suspenda la Ley 41 a más tardar el 4 de agosto. Si el gobernador no coopera, deja a la junta con una única opción que usted identificó, a saber, una acción para anular la Ley 41”, añadieron en la carta enviada al titular de la Aafaf.

Ya la junta fiscal había ordenado suspender la implementación de esta legislación que provee algunos beneficios laborales para los empleados del sector privado. El próximo paso de la junta fue entonces poner el 4 de agosto como fecha límite para que el gobierno de Pierluisi se retracte de implementar esta ley.

Tras las expresiones de ayer del mandatario, el ente regulador se limitó a mencionar que la misma carta enviada al gobierno indica el curso a seguir si es que el Ejecutivo continúa con la implementación del estatuto.

La Ley 41 de 2022, que enmienda la Ley 4-2017 de Transformación y Flexibilidad Laboral, es objetada por los representantes de los patronos del sector privado. Su implementación, por ejemplo, los obliga a restituirles a los trabajadores un periodo probatorio de entre tres y seis meses, en lugar de nueve meses.

También reduce de 1,350 horas a entre 700 y 900 horas el tiempo trabajado para cualificar para el bono de Navidad. En el caso de los estudiantes que trabajen, sostiene que estos puedan recibir paga doble si laboran durante sus días de descanso.

Igualmente, aumenta la acumulación de licencia por vacaciones y retoma protecciones contra el despido injustificado.

Justifican devolución de fondos

Por otra parte, el primer ejecutivo justificó que su gobierno tuviera que devolver $85.2 millones de los $325 millones que se recibieron el año pasado para el Programa para Asistencia para la Renta. Esta iniciativa se supone que ofrezca ayuda para el pago de atrasos en la renta, así como los pagos de agua y luz que estén retrasados.

“El gobierno nos asignó una cantidad a base de unas proyecciones de necesidad, pero la necesidad se ha atendido. Fueron 95,000 personas que solicitaron y, de esas, 65,642 fueron elegibles. Se han desembolsado $194.8 millones y el programa continúa”, afirmó el gobernador al indicar que la Isla recibió una asignación adicional de $300 millones para el pago de estas cuentas atrasadas y que el dinero debe usarse antes del 30 de septiembre.

Pierluisi recordó que este programa beneficia a las personas que residen en viviendas alquiladas y que vivan bajo los niveles de pobreza.

“En Puerto Rico, la inmensa mayoría de las viviendas que tenemos, la gente es dueña de su propia vivienda. Tenemos viviendas en residenciales públicos y esas no aplican al programa. Los que reciben el apoyo de Sección 8, no aplican. Esto es para los que arriendan privado y están atrás en el pago de la renta, el agua o la luz”, sentenció el mandatario.

Fuente: El Vocero

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