Sin que el proceso de descubrimiento de prueba haya avanzado lo suficiente, durante los primeros tres días de la vista de confirmación del Plan de Ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica (PDA-AEE) ha quedado claro que los bonistas opositores no desistirán en su empeño de descarrilar el plan de pagos propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Y si la jueza Laura Taylor Swain solo tuviera que considerar los testimonios de ciudadanos, el plan que busca recortar las obligaciones de la AEE en 75% sería rechazado.

A continuación, un resumen de los puntos más sobresalientes en los primeros tres días de la audiencia de confirmación de la modificación de deuda de la corporación pública bajo el Título III de la ley federal Promesa.

DÍA 1: ES HORA DE CONTINUAR ADELANTE

Los abogados de la JSF aseguraron a la jueza a cargo del proceso de bancarrota de Puerto Rico que el PDA-AEE cuenta con el apoyo de seis clases de acreedores y la propuesta es la alternativa con el menor impacto a los abonados de la corporación pública al tiempo que permitirá la reconstrucción del sistema eléctrico.

Los abogados de las partes que endosan el PDA-AEE, entre ellos, el grupo mayoritario de bonistas encabezado por Blackrock (MAHG, en inglés) indicaron a la jueza que el plan en la mesa descansa en un cargo legado que no ofrece muchas garantías de recobro. Sin embargo, es necesario poner fin al proceso de quiebra.

“Después de 10 años sin recibir pagos y siete años ante este tribunal es hora de seguir adelante”, dijo el abogado Andrew Rosenberg.

El gobierno, por su parte, en la voz del abogado Peter Friedman subrayó que la confirmación del PDA-AEE es necesaria para evitar un caos legal y operacional en la AEE.

“Puerto Rico no debe regresar a la oscuridad”, dijo Friedman estableciendo una analogía entre los meses en que la isla quedó a oscuras en el 2017 -cuando colapsó la red eléctrica por causa del huracán María- y el caos legal y financiero que habría si no se confirma el PDA-AEE.

“Son marionetas”, expresó, por su parte, Sean F. O’Shea, abogado de la aseguradora municipal Assured Guaranty, haciendo referencia a los asesores de la JSF que habrían gestado las proyecciones y supuestos de los planes fiscales de la AEE y el plan de pagos en la mesa.

DÍA 2: UN “DEMONIO” DE 35 AÑOS

Un día después de tales argumentos sobre una docena de ciudadanos, entre ellos, la senadora Ana Irma Lassén, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, Cecille Blondet y la analista Cathy Kunkel, del Instituto de Análisis Financiero y Económico de Energía, indicaron a la jueza que los hogares y empresas en Puerto Rico no pueden con el cargo legado y que antes de pagar a los acreedores, es necesario asegurar el buen funcionamiento del sistema eléctrico.

Empresarios como la vicepresidenta del Centro Unido de Detallistas indicaron que el cargo legado supondría unos $4,400 más en su factura de electricidad mensual.

Mientras, el presidente de la Asociación de Detallistas, Ramón Ortiz Erazo, sostuvo que los comercios pasarán el alza que representa el cargo legado a los consumidores, lo que encarecerá el costo de vida, afectándoles por partida doble: con una factura eléctrica más alta en sus hogares y precios más altos en todos los bienes y servicios.

Ciudadanos como el jubilado Luis Rafael López Colón pidieron a la jueza Swain rechazar el PDA-AEE porque el cargo legado es como “un demonio de 35 años” o porque concede derechos que antes no tenían los bonistas como alegó Freddyson Martínez.

Swain agradeció la participación de los ciudadanos y sus deseos de sabiduría, al indicar que necesitará de tal virtud para desempeñar su labor.

DÍA 3: EL DINERO FEDERAL NO DARÁ PARA RECONSTRUIR EL SISTEMA

La ingeniero que junto a otros asesores recomendó al gobierno contratar a LUMA Energy y Genera PR como operadores de la red eléctrica y la flota generatriz de la AEE dijo en corte abierta que la asignación histórica federal para reconstruir el sistema eléctrico no será suficiente.

Aún sin el cargo legado, Ellen S. Smith anticipó que, sin acciones concretas, Puerto Rico se expone a pagar más por el servicio eléctrico y a más interrupciones, a menos que se tomen medidas concretas.

También admitió que ambos operadores no avanzan tanto como se quisiera en estabilizar el sistema.

Mientras, el presidente de la JSF, David Skeel justificó la decisión del organismo de utilizar la mediana de ingreso de los hogares en Puerto Rico para determinar qué cargo legado pueden pagar los abonados en lugar de considerar lo que pagan comercios e industrias y que el pago de la factura de electricidad no puede exceder el 6% del ingreso de los hogares.

Skeel aseguró que las ofertas que aceptaron varios acreedores se hicieron a otros como los bonistas opositores, quienes decidieron preservar sus derechos y litigar.

Fuente: El Nuevo Día

‍