El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Luis Ferrao Delgado, aseguró a EL VOCERO que se encuentra en “conversación cordial y clara” sobre las acciones que son requeridas por la Junta de Control Fiscal (JCF) como condición para la autorización de una partida de $102 millones provenientes de las arcas del gobierno central dentro del presupuesto del próximo año fiscal.

“Muchas de estas acciones están enmarcadas en el plan estratégico y se van a hacer, pero son unas 30 acciones que no se pueden implementar en su totalidad ahora. Ya estamos cumpliendo con cuatro de ellas durante este año académico y lo que estamos proponiendo es encaminar otras ocho en el próximo”, explicó Ferrao Delgado.

En la proyección de los ingresos con los que cuenta hasta el momento la UPR para el año fiscal 2024-2025, el ente federal incluyó dentro del dinero del erario una partida de $500,884,000 y dejó la puerta abierta para discutir con la UPR “oportunidades para aumentar los fondos durante el desarrollo del presupuesto”.

En un vídeo publicado el pasado sábado, la JCF sostuvo que “la UPR está trabajando con la Junta de Supervisión en fijar metas para el próximo año fiscal, dirigidas a apoyar el desarrollo económico y atender necesidades críticas de los estudiantes, la facultad y la infraestructura”.

Sin embargo, Ferrao Delgado advirtió que, aunque hay espacio para el consenso entre las partes, muchas de las acciones que está exigiendo el ente federal pudieran tener implicaciones académicas, por lo que tendrán que ser consultadas con la comunidad universitaria.

“Aquí hay senados académicos en cada uno de los recintos y también tenemos una Junta Universitaria que debe ser consultada. No podemos llegar y decir ‘esto es lo que todos vamos a hacer’, porque se trata de una comunidad y debe haber un diálogo”, sostuvo el presidente universitario.

Por otro lado, Ferrao Delgado reconoció que algunas de las acciones ya implementadas eran necesarias para mejorar el funcionamiento del sistema de la UPR como fue el caso de la implementación de lo que denominó como “servicios compartidos”.

“En vez de tener una oficina, por ejemplo, de finanzas en cada recinto, el servicio se consolidó en una para todos y tengo que decir que ha sido beneficioso, ya que agilizó procesos como la entrega de estados auditados”, abundó.

En ese sentido, la JCF vaticinó que la institución educativa tendría acceso a los $102 millones adicionales si alcanza las metas acordadas, tal y “como lo hizo este año”.

“La UPR demostró compromiso al desarrollar modelos de negocio e implementar planes para aumentar la matrícula al mejorar los servicios ofrecidos a los estudiantes y sus servicios académicos, así como al llevar a cabo esfuerzos para operar con mayor eficacia”, sostuvo el ente federal.

Por su parte, Ferrao Delgado señaló que no será hasta el 28 de junio que se anuncie si la UPR obtendrá la totalidad de la petición presupuestaria que presentó ante la Legislatura y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que totaliza $773 millones.

“Estamos dialogando todo el tiempo. Estamos en una conversación cordial y clara. Estamos hablando en términos claros y con la mejor intención, partiendo de la realidad de que hay una Ley Promesa y no podemos obviar esa realidad”, reiteró.

Al detalle el uso de la partida adicional

Por su parte, el director de la Oficina de Presupuesto de la administración central de la UPR, Wilson Crespo Valentín, explicó a EL VOCERO que los $102 millones autorizados el pasado año por encima de la partida de $500 millones a la que la universidad tiene derecho como parte de la ley que viabilizó el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) del gobierno central ha sido esencial para sufragar costos operacionales, incluyendo mano de obra.

“Alrededor de $5 millones fueron destinados a pagar el aumento del salario de $9.50 y otros ocho millones fueron utilizados para el pago de un bono no recurrente a los empleados de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend)”, abundó Crespo Valentín.

Según el funcionario, otros $43 millones fueron destinados al funcionamiento y operación del sistema universitario.

“Del dinero que nos queda, tenemos comprometida una partida de $28 para obras de infraestructura”, agregó Crespo Valentín.

Fuente: El Vocero