Tras una reunión que catalogaron productiva con los asesores de la Junta de Control Fiscal, los presidentes de la Federación de Alcaldes y de la Asociación de Alcaldes informaron que hay apertura para mantener el Fondo de Equiparación financiado con una aportación de $88 millones del gobierno central por dos años más.

Además de la extensión de tiempo, el entendido que los alcaldes federados y asociados alcanzaron con los asesores del ente fiscal -y cuyos miembros evaluarán este viernes- incluye el compromiso de los municipios que más dependen del fondo, a ejecutar una reingeniería de operaciones para reducir costos y conseguir recaudos adicionales. El fondo se nutre de las remesas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para asistir en las necesidades de los municipios.

“Le informamos que estamos avalando el presupuesto aprobado por la Cámara de Representantes, donde contempla estas aportaciones a sobre 30 municipios que se podrían ver inoperantes si no se aprueban los $88 millones”, aseveró el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez.

El pasado martes, la Cámara aprobó el presupuesto para el próximo año fiscal, reteniendo la propuesta del gobernador Pedro Pierluisi para aportar $88 millones al Fondo de Equiparación para el próximo año fiscal, que comienza el primero de julio. Ese presupuesto, a diferencia de la versión de la junta, también provee para que el gobierno central vuelva a asumir el pago de las aportaciones municipales a la Administración de Seguros de Salud (ASES) cuyo costo anual este año asciende a $123 millones.

Tanto Hernández Rodríguez como su homólogo en la Asociación, Luis Hernández Ortiz, se expresaron esperanzados de que el mensaje que llevaron a los asesores de la junta conduzca a los integrantes del ente fiscal a reconsiderar su visión filosófica de que los municipios deben ser autosuficientes en sus recaudos, sin depender financieramente en aportaciones del gobierno central.

“Nos encontramos también en la recuperación de nuestras ciudades, trabajando con muchos fondos federales para la recuperación de nuestros pueblos. Es imposible que estos municipios puedan levantar su economía y trabajar con la recuperación en una crisis económica”, planteó Hernández Ortiz.

Añadió que entre las ideas que propusieron a la junta fiscal a cambio de la moratoria de dos años en la eliminación del Fondo de Equiparación está la consolidación de funciones municipales, reestructurar operaciones y adelantar iniciativas para mitigar la merma de ingresos en los municipios más vulnerables.

Por su parte, el gobernador se solidarizó con las posturas de los alcaldes y aseguró que junto a la Legislatura forman un frente unido para convencer al ente fiscal de mantener el Fondo de Equiparación y asignar al gobierno central las aportaciones de los municipios a ASES.

“Estamos hablando de no seguir reduciendo el Fondo de Equiparación y estamos hablando de no requerirle a los municipios hacer una aportación al Plan Vital, que es un plan estatal y eso le corresponde al gobierno central sufragar su costo. Aquí estamos todos, excepto la junta, en la misma posición”, declaró Pierluisi el lunes.

Según el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, de los 30 municipios más vulnerables, al menos la mitad enfrentarían escollos económicos a partir del 1 de julio, mientras que los restantes podrían verse perjudicados a partir del año fiscal 2023-2024. El ejecutivo municipal de Bayamón, Ramón Luis Rivera, indicó que los municipios más vulnerables son: Adjuntas, Aguas Buenas, Barranquitas, Ciales, Comerío, Florida, Guánica, Jayuya, Las Marías, Loíza, Maricao, Maunabo, Naranjito, Orocovis, Quebradillas y Utuado.

Riesgo de perder $1,500 millones en fondos federales

El alcalde de Bayamón también trajo a colación el riesgo de una pérdida mayor de fondos federales para la reconstrucción que los municipios han gestionado ante la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Rivera advirtió que si un municipio queda inoperante por tener un presupuesto insuficiente, no solamente se afectarían estos fondos, cuyo total fue estimado en $1,500 millones, sino que también perderían fondos para programas esenciales, como Head Start.

En el caso de Head Start, advirtió que los municipios quedarían desprovistos del servicio por hasta dos años, en lo que el Departamento de Salud federal evalúa propuestas de instituciones sin fines de lucro que puedan asumir esa operación.

Continuará diálogo con alcaldes

Entretanto, en una declaración escrita, la Junta Fiscal afirmó que “continuará su diálogo con los municipios sobre los principales retos a los que se enfrentan y trabajará para cumplir su mandato bajo Promesa para ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal”.

Ampliaron que la reunión del lunes fue manejada con el director de Asuntos Municipales de la junta, Germán Ojeda, quien escuchó las preocupaciones de los alcaldes federados y asociados y discutieron la estructura actual de las finanzas municipales y cómo alcanzar estabilidad fiscal.

“La estabilidad y sostenibilidad financiera es crucial para que los municipios puedan proporcionar los servicios que los residentes necesitan y merecen. La Junta de Supervisión ha estado apoyando los municipios de Puerto Rico para ayudar a mejorar la responsabilidad fiscal mediante un gasto más eficiente, el desarrollo económico y la maximización de los fondos federales”, reza el escrito.

Fuente: El Vocero

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