La depresión económica que, desde 2006, se experimenta en Puerto Rico ha disminuido en, al menos, un 21% la capacidad adquisitiva del gobierno, que para el próximo año fiscal buscará echar un poco a un lado la austeridad ante la estrepitosa caída de la economía con la pandemia del COVID-19.

El esquema de ingresos y gastos impulsados, tanto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como la gobernadora Wanda Vázquez Garced, implica el presupuesto más cuantioso para Puerto Rico desde principio de década, cuando el país todavía tenía acceso a los mercados de valores y la chequera del Departamento de Hacienda se cuadraba con préstamos.

Ayer, ni La Fortaleza ni la JSF habían explicado con detalle sus respectivas propuestas presupuestarias, las cuales difieren por menos de $200 millones, reconoció recientemente Natalie Jaresko, la directora ejecutiva del organismo que -por disposición congresional- determina en qué se usan las contribuciones de los puertorriqueños.

Por un lado, la situación tiene un alto potencial de generar insuficiencias de fondos que desencadenen nuevos problemas fiscales. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) estima que la economía de Puerto Rico se contraerá hasta un 7.4% (producto nacional bruto) en el próximo año fiscal, lo que provocará una reducción en ingresos gubernamentales en momentos en que habrá una escalada en el gasto.

Por otro lado, el incrementado gasto gubernamental, reiterado anteayer durante el mensaje de presupuesto y de situación del país de la gobernadora ante la Legislatura, ayudaría a contener el impacto de la pandemia del COVID-19 en una economía deteriorada por la prolongada depresión que no parece tener fin y que, poco a poco, corroe la capacidad económica del gobierno.

“El impacto de la cuarentena sobre los recaudos del gobierno me parece que no se está contemplando aquí. La Aafaf dice que la economía caerá en más de 7%. Sería la caída más grande desde que se mide la economía en 1950. ¿Cómo es posible que si la economía va a colapsar vamos a tener más recaudos para este nivel de gastos? Eso tienen que explicarlo bien”, dijo el economista José Caraballo Cueto, al recalcar la necesidad mantener presupuestos balanceados.

En teoría, la salida real a esta encerrona fiscal es mejorando la economía con aumentos en la producción local y la exportación de bienes y servicios. Sin embargo, el jueves, durante el mensaje de la gobernadora, no se anunció programa alguno que intente enderezar el entuerto económico, salvo por un incentivo no recurrente para agricultores y la esperanza que trae una medida en el Congreso que busca extender beneficios a las empresas farmacéuticas que se establezcan en la isla.

“La gobernadora hablaba de mejorar la exportación, pero no vi ni un programa para fomentar la exportación. No hubo nada ni para enseñarles a los empresarios a exportar y abrirse mercados. Me preocupa que buenas ideas no se lleven a cabo. Puerto Rico tiene un potencial de exportación que no se está aprovechando”, dijo Caraballo Cueto.

Según el también economista José Alameda, el problema de revivir un incentivo federal para atraer manufactura a Puerto Rico es que vuelve a crear una dependencia en beneficios que los puertorriqueños no controlan puesto que esas decisiones se toman en el Congreso de Estados Unidos.

Coincidió con Caraballo Cueto en la capacidad de exportación poco aprovechada por los empresarios locales, e indicó que un mejor modelo económico no se debe basar en incentivos federales, sino en el fortalecimiento del capital local con miras a la exportación.

Caraballo Cueto estimó, por su parte, que estos incentivos podrían ser positivos si se diseñan de modo que la actividad manufacturera esté encadenada a los comercios y las empresas locales.

Llueve sobre mojado

En lo que se encuentran respuestas a la disyuntiva económica, que ayer no figuraba en el debate entre las ramas Ejecutiva y Legislativa, los servicios gubernamentales cada vez son más sofocados por la caída en los recaudos que hasta hace poco eran subsanados con malavares contributivos y fiscales.

Un análisis sobre la capacidad adquisitiva del gobierno hecho por El Nuevo Día reflejó que, aun cuando se apruebe un aumento en los gastos gubernamentales, el presupuesto consolidado (que incluye a las agencias, corporaciones públicas y demás dependencias gubernamentales) tendría una capacidad adquisitiva 21% menor a la que tuvo en 2005, el último de bonanza económica. En el análisis, se examinaron ajustes en las cuantías basadas tanto en el Índice de Precios al Consumidor como las tasas de inflación que publica el Negociado Federal de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Si se conjuga la población en la ecuación también muestra una baja significativa. Según Alameda, el presupuesto per cápita real se redujo en 6.3% entre 2010 y 2019.

Dramática austeridad laboral

Una buena parte de esa reducción se reflejó en la nómina gubernamental. El dinero invertido por elgobierno en ese renglón se ha reducido en un 24% desde 2005, y eso es sin tomar en cuenta el efecto inflacionario en década y media. Cuando se computa ese factor se puede afirmar que la capacidad adquisitiva del dinero que ha invertido el gobierno en nómina se ha reducido en 44% durante ese período.

Bonanza en los servicios profesionales

Ocurre lo opuesto en los servicios profesionales que contrata el gobierno. Según datos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el gobierno ha triplicado (+198%) lo que gasta en este renglón.

“Lo que se ha hecho es que, en la medida en que reduces nómina, tienes la justificación de que no tienes personal para atender los asuntos del gobierno y acudes entonces a servicios profesionales, máxime porque así tienes la excusa perfecta para darle una recompensa económica a quien te ayudó en la campaña electoral”, dijo el experto en administración pública Mario Negrón Portillo.

“Hay una tendencia a subcontratar los servicios que hacían los empleados que se botan del gobierno”, añadió, por su parte, Alameda, al examinar los datos.

Alameda indicó que, si la economía de Puerto Rico se hubiese mantenido en una estructura de crecimiento, el presupuesto relativo al fondo general estaría rondando en la actualidad los $17,145 millones y el consolidado, $47,388 millones.

“Aquí el problema no ha sido la inflación. La tasa ha ido mayormente entre 2% y 1%, pero cuando no logras ajustar tus ingresos a la inflación por muchos años, pues la capacidad de compra termina siendo, por mucho menor, por ese efecto prolongado”, puntualizó Alameda.

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