La jueza reservó una hora de la vista para discutir la metodología que determinará los ingresos netos de la corporación pública y no hizo referencia a la nueva propuesta del ente de supervisión para resolver la bancarrota
La jueza Laura Taylor Swain ordenó a la Junta de Control Fiscal (JCF) separar una hora de la agenda de trabajo de la vista ómnibus sobre los procesos bajo el Título III de la Ley Promesa pautada para el miércoles para la discusión sobre la metodología para determinar la cuantía de los ingresos netos generados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En una escueta moción, la togada especificó al ente de supervisión que, dentro de este periodo, deberá reservar 20 minutos para comentarios por parte de la corte y que el resto del tiempo deberá ser distribuido entre las partes.
La discusión deberá concentrarse en el alcance de una potencial determinación en este caso, recalcó Swain sobre la controversia a la que dio paso a mediados del mes de abril al acceder a levantar parcialmente la paralización de los procesos (“stay”, en inglés) del caso de la bancarrota de la corporación pública.
A mediados de mayo, la magistrada Judith Gail Dein presentó a las partes involucradas en el caso un calendario de trabajo como parte de la definición del mecanismo que establecía que el proceso de descubrimiento de evidencia debería ser completado durante el mes de julio, mientras que las deposiciones por parte de expertos deberían ser culminadas en septiembre, de manera que la argumentación oral se lleve a cabo en noviembre.
A mediados del 2024, el Primer Circuito Apelativo de Boston determinó que los bonistas tienen derecho al repago de su reclamación sobre ingresos netos generados por la AEE, lo que frenó el caso de la bancarrota de la AEE luego de que meses antes se llevaran a cabo las vistas de confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) propuesto por la junta fiscal para finiquitar la controversia.
Cabe destacar que, en su orden, la jueza Swain no hizo mención de la propuesta presentada por la JCF para poner fin al caso de la bancarrota que conllevaría un pago en efectivo, la emisión de nuevos bonos o una combinación de ambos, por la suma de $3,000 millones a ser distribuidos entre los bonistas de la AEE que no avalaron el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).
A pesar de que la propuesta equivaldría a una recuperación de aproximadamente el 35% de los $8,500 millones en reclamaciones presentadas en la fecha en que los bonistas que no han consentido a un acuerdo —en comparación con la recuperación de aproximadamente el 19% que se dispone en el presente PAD—, el mediador principal informó a la JCF que los asesores de los bonistas no están recomendando a sus clientes que acepten la oferta debido a que esto presuntamente sería causal de nuevas restricciones dentro de la negociación.
Cabe destacar que varios acreedores, incluyendo los prestamistas de la línea de crédito para el combustible de la AEE y los acreedores no asegurados, aceptaron el PAD por medio del cual la junta fiscal pretende resolver la deuda de sobre $10,000 millones.
Al informar su nueva oferta, el ente de supervisión reveló públicamente su disposición a negociar un instrumento de valor contingente (IVC) basado en los aumentos reales del flujo de caja neto de la AEE derivado de los volúmenes de energía vendidos que superen las proyecciones del Plan Fiscal Certificado de 2025 para la AEE que pagaría a los bonistas un porcentaje negociado del aumento en el flujo de caja si los volúmenes de electricidad superan los volúmenes proyectados y dicho aumento en el flujo de caja supera el flujo de caja proyectado.
Por su parte, la jueza Shelley C. Chapman —quien lidera el equipo de mediación establecido por la corte para liderar las negociaciones entre las partes involucradas en el caso— informó que durante los meses de mayo y junio se destinaron 21 y 28 horas, respectivamente, a mediar asuntos relacionados a la bancarrota.
FUENTE: El Vocero
