El gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) regresan hoy a la mesa de negociación con la expectativa de lograr un nuevo acuerdo con ciertos grupos de acreedores de Puerto Rico, reveló ayer el ex director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz.

Y cuando Marrero y su equipo se conecten hoy al proceso de mediación que encabezará la jueza Bárbara Houser, lo hará teniendo en mente la nueva directriz que ha recibido del gobernador electo, Pedro Pierluisi: completar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico tan pronto como sea posible y conseguir que dicho acuerdo descanse en la realidad de una economía marcada por el coronavirus y que busca ponerse sobre sus pies luego de tres desastres naturales.

“La instrucción es clara: salir de la quiebra lo más pronto posible”, dijo Marrero en su primera entrevista tras ser renominado por Pierluisi a la dirección ejecutiva de Aafaf.

“El gobernador (electo) ha sido enfático en la necesidad de revisitar el plan fiscal y, por ende, el plan de ajuste”, agregó el abogado.

Acto seguido, Marrero reveló que el gobierno buscará renegociar el acuerdo con ciertos bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) e incluso, de ser necesario, considerar otra estructura para llegar a un entendido con estos.

“Si hubiera la certeza de la Ley 154 y de los fondos de Medicaid, pudiésemos ver un plan fiscal más positivo, pero este plan supone que se logrará el 100% de ejecución con una serie de reformas y sabemos que todo eso cuenta con riesgos, en especial ahora, que tendremos una legislatura diversa con posiciones que reconciliar”, indicó Marrero.

Ayer, tras ser renominado por Pierluisi, Marrero explicó a El Nuevo Día que decidió permanecer en el cargo para completar la reestructuración de las finanzas públicas. Ello, a su vez, facilitaría el proceso de reconstrucción de Puerto Rico luego de la devastación causada por el huracán María y más recientemente, por la secuencia sísmica de principios de año.

Marrero ve su tarea engranada con las demás iniciativas de crecimiento económico que impulsará la administración entrante y que van desde encontrar una solución al arbitrio que pagan las foráneas y allegar fondos de Medicaid de manera predecible hasta impulsar nuevas estrategias de crecimiento económico, incluyendo poner a correr los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico.

“Eso no quiere decir tampoco que si se lograran esos recursos (con Medicaid y la Ley 154), que todo ese dinero estará disponible para incluirlo en el sobrante para los bonistas porque hay unas condiciones y compromisos que habrá que cumplir”, manifestó Marrero.

Lo alcanzado

De acuerdo con el abogado, es imperativo que Puerto Rico aproveche la ley federal Promesa, estatuto que catalogó como “una bendición”.

De no haber sido por la ley federal, dijo Marrero, Puerto Rico no habría tenido el respiro que ha supuesto la paralización automática de litigios y mucho menos, la oportunidad de contener el gasto público logrando ahorros por $1,000 millones, recursos que ahora hacen factible el pago de pensiones, por ejemplo.

Pero según Marrero, aunque se trata de una ley imperfecta, el mayor acierto ha sido conseguir un recorte de un 11% en lo adeudado a los bonistas. En dólares y centavos, Puerto Rico ha conseguido una reducción de unos $23,000 millones en sus obligaciones de deuda, se indicó.

Tal ahorro se obtuvo en la reestructuración de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y obligaciones en la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, sostuvo Marrero.

En ese sentido, Marrero sostuvo que si bien el gobierno y la JSF han sido criticados por el uso de cerca de $800 millones de fondos públicos en asesores y abogados, con el recorte en la deuda pública que se ha obtenido a la fecha, Puerto Rico ha recuperado tal inversión.

Fuente: El Nuevo Día

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