Si eres uno de los miles de empleados públicos cobijados por la Ley 8 del 2017 que aguarda por la puesta en vigor del plan de clasificación y retribución del gobierno central, verifica tu cuenta bancaria si acostumbras recibir tu sueldo de manera electrónica porque ya el Departamento de Hacienda comenzó el desembolso del nuevo salario que recibirás, si te aplica.

Así lo informó este lunes la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina.

“Sí, ya entraron (los pagos). Los que tienen depósito directo es posible que el viernes pasado lo hayan visto reflejado (en sus cuentas). (Y los demás), los que cobran por cheque, sería ahora el martes (mañana)”, indicó Maldonado Molina.

Aproximadamente, unos 11,000 empleados públicos del gobierno central recibirán un alza salarial retroactivo al 1 de enero como parte del plan de clasificación y retribución que trabajó la administración de Pedro Pierluisi con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). El ente federal a cargo de las finanzas de la isla destinó $99 millones en el presupuesto vigente para cumplir con este iniciativa y con el pago retroactivo se desembolsaron aproximadamente $14.6 millones, preciso Maldonado Molina.

El plan contempla 25 nuevas escalas salariales para empleados del gobierno central cobijados bajo la Ley 8 del 2017 conocida también como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. El estatuto incluye a todas las agencias del gobierno central, excluyendo al Departamento de Educación, el Instituto de Ciencias Forenses y las agencias fiscalizadoras, como la Oficina del Contralor o la Oficina del Contralor Electoral. En total, la reingeniería del gobierno impacta a 22,000 empleados públicos.

No obstante, un 48% de los 22,000 impactados no recibirá alza salarial como parte del nuevo plan porque ya cuentan con un salario adecuado y competitivo con el mercado laboral, ha dicho Maldonado. Por ende, son alrededor de 11,000 los que verán impactos en su remuneración económica.

“El plan de clasificación y retribución ya está implementado. Ya los empleados que recibían un ajuste lo deben haber visto reflejado en su pago de nómina. Ya las agencias pueden reclutar bajo las nuevas escalas así que eso va a hacer más atractivo el reclutamiento y que más personas quieran trabajar en el gobierno”, señaló Maldonado Molina, cuya agencia ahora se encargará de atemperar reglamentos en las agencias.

Con el nuevo plan, el sueldo mínimo anual para un empleado del gobierno central, cobijado por la Ley 8 de 2017, aumentará de $16,088 a $19,800 cuando entre en vigor por completo el nuevo plan de clasificación y retribución, el cual establecerá unas escalas salariales que colocarán el pago promedio en $10.15 por hora, según ha dicho Maldonado Molina.

“Puedo decir que había 3,000 empleados que estaban por debajo de los $10.15 que, como mínimo, si les toca la escala uno pues estarían recibiendo ese ajuste de $8.25 la hora a $10.15 la hora como mínimo. El trabajador social estaba antes el básico en $1,300 (mensual) y ahora en $2,850 mensual. Otro ejemplo, el técnico de asistencia social y familiar estaba en $1,200 (mensuales y ahora está en $1,900. El abogado estaba alrededor de tres mil y pico de dólares y ahora está en $4,600 (mensuales). El inspector de asuntos del consumidor, que estaba en el mínimo, en $1,341 ahora es $2,200 (mensuales). El agrónomo estaba en $1,600 redondeados y ahora está $2,750 (al mes)”, explicó la directora de la OATRH.

Maldonado Molina indicó que todo empleado público que no esté satisfecho con la clasificación y/o la escala salarial en el que fue ubicado puede hacer una reclamación en su agencia de gobierno. Los trabajadores gubernamentales comenzaron a recibir desde la semana pasada las notificaciones sobre los cambios en su estatus de empleo.

“Tienen derecho a solicitar revisión ante la propia agencia en la que pertenecen y dan servicio. La carta les advierte de ese derecho que tienen todos ellos. Si la agencia no les contesta o si la respuesta de la agencia no les satisface, también pueden presentar su reclamo ante la Comisión Apelativa de Servicio Público”, apuntó la funcionaria.

Respecto a las advertencias que han hecho jefes de agencias del gobierno central no cobijadas por la Ley 8-2017 sobre el temor de que las escalas salariales del plan de clasificación y retribución sean mayor a las compensaciones económicas que ellos ofrecen y esto provoque el éxodo masivo de empleados a otras agencias, Maldonado Molina dijo que esas agencias “tienen la discreción de establecer y promulgar sus propios planes de clasificación y retribución, según el presupuesto que tengan asignados”.

La Oficina del Contralor Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones y la Oficina de Ética Gubernamental, entre otras agencias, están solicitando a la JSF mayor presupuesto ya sea para reclutar más empleados o atemperar el salario de sus empleados al nuevo plan de clasificación y retribución.

“Todas las entidades gubernamentales tiene el deber de actualizarse y de que sus planes de clasifición y retribución reflejen la realidad de Puerto Rico al día de hoy”, apuntó Maldonado Molina.

El Departamento de Educación, aunque no está cobijado por la Ley 8-2017, comenzó por iniciativa de la agencia con el aval del gobierno y de la JSF, un plan piloto para insertarse en el plan de clasificación y retribución. Pero esto no incluye a los maestros del sistema público de enseñanza sino a los empleados con trabajo administrativos.

Fuente: El Nuevo Día

‍