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Con aproximadamente $30,000 millones asignados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) todavía pendientes de desembolso, el saliente director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), Eduardo Soria Rivera, acentuó la necesidad de continuar el modelo de trabajo que, por los pasados 18 meses, implantó en la dependencia, así como el enfoque establecido junto a los subrecipientes de priorizar los proyectos que incidan directamente en el desarrollo económico de los municipios o regiones.

“Te garantizo que, en los próximos meses, esto va a continuar (porque) ya hay una estructura. Hay un montón de cosas corriendo y, si no cambian la fórmula, si no cambian la cultura y lo que estamos haciendo, esto va a fluir”, sostuvo Soria Rivera, quien prevé retener un rol en el gobierno como asesor de La Fortaleza, una vez se materialice su salida el 30 de junio.

De momento, la transición en la dependencia encargada de evaluar y tramitar los proyectos sufragados con fondos de FEMA quedará en manos de la subdirectora María Marín, quien permanecerá como jefa interina, tal cual anunció la gobernadora Jenniffer González. Marín ha fungido como subdirectora desde febrero de 2025 y, desde 2023, también sirve como principal oficial de Infraestructura y Operaciones del COR3.

Soria Rivera dio crédito a Marín por asistirlo en su propia transición cuando González lo nombró a la jefatura del COR3, al describir a la contable como una persona “más que preparada” para asumir las riendas de la agencia. Sin embargo, brindó deferencia a la gobernadora en torno a la designación de un jefe en propiedad.

“Creo que la estrategia de la gobernadora es ir con calma, y lo entiendo. No es que (Marín) no tenga los méritos, sino que (González) quiere ir con calma. Ella tiene la capacidad, el compromiso, la seriedad y la profundidad en el tema (de la reconstrucción). Pero hay otras cosas. La gobernadora me conoce a mí hace 15 años, pero a María Marín la conoce hace uno. Entiendo que es una cuestión de confianza normal, y creo que es prudente. En cierto sentido, también le quita un peso, porque María Marín no sabía que esto (la renuncia) iba a pasar hasta hace dos semanas”, dijo el abogado y contador público autorizado.

Trabas a nivel federal

La incumbencia de Soria Rivera en el COR3 coincidió con la inestabilidad exhibida en FEMA y su agencia matriz, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), por el pasado año y medio, así como los cambios de políticas durante la segunda presidencia de Donald Trump. En ese período, FEMA no ha contado con un administrador en propiedad, al tiempo que la primera secretaria del DHS, Kristi Noem –destituida en marzo de este año–, ordenó que todos los desembolsos en exceso de $100,000, incluidos los vinculados a proyectos de reconstrucción, pasaran por su escritorio.

A su vez, el DHS y FEMA estuvieron meses operando con personal limitado ante las pugnas presupuestarias a nivel federal que giraban, sobre todo, en torno a las políticas migratorias de Trump.

En Puerto Rico, el coordinador interino de FEMA para la Reconstrucción, Andrés García Martinó, fue despedido en febrero, cuando Noem aún lideraba el DHS, pero fue restituido en mayo.

Soria Rivera considera, no obstante, que el proceso de reconstrucción en Puerto Rico consiguió avances.

“Se ha logrado ver la reconstrucción como parte del desarrollo económico. Antes, se veía la reconstrucción como una cosa aislada, una obra de infraestructura que no estaba atada a nadie, simplemente un edificio. Ahora, hasta en FEMA, lo vemos como qué hacer primero que sea más productivo y tenga más costoefectividad. Se está viendo más estratégicamente. Se está pensando cómo construyo más rápido para sacar provecho a la infraestructura”, dijo, al aludir al desarrollo de proyectos en Ponce.

“Se atendió (el aeropuerto) Mercedita y, como se quiere que los cruceros lleguen a Ponce, se está atendiendo el puerto de Ponce. Se están atendiendo las facilidades deportivas y recreacionales. Se están dando inversiones para el futuro y, orgánicamente, con la visión de la alcaldesa (Marlese Sifre), se está preparando para que, en unos años, sea un centro de turismo. Eso no se da en el vacío”, abundó.

En el caso de la infraestructura municipal, señaló que ese acercamiento se observa en relación con las carreteras, por el impacto que los accesos tienen, por ejemplo, sobre el costo de la mercancía que adquieren los comerciantes.

“Los alcaldes también se han dado cuenta de que, si empujan los proyectos grandes, pues, tienen los arbitrios (a corto plazo). Obviamente, hay unas necesidades sociales que las entendemos, como los espacios recreativos y centros de envejecientes, que también es importante, pero se sopesa todo. Porque, si haces todo lo que tiene que ver con facilidades deportivas al principio, dejas al desarrollo económico atrás”, comentó, al subrayar que, en última instancia, son los subrecipientes –agencias, municipios y corporaciones públicas– quienes determinan sus prioridades.

Según Soria Rivera, la inestabilidad y los cierres parciales de FEMA trastocaron el avance, sobre todo, de los proyectos en etapa de formulación –que aún no cuentan con fondos comprometidos–, por lo que los esfuerzos del COR3 se concentraron en promover la ejecución de obras con dinero asignado.

“Es una realidad que perjudicaron. Si eso no hubiese pasado, estaríamos mucho mejor, pero también mitigamos mucho, tanto FEMA como nosotros. FEMA no podía comunicarse con los subrecipientes, pero FEMA trabajó. Capitalizamos en lo que podíamos hacer”, planteó.

“Una parte la va a pagar el Estado”

Del lado estatal, Soria Rivera advirtió que existe un cuello de botella en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), particularmente, en cuanto a la aprobación de contratos o enmiendas a los acuerdos para proyectos en ejecución. De igual forma, estimó que, en adelante, el gobierno necesitará entre $200 millones y $500 millones en caja para asegurar los pareos de 10% que los subrecipientes deben aportar a los costos de proyectos, así como suplementar aquellas obras cuya asignación de FEMA resulte insuficiente, un nivel de liquidez que la JSF tendría que autorizar.

“Hay unas cosas que son (causadas por) el huracán María u otros desastres y otras que no. Si no es por un desastre, FEMA no lo va a atender. Si tengo una carretera que se dañó un 30% en María, y ahora el daño es 50%, ese 20% (de diferencia) no lo va a pagar FEMA, aunque vaya de rodillas a Washington. Tienen que entender que hay una parte que la va a pagar el Estado”, enfatizó, al señalar que tampoco es práctico que la JSF tarde “dos o tres meses” analizando una enmienda contractual requerida para completar un proyecto, escenario que actualmente ocurre con unas mejoras a las grúas del puerto de Ponce. “El tiempo cambia los costos”, puntualizó.

Soria Rivera reconoció que, aunque el COR3 ha incrementado su personal interno, urge continuar reduciendo la dependencia en contratistas externos para asistir a los subrecipientes en las gestiones de formulación y auditoría de proyectos, un señalamiento que recientemente levantó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge González Otero. Hasta mayo, el COR3 tenía una plantilla de 314 empleados, 22% más que los 258 que había en enero de 2025.

Hasta marzo de 2026 –mes cubierto por el último informe trimestral del COR3–, de más de 30,000 daños identificados en los desastres registrados desde 2017, se habían completado 5,851 proyectos, valorados en $1,400 millones. La diferencia más grande, al trazar la comparativa con diciembre de 2024, se registra en el renglón de proyectos en construcción, donde ha habido un aumento de 4,334 obras estimadas en $5,000 millones a 5,524 por $9,300 millones.

Sugiere cargo a largo plazo

Desde el rol que anticipa asumir en La Fortaleza por algunos meses, Soria Rivera prevé tener la oportunidad de asistir en el desarrollo de estrategias para incrementar la “capacidad” del sector de la construcción para abarcar el incremento en el volumen de proyectos de mayor costo, lo que principalmente depende del alcance que la banca esté dispuesta a asegurar por medio de fianzas de cumplimiento.

A lo largo de los próximos 12 meses, dijo, el Departamento de Educación debe completar las obligaciones de fondos para reparar o reconstruir más de 300 planteles, incrementando la demanda de la industria. Otros proyectos, como el reemplazo de las bombas de control de inundaciones del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, estimado en más de $500 millones, también avanzará a fase de ejecución y, junto a los de infraestructura eléctrica y agua, estarán entre los últimos en completarse, en un período que Soria Rivera calcula que se extenderá de ocho a 10 años adicionales.

Al trabajar de la mano de González mediante un contrato sin paga, para el que aún aguarda por una consulta ante la Oficina de Ética Gubernamental, Soria Rivera espera poder impulsar las gestiones del Comité de Reconstrucción, un grupo que la mandataria creó en 2025, por orden ejecutiva, para reemplazar el antiguo Concilio de Reconstrucción del exgobernador Pedro Pierluisi.

Según Soria Rivera, a través del comité, es posible integrar a dependencias como el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de la Vivienda y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), que considera que ha tenido “un rol muy marginal” hasta la fecha.

“Hay proyectos que van a chocar unos con otros, y tenemos que integrarnos más”, acentuó.

Si bien González prometió en campaña eliminar el COR3 y luego sugirió integrar sus funciones a la AFI, Soria Rivera opinó que –independientemente de la ubicación de la dependencia en el organigrama gubernamental– sus funciones deben garantizarse mediante el nombramiento de un funcionario a largo plazo, como ocurre con la Oficina del Contralor o las procuradurías, que tienen términos de 10 años.

En 2020, la entonces gobernadora, Wanda Vázquez Garced, sometió un proyecto de administración con ese propósito, sin que avanzara en la Legislatura. El COR3 existe desde 2017, en virtud de una orden ejecutiva, como una dependencia adscrita a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

“A la reconstrucción, lo más que le hace daño es la incertidumbre. No es FEMA ni el COR3. Es una idea muy personal. He escuchado a la empresa privada que dicen que quisieran que esto fuera más estable”, comentó Soria Rivera, al aclarar que aún no ha conversado con la gobernadora sobre el tema.

FUENTE: El Nuevo Día