El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar J. Marrero Díaz, advirtió que cualquier propuesta para utilizar el dinero recaudado en excedente por el gobierno central para mitigar el impacto del cargo heredado propuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) para el pago de bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), está “totalmente a destiempo e irresponsable”.

El también secretario del Departamento de Estado destacó que todavía existen numerosas interrogantes sobre el cargo que la junta fiscal propuso agregar a la tarifa del servicio eléctrico como parte del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la corporación pública, cuya vista de confirmación apenas culminó este pasado lunes.

“En estos momentos proponer utilizar el excedente del gobierno central solo afecta los mejores intereses de Puerto Rico, porque básicamente estaría reiterando lo que fue un pedido de los bonistas -y que nosotros rechazamos totalmente- de que existe más dinero para ellos”, comentó Marrero Díaz, quien vaticinó que la determinación sobre confirmar o no el plan por la jueza federal Laura Taylor Swain tardará varios meses, por lo que no será hasta el verano que se sabrá si el cargo heredado será una realidad.

El funcionario afirmó que este excedente en recaudos le ha brindado una liquidez económica al gobierno central que ha permitido el pago de reintegros a tiempo a sus contribuyentes y el desembolso de dinero a suplidores, al tiempo que ha evitado recurrir a los mercados de valores para financiar las operaciones gubernamentales, tal y como hicieron administraciones pasadas.

Implementación podría tardar

Por otro lado, Marrero Díaz mencionó que, en caso de que la jueza Swain opte por avalar el PAD, los grupos de acreedores no asegurados y bonistas de la corporación pública que se oponen a su confirmación tendrán remedios legales a su disposición para impugnar la determinación.

“Ellos tienen los remedios para apelar. De hecho, actualmente hay una apelación pendiente, en el Circuito Apelativo de Boston sobre la decisión del gravamen, ya que apelaron la decisión de la jueza Swain en cuanto a que ellos no tienen un gravamen más allá de lo que está en las cuentas del fiduciario. De esa misma manera podrían apelar la decisión en cuanto a la conformación del plan”, aseveró.

De manera similar, el funcionario recordó que, una vez la determinación sea final y firme, habrá un periodo de varios meses para que el acuerdo entre en vigor, tal y como ocurrió con el PAD del gobierno central y el correspondiente a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

“Nosotros siempre hemos sostenido que el objetivo de este proceso es que se logre reducir la deuda de la autoridad a un nivel sostenible, de forma tal que pueda proveer el servicio esencial que le corresponde a un precio asequible ya que, al final del día, se trata de un servicio básico. Por eso hemos insistido en que hay que esperar que el proceso continúe”, recalcó.

Insiste en el rol del Negociado de Energía

En ese sentido, Marrero Díaz aseguró además que uno de los requisitos legales para que la confirmación del PAD se pueda dar es que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) tiene que aprobar lo que sería la tarifa por el servicio eléctrico de la AEE que incluiría el servicio de la deuda, de cerca de $2,500 millones que se pretende recaudar por medio de la imposición del cargo heredado durante un periodo de 35 años.

Sobre la función del NEPR, el director de Aafaf insistió que la dependencia deberá tomar en cuenta múltiples factores a la hora de determinar a ciencia cierta qué medidas se podrán implementar para mitigar el impacto del cargo heredado en los bolsillos de los abonados de la AEE y la economía del País.

“Hay iniciativas que se están trabajando por parte de LUMA (Energy) y Genera PR que podrían generar ahorros a la autoridad. También habrá que tomar en cuenta cómo se está comportando el precio de combustible en ese momento y la compra de energía (por los abonados) para determinar la estructura completa de la tarifa”, mencionó.

“Por eso insistimos en que tiene que ser el negociado (el que) tiene la facultad de alterar esa estructura propuesta por la junta de una manera económica neutral y de forma tal que pueda garantizar los ingresos para cubrir todos sus gastos operacionales, incluyendo el servicio de la deuda, pero que se haga de una manera justa y razonable”, agregó Marrero Díaz.

El funcionario agregó que el proceso de análisis del NEPR conllevará vistas públicas y otros ejercicios, por lo que no será hasta después de estos que “entonces estaremos en posición de poder hablar de distintas alternativas” para mitigar el impacto del cargo heredado.

Fuente: El Vocero

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