El gobierno tiene hasta el lunes para entregar a la Junta de Control Fiscal (JCF) su borrador del presupuesto para el próximo año fiscal, y entre sus prioridades figuran destinar fondos para mejorar las condiciones del sistema de salud, establecer una fórmula para los municipios, absorber los cambios de la propuesta reforma contributiva y garantizar las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, dijeron ayer Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), y Juan Carlos Blanco, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Blanco estuvo reunido ayer por varias horas con el gobernador discutiendo pormenores del documento que se presentará a la junta, y no descartó solicitar una extensión, toda vez que se trabaja al mismo tiempo con el Plan Fiscal que está calendarizado para su certificación el 16 de marzo.
“Estamos en el proceso crítico de establecer ese primer borrador del presupuesto donde no solo aseguremos las operaciones básicas del gobierno, sino que trabajamos mirando las prioridades de política pública que queremos apoyar con recursos y con cuántos recursos podemos apoyarlas”, expresó a su salida de la reunión.
“Tenemos todo lo que se requiere para cumplir con el calendario, pero reconocemos que hay otras cosas pasando… los calendarios siempre están sujetos a revisiones”, agregó.
Para Blanco, la máxima prioridad radica en la salud para asegurar que “la mayor cantidad de recursos posibles lleguen a donde tienen que llegar: al personal médico que da servicio directo a los pacientes”, en particular luego de la aprobación en el Congreso de fondos federales por los próximos 5 años que garantizan una inyección del 76% al sistema Medicare que sufraga el Plan médico Vital para personas de escasos recursos, explicó.
Por ello, el trabajo se concentra en establecer los cálculos entre las aportaciones del gobierno estatal y tener “una industria de salud bien compensada” a la vez que se amplían los servicios a la población.
El equipo técnico también está trabajando en asegurar que se honran el próximo año todos los aumentos que se han concedido como parte de la Reforma de Servicio Público a la vez que se aseguran de que hay fondos suficientes para dar continuidad a las mejoras estructurales y mejoras en eficiencias operacionales, que una vez sigan en funcionamiento, dan paso a “otras oportunidades de seguir expandiendo la oferta del gobierno como patrono”.
Asimismo, es parte de las prioridades un proyecto de tecnología mediante el cual esperan tener toda la información contable, de recursos humanos y presupuesto de todas las agencias en un solo sistema.
“Eso nos dará visibilidad completa. Es una herramienta gerencial importantísima que hace falta para asegurar que continuamos operando de manera eficiente y responsable”, afirmó.
Aunque no dio una cifra sobre la propuesta para el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, sostuvo que la postura del gobierno es que no debe haber más recortes a esa institución.
En una actividad separada, Marrero enfatizó que todavía están trabajando para que en el presupuesto se puedan subvencionar los cambios relacionados a la reforma contributiva que está propuesta y que se estima que tendría un impacto de sobre $500 millones que se dejarían de recibir.
“La reforma contributiva no es un lujo, no es algo arbitrario, no es algo caprichoso. Nosotros entendemos que el obrero del sector privado, el trabajador asalariado, el ‘jamón del sándwich’ tiene que tener un alivio. Estamos hablando de un alivio que se paga, que los estudios económicos que realizamos sostienen que básicamente nos faltaría la mitad y le permitiría a la gente tener más dinero en su bolsillo, así que es una manera para mitigar el impacto de la inflación… y que si en la eventualidad hay un incremento ordenado por la junta en el caso del Plan de Ajuste de (Deuda de la Autoridad de) Energía Eléctrica, precisamente con más razón tenemos que asegurar que la economía y que el contribuyente esté en posición de poder absorberlo”, indicó.
De esa forma, Marrero dejó la puerta abierta para un posible impacto en la factura de la luz cuando se apruebe el Plan de Ajuste de Deuda, aunque el gobernador ha dicho que es prematuro hablar de cifras sobre lo que representará ese impacto.
Blanco, por su lado, no pudo asegurar que haya una partida en el presupuesto para pagar lo que eventualmente sea el servicio de la deuda de la AEE, aunque indicó que es un aspecto que se ha considerado.
En cuanto a los municipios, Marrero dijo que se busca garantizar que tengan sus recursos para poder proveer servicios esenciales. Blanco adelantó que se trabaja en fórmulas específicas en la que se tomará en cuenta la población y los servicios que se están ofreciendo y con eso como base se determinará la cantidad para cada ayuntamiento.
“Entendemos que es un uso eficiente de los recursos del gobierno. Es una manera de mantener a nuestros municipios solventes… y es un mecanismo eficiente de ofrecer servicio directo a la ciudadanía que al final del día es la razón de ser del gobierno”, señaló.
Recortes a ASES
Debido a que desde diciembre el gobierno ya tiene la garantía de una asignación de fondos federales adicionales para el sistema de salud, la JCF pidió en una carta enviada el 28 de febrero que se recorten $249 millones a la Administración de Seguros de Salud (ASES).
“Es una cantidad de dinero tan grande que afecta a una porción bien grande de la población. Tenemos muchas conversaciones con la junta todo el tiempo… y vamos a continuar la conversación en ese contexto, en particular para asegurar que se mantienen los fondos en el sistema de salud con un uso que (tenga) más sentido”, detalló.
La directora ejecutiva de ASES, Edna Marín Ramos, dijo que están “en desacuerdo con la decisión”de la JCF.
“A solo horas de haber recibido la carta, ASES, junto con el componente fiscal de la Rama Ejecutiva, nos reunimos de emergencia con la JCF, para dejarles saber que ese presupuesto es necesario para poder continuar brindando los servicios a los más de 1.3 millones de beneficiarios del Plan Vital. Continuamos en conversaciones continuas con la JCF para lograr resolver este asunto”, señaló por medio de declaraciones escritas.
Adelantada la Cámara
Por otro lado, Blanco calificó como “un acto prematuro” que ayer mismo la Cámara de Representantes haya presentado su propio presupuesto para el próximo año fiscal. A su juicio se trató de convertir en resolución o proyecto los lineamientos que esbozó la JCF en una carta enviada a todas las partes el 14 de febrero.
“No he podido verla en detalle… ellos tiene la prerrogativa de radicar la resolución conjunta según ellos entiendan, pero a mí me parece que es algo a destiempo, habiendo un calendario establecido por la Junta de Supervisión Fiscal trabajando nosotros en el presupuesto”, dijo.
No obstante, aseguró que aspira a que se pueda seguir trabajando en consenso para lograr un presupuesto balanceado y que la junta lo apruebe.
Fuente: El Vocero
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