El Senado aprobó en la noche de hoy, miércoles, con 19 votos, el proyecto que crea la ley habilitadora del Plan de Ajuste de Deuda (PAD).

Votaron a favor todos los miembros de la delegación popular y los penepés Thomas Rivera Schatz, Migdalia Padilla, Carmelo Ríos, Keren Riquelme, Marissa Jiménez, Wanda Soto y Nitza Morán.

Mientras, los senadores que emitieron su voto en contra fueron: José Vargas Vidot, Joanne Rodríguez Veve, María de Lourdes Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Rafael Bernabe, William Villafañe, Henry Neumann y Gregorio Matías.

Como la medida fue aprobada con enmiendas, irá nuevamente a la Cámara de Representantes, donde se espera que el cuerpo legislativo concurra con las enmiendas en una sesión pautada para la mañana del viernes.

El debate de esta noche se llevó a cabo con las gradas a mitad de capacidad luego de que el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, así lo determinó al ampararse en que se tenía que guardar distanciamiento por el COVID-19. La decisión fue avalada en una votación por las delegaciones del Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad.

El Proyecto de la Cámara 1003 autoriza el intercambio de nuevos bonos valorados en $7,400 millones y una especie de pronto pago a los bonistas de $7,000 millones y $8,700 millones en bonos bajo los Instrumentos de Valor Contingente (IVC) cuyos pagos están condicionados a ingresos por el impuesto al ron y a métricas del Impuesto de Ventas y Uso.

El analista Daniel Santamaría Ots, de Espacios Abiertos, ha dicho que ese llamado pronto pago podría ascender hasta $10,000 en los próximos años. El pago de la deuda anual, al sumar los nuevos bonos y el pago de Cofina, ascendería a $1,150 millones. Tomándose en cuenta el pago de las pensiones, el desembolso anual aumentaría a $3,109 millones para acreedores. Ese pago de las pensiones se comenzó a sufragar del Fondo General cuando Puerto Rico cayó en la quiebra.

Detractores de la legislación han indicado que los propios números de la Junta de Supervisión Fiscal señalan que el gobierno regresará a déficit en el 2036 y el pago de la deuda, ya garantizada, se tendría que honrar a expensas del pago a servicios esenciales.

Según los propulsores de la medida, el proyecto contiene múltiples cláusulas que tienen el efecto de impedir el recorte a las pensiones de 8.5% que impulsa el ente federal impuesto por el Congreso. En síntesis, el lenguaje de la medida dispone que, si la JSF pretende impulsar esos recortes en el PAD la totalidad de la nueva ley, incluyendo la autorización de nuevos bonos, se invalidaría.

Con las enmiendas del Senado se incluyeron una serie de objetivos que también tendrían que cumplirse para que se autorice la nueva deuda. Por ejemplo, fijar en $500 millones la asignación anual a la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante un periodo de cinco años, congelar los recortes dispuestos por el plan fiscal de la institución universitaria del país y crear un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias.

De la misma forma, la medida contempla evitar el recorte del 50% de la aportación del gobierno central a los planes médicos de los empleados gubernamentales establecido en el plan fiscal, crear mediante legislación futura el llamado Fondo Especial para la Igualdad Social y comisionar un estudio valorado en $1 millón para evaluar la posibilidad de crear un plan de salud universal, dándole cubierta médica a 225,000 personas que no la tienen actualmente.

La presidenta interina de la UPR, Mayra Olavarría Cruz, había solicitado más temprano en una vista al Senado que se subiera el límite a $650 millones.

“Las Transacciones de Reestructuración de deuda autorizadas mediante la presente Ley están totalmente sujetas y condicionadas a que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) enmiende su Plan Fiscal”, lee la medida.

Al defender la medida en el hemiciclo, el presidente del Senado sostuvo que el país se encuentra en una crisis porque así se legisló. Además, criticó a la oposición por desaprobar la medida original desde antes de ser radicada, insistió en que el proyecto de ley impide recortes a las pensiones, sostuvo que es parte del plan para sacar a la JSF y advirtió sobre el peligro de que le toque a la jueza Laura Taylor Swain la reestructuración de la deuda sin legislación aprobada.

“Explíquenle al país las consecuencias”, dijo al referirse al discurso de rechazar el PAD y describir como populismo los llamados a no pagar la deuda o reclamar que es ilegal.

“No estoy defendiendo aquí ni las malas decisiones, ni a la JSF ni al gobierno de Puerto Rico. Estamos debatiendo un proyecto de la Cámara… estamos aquí porque legislamos en el pasado muchas enmiendas a las principales leyes de retiro”, dijo el líder senatorial. “Se dijo que había que legislar para hacerle justicia a los retirados, pero no se legisló de dónde vendrían los fondos al referirse al Bono de Navidad, Bono de Medicamentos, entre otros asuntos como programas de retiro temprano”.

Por otro lado, Dalmau Santiago minimizó los reclamos sobre el peligro de que no haya dinero para pagar la deuda al comparar el escenario con firmar una hipoteca en que tampoco hay certeza de que pagará en su totalidad.

“Hay cero recortes a las pensiones y no hay consenso. Para unos, nunca será suficiente”, dijo.

El senador independiente Vargas Vidot, al referirse a las enmiendas en sala, las describió como una “tarjeta de Navidad” y un “cuento de hadas”, por lo que solicitó que fueran eliminadas. Su moción a esos efectos no fue favorecida. Describió el proyecto como “un engaño a los pensionados, un engaño al país y sobre todo es una sentencia de muerte para Puerto Rico”.

“Las condiciones impuestas están atadas a que la JSF enmiende el Plan Fiscal. La Junta tiene el poder bajo Promesa para enmendar el plan fiscal, no el tribunal”, dijo Vargas Vidot. “Sus condiciones no valen nada para (detener) la emisión de bonos y la jueza puede obviar las condiciones”, señaló.

Además, subrayó que no habrá dinero para cumplir con las aspiraciones del Senado.

“Están a favor de todo lo demás”, agregó al referirse al intercambio de bonos y la voluntad de, como dijo, “embrollar” al país, garantizando una segunda quiebra.

Vargas Vidot advirtió que la Legislatura tiene prisa para aprobar un proyecto cuando las vistas en el Tribunal de Quiebras para la confirmación del acuerdo son en noviembre.

El senador popular Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, insistió en que no habrá recortes a las pensiones y que el pago de la deuda es $3,119 millones (incluyendo el pago de las pensiones).

“De esos $3,119, ya se pagan $2,700 millones”, dijo al referirse a las pensiones y Cofina. “Ya la economía está absorbiendo eso”.

Zaragoza proclamó que, si la JSF no enmienda el PAD, él sería el primero en estar dispuesto a derogar la ley.

El senador popular Ramón Ruiz Nieves también consumió un turno a favor del proyecto.

El portavoz penepé, Rivera Schatz, el único senador que utilizó el atril para dirigirse al pleno, señaló a todos los senadores que no son “azules ni rojos” por no presentar alternativas.

Rivera Schatz sostuvo que la pregunta que todos debían hacerse era si seguirían “quejándose” y sostuvo que el proyecto de ley protege las pensiones.

“Ningún proyecto será perfecto ni resolverá de forma absoluta los problemas de Puerto Rico, pero hay la diferencia entre los que hablan y hablan y no hacen nada y los que se ocupan por hacer”, dijo al validar la tranquilla en el proyecto que supuestamente impide el recorte de las pensiones.

“No las pueden tocar”, dijo.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago sostuvo que el fin de una quiebra, que es permitirle al deudor pagar la deuda dentro de sus capacidades, no se concretará con el proyecto. También, acusó a la JSF de no impugnar $6,000 millones de deuda ilegal emitida entre el 2012 y el 2014 y describió como “objetivos y metas” los lineamientos incluidos por el Senado en el proyecto. Señaló que ni la Legislatura puede forzar a la JSF a enmendar su plan fiscal.

“La JSF desistió”, sostuvo Santiago sobre la impugnación de deuda “ilegal” mientras acusaba a bancos, incluyendo a locales como Banco Popular, de lucrarse de la deuda “ilegal”. “Hace falta que se señalen a los responsables de un ejercicio financiero que nos empujó al precipicio”.

Santiago indicó que el pago de la deuda será insostenible, que un pago anual sería entre $400 y $600 millones y con el PC 1003 se pasa a $1,100 millones.

“Hay quien dice que esta emisión de bonos, comparado con la puñalada de Cofina, solo tendrá un impacto residual”, dijo, al describir la emisión de $7,400 como el último clavo en el ataúd del país.

“Este proyecto es la condena a la pobreza de los que todavía trabajan para el pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Al expresarse en contra de la medida, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Bernabe, indicó que las enmiendas introducidas en lo que concierne a la garantía de las pensiones, el plan universal de salud y el presupuesto de la UPR son loables, pero que, precisamente, esos objetivos deberían llevar al Senado a rechazar el PAD.

“Estamos enmendando para garantizar cosas que deben estar en el proyecto, no como enmiendas, y sin la emisión de bonos”, dijo Bernabe. “En la medida en que aprobamos la emisión de bonos, impedimos alcanzar esos objetivos. Queremos emitir los bonos y garantizar una serie de cosas, pero cuando emitimos los bonos y el bonista lo tiene estamos obligados a pagarlo. Si conseguimos o no dinero para la UPR o para salud, es no es problema del bonista”, dijo.

“No se debe emitir bonos hasta que no se tenga un PAD sostenible”, agregó el senador de primer turno.

La senadora de MVC, Rivera Lassén, también tuvo un turno en contra de la medida y, entre otras cosas, sostuvo que si no se aprobara el proyecto se forzaría una negociación adicional con la JSF.

“Hablar de poner condiciones y emitir (autorizar) bonos lo que hace es lo contrario”, sostuvo Rivera Lassén, al rechazar que, contrario a lo que han promulgado los defensores de la medida, el lenguaje de la Legislatura no garantiza que se pueda ligar la autorización de nuevos bonos a que se protejan las pensiones.

“Esta es la receta de austeridad para el futuro de Puerto Rico”, afirmó.

Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, advirtió que los bonistas recibirían el 75% de su inversión, incluyendo más de $6,000 millones de las arcas del gobierno, igualmente $7,400 en emisiones de bonos. “El 75% del repago es el mínimo porque si sumamos en contingencia por los ingresos sobre lo proyectado estaríamos pagando $200 millones adicionales”, dijo al referirse a los IVC.

“El PAD realmente no representa una reducción signficativa del principal”, dijo. “Vamos a pagar una deuda bajo condiciones de quiebra, aunque el panorama económico haya cambiado”.

El senador penepé Matías indicó que no favorecía el proyecto, ya que no reconoce “la autoridad” de la JSF, pero aceptó que las enmiendas del proyecto protegen las pensiones.

“Lo que están haciendo los compañeros de la mayoría y algunos compañeros de la delegación estadista es buscando que a ningún pensionado se le haga una rebaja en la pensión”, dijo, por su parte, Matías, para luego acusar a lo que llamó “los izquierdosos” de pretender engañar a los pensionados señalándoles que los legisladores quieren aprobar una medida que reduce las pensiones.

“Es una mentira”, dijo Matías. “Cualquier rebaja en las pensiones va a dejar sin efecto esto”, dijo, mientras sostenía la medida en las manos.

El senador penepé Neumann sí hizo alusión a las pensiones y señaló que no hay lenguaje en el proyecto que le convenza de que las pensiones de los retirados estarían protegidas. También acusó a la Legislatura de hacerle el juego a la JSF.

“Como está el proyecto, mi voto no lo tiene. Mi voto está basado en que si hay cualquier oportunidad para que se afecten las pensiones de los jubilados, no me importa lo demás que tenga el proyecto”, dijo. “No confío ni en la Junta, ni en el tribunal, ni en la Legislatura de Estados Unidos… tenemos proyectos y hacen lo que les conviene y no creo en atender un proyecto que apruebe cualquier tipo de intervención”.

A continuación, los elementos más importantes de la medida:

1) Autoriza el intercambio de nuevos bonos valorados en $7,400 millones y autoriza igualmente una especie de pronto pago a los bonistas de $7,000 millones. El analista Daniel Santamaría Ots, de Espacios Abiertos, indicó que ese llamado pronto pago podría ascender hasta $10,000 en los próximos años.

2) El pago de la deuda anual, al sumar los nuevos bonos y el pago de Cofina, ascendería a $1,150 millones. Al sumar el pago de las pensiones el pago anual aumentaría a $3,109 millones. Ese pago de las pensiones se comenzó a sufragar del Fondo General cuando Puerto Rico cayó en la quiebra.

3) Según los propulsores de la medida, el proyecto contiene múltiples cláusulas que tienen el efecto de impedir el recorte a las pensiones de 8.5% que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). En síntesis, el lenguaje de la medida dispone que si la JSF pretende impulsar esos recortes en el PAD la totalidad de la nueva ley, incluyendo la autorización de nuevos bonos, se desintegraría.

4) El proyecto le devuelve a la Legislatura ciertas facultades perdidas al momento de la confección de presupuestos, planes fiscales y autorización de nueve deuda.

5) La medida libera alrededor de $62 millones para los municipios. Ese dinero se utilizaba para bonos de Obligaciones Generales pero en la medida en que se recorta la deuda del país de $33,00 millones a $14,400 (incluyendo el pronto pago de $7,000 millones) también se recortaría la aportación de los ayuntamientos al pago de la deuda.

6) Con enmiendas del Senado, se incluyeron una serie de objetivos que también tienen que cumplirse para que se autorice la nueva deuda. Por ejemplo, fijar en $500 millones la asignación anual a la Universidad de Puerto Rico (UPR) durante un periodo de cinco años, congelar los recortes dispuestos por el plan fiscal de la UPR y crear un Fondo Fiduciario de Becas Universitarias. De la misma forma, la medida contempla evitar el recorte del 50% de la aportación del gobierno central a los planes médicos de los empleados gubernamentales establecido en el plan fiscal, crear mediante legislación futura el llamado Fondo Especial para la Igualdad Social y comisionar un estudio valorado en $1 millón para evaluar la posibilidad de crear un plan de salud universal, dándole cubierta médica a 225,000 personas que no la tienen actualmente.

7) Además, crea el Fondo de Inversión Estratégico para el Desarrollo Económico, valorado en $300 millones a repartirse en cinco años. El fondo se dividiría en tres segmentos: cerrar la brecha de habilidades básicas de trabajadores, programas de capitalización para pequeñas empresas y un programa de crecimiento empresarial.

Fuente: El Nuevo Día

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