Con $540.7 millones de fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario de Mitigación (CDBG-MIT, por sus siglas en inglés), se expandirá y se terminará la construcción de 7.6 kilómetros de la PR-10 desde Arecibo a Ponce, anunció este miércoles el gobernador Pedro Pierluisi.

En conferencia de prensa, el primer ejecutivo reconoció que para emplear esa cantidad de dinero debieron pedirle autorización al Departamento de la Vivienda federal (HUD, por sus siglas en inglés) y pasar por una rigurosa evaluación, que incluyó una declaración de impacto ambiental. Este proyecto es el más grande en lo que concierne a asignación de fondos federales, detalló Pierluisi. La obra, en total, costará $552 millones, lo que no se cubra con el dinero federal se hará con fondos estatales.

“Para conseguir estos fondos completamos una extenso estudio de costo beneficio que justifica que el proyecto es necesario y se reducen los riesgos futuros por ser un proyecto de mitigación. La aprobación de HUD es muestra de la confianza que la agencia federal tiene en la gestión de nuestro gobierno. La PR-10 es un importante conector de norte a sur en nuestra isla que se comenzó en el 1972 y del cual ya más de tres cuartas partes están construidas y en uso. La porción restante se encuentra entre los pueblos de Utuado y Adjuntas”, dijo Pierluisi.

“HUD no provee fondos, en términos generales, para proyectos de carreteras. Esa no es su misión. Lo que sucede aquí es que nosotros, quizás creativamente, como a Puerto Rico se le concedieron $10,000 millones bajo CDBG-DR principalmente para atender el impacto de María desde el punto de vista económico y de infraestructura de vivienda. Y se le proveyó a Puerto Rico $10,000 millones bajo el programa CDBG-MIT para mitigar, es decir, mejorar la infraestructura desde el punto de vista de posibles eventos o desastres futuros pues presentamos este proyecto ante HUD por precisamente el beneficio que tiene desde el punto de vista de mitigación. Usamos -en apoyo de nuestra presentación- lo que sucedió después de María, de que estos pueblos quedaron incomunicados, que se afectó la cadena de suministro de alimentos y de necesidad básica para estas poblaciones”, explicó el gobernador reconociendo que no fue una tarea fácil.

La extensión se divide en cuatro tramos e incluyen la construcción de 20 puentes en la zona montañosa.

Pierluisi precisó que el proyecto beneficiará a 1.3 millones de personas y generará, aproximadamente, 9,720 empleos para los residentes de la zona central, traducidos en 5,400 directos, 3,780 indirectos y 540 inducidos.

Como parte de la conferencia de prensa, William Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda, firmó un acuerdo con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Eileen M. Vega, para concederle $540.7 millones para la obra. Los restantes $11.3 millones provendrán de fondos estatales, apuntó Pierluisi. El Departamento de la Vivienda es el custodio de los fondos CDBG.

La construcción de la expansión conlleva la expropiación de una cantidad de propiedades cercanas al lugar que no fue precisada por el director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Edwin González. Pero aseguró que todas las propiedades eran fincas y no residencias.

El próximo 3 de marzo cierra el proceso para que la ACT reciba propuestas.

“Estimamos que se debe estar adjudicando o seleccionando la mejor propuesta a final de abril o principios de mayo de este mismo año. Una vez se haga la adjudicación, la construcción debe comenzar a fines de agosto o, a más tardar, en el mes de septiembre de este mismo año”, sostuvo el gobernador, quien aseguró que se trata de un proyecto “prioritario”.

Fuente: El Nuevo Día

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