A poco más de una semana para que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presente el plan de ajuste (POA, en inglés) enmendado, el gobierno de Wanda Vázquez Garced declaró formalmente ante el tribunal que el reciente acuerdo entre el organismo federal y un grupo de bonistas constitucionales “no contribuye a los mejores intereses” del pueblo del Puerto Rico.

Asimismo, la gobernadora ha señalado a la jueza Laura Taylor Swain que “sin el apoyo del gobierno al acuerdo de reestructuración (PSA, en inglés) y al plan de ajuste enmendado, la receta de recortes negociada por la JSF no podrá convertirse en realidad”.

La oposición formal de la administración de Vázquez Garced a las gestiones de la JSF en favor de un nuevo plan de ajuste ha quedado establecida en una objeción radicada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) este miércoles y en la que estableció como “un asunto de justicia básica” que si los bonistas recibirán mejores términos en sus negociaciones con la JSF, lo mismo debe suceder con los ciudadanos “más vulnerables” de Puerto Rico: sus pensionados.

La moción de la Aafaf se produce justo una semana después de que la JSF destacara como un acierto un nuevo acuerdo revisado entre varios grupos de bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), que desde la perspectiva del organismo fiscal reduciría el pago anual a los bonistas en un 64%, en relación a un pico de $4,200 millones.

A su vez, la moción de la Aafaf parece ser la respuesta de la mandataria al llamado que hace una semana le hizo la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, para que ella y la Legislatura “entendieran el valor” del pacto y la importancia de sacar a Puerto Rico de la bancarrota.

El pacto entre la JSF -que asume el rol del gobierno como deudor en los casos de Título III- fue gestado al interior del proceso de mediación que ordenó la jueza Swain el año pasado.

“La (JSF) ahora busca prematuramente comenzar un proceso de confirmación (del plan) costoso y que consume tiempo en un POA que simplemente no es factible sin el respaldo del gobierno”, reza la moción de la Aafaf, suscrita por John J. Rapisardi y Peter Friedman, integrantes de O’Melveny Myers y principales abogados de la Aafaf en el proceso de reestructuración.

En la objeción, la Aafaf asegura que el gobierno tiene interés en “una solución expedita” para los casos de Título III, pero agrega que “el gobierno se opone a un proceso de confirmación (que sería) costoso y fútil sin el respaldo del gobierno para toda la legislación bajo el POA y sin un plan radicado que todas las partes puedan evaluar”.

La objeción de la Aafaf al pacto impulsado por la JSF con el aval del Equipo de Mediación figura en una lista de sobre dos decenas de mociones de bonistas constitucionales que han escrito a Swain para expresar su apoyo a una moción de grupos organizados de bonistas para que el tribunal deje sin efecto el recurso que la JSF radicó el año pasado para invalidar unos $6,000 millones en GOs y bonos de la AEP.

En el lado opuesto, a través de la Aafaf, Vázquez Garced rechaza el pacto en la JSF al tiempo en que el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) procurar frenar el proceso de confirmación que tomaría su curso a finales de este mes. Una vez, la JSF radique el POA enmendado.

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