Todos los empleados docentes y no docentes del Departamento de Educación que laboraron desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 recibirán un incentivo de $1,500 trimestral.
El primer desembolso, a estos empleados que laboran a tiempo completo, está programado para el próximo 15 de noviembre, anunció hoy, domingo, el gobernador Pedro Pierluisi y el secretario de la agencia, Eliezer Ramos Parés.
El pago cubrirá desde julio de 2022 hasta junio de 2023, para un total de cuatro trimestres. El incentivo no constituye un aumento fijo al salario del personal.
“Los empleados docentes y no docentes demostraron su compromiso en momentos de pandemia, dando prioridad a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Ese esfuerzo de estos funcionarios logró que tuviéramos clases presenciales con las medidas de salubridad y seguridad necesarias para garantizar el bienestar de los estudiantes”, indicó el mandatario del país en declaraciones escritas a la prensa.
Asimismo, destacó la labor de los empleados para atender el rezago académico del estudiantado.
“Con este incentivo, que será un total de $6,000 por empleado al culminar el año fiscal, estamos reconociendo ese arduo trabajo, y procurando que continúen ese esfuerzo a favor de nuestros menores”, sostuvo Pierluisi.
El dinero para este desembolso proviene de fondos federales de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES ACT, por sus siglas en inglés), disponibles para reconocer la asistencia, productividad y el alto desempeño de los funcionarios públicos que han trabajado en beneficio de lograr las clases presenciales en el sistema educativo y atender el rezago académico.
Por su parte, Ramos Parés explicó que consideran empleados a tiempo completo a quienes laboran bajo las categorías de nombramientos regulares, probatorios, transitorios, empleados por jornada parcial (jornada de cinco horas en adelante) y empleados irregulares (jornada de cinco horas en adelante).
“Es importante hacer énfasis en que esto será un beneficio que está sujeto al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por la agencia, tales como cumplir con la asistencia y evaluaciones de productividad, entre otros elementos a considerar. Periódicamente, evaluaremos la efectividad de la iniciativa, por si fuera necesario hacer cambios a los requisitos. Al ser un incentivo por un tiempo determinado, no se trata del reconocimiento de un derecho adquirido de los empleados que se beneficiarán del mismo, sino un estímulo para continuar realizando el trabajo con eficiencia y excelencia”, añadió.
El gobierno aclaró en el comunicado de prensa que los empleados de la Autoridad Escolar de Alimentos se benefician de una iniciativa separada que ya está en vigor.
Actualmente, el Departamento de Educación utiliza $193.5 millones de fondos del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para la reparación y remozamiento de escuelas. Al momento, unas 336 escuelas con columnas cortas han sido reparadas, 87 están en reparación y tres en proceso de subasta.
Fuente: El Nuevo Día
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