Los daños ocasionados por los terremotos que afectaron sobre una veintena de municipios al sur de Puerto Rico en enero pasado ya se estiman en $782 millones, reveló este miércoles, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

A través de su abogado, Luis Marini Biaggi, la Aafaf informó que casi dos meses después de los terremotos del pasado 6 y 7 de enero unas 393 personas permanecen refugiadas. De este universo, unos 93 están en los campamentos bases establecidos por la Guardia Nacional y otros 300 en campamentos privados, de un total que llegó a alcanzar unas 9,000 personas.

En total, según el abogado y citando cifras vertidas por las agencias que participan de la respuesta al desastre incluyendo la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), unas 2,500 residencias quedaron inhabitables.

FEMA recibió unas 35,000 reclamaciones luego de los terremotos de enero pasado y según Marini Biaggi, la agencia federal ya ha desembolsado unos $23 millones para que las personas afectadas puedan mudarse a una nueva propiedad o reparar o reemplazar la que tenían.

Al presente, se han inspeccionado unas 34,000 viviendas, que corresponderían al 87% de las reclamaciones recibidas por FEMA.

De igual forma, el 92% de unas 857 escuelas ha reabierto tras al desastre, tras ser inspeccionadas, dijo el abogado al tiempo que agregó que el Departamento de Educación ha instalado carpas, alquilado instalaciones privadas y ha coordinado clases en líneas para los alumnos que no han regresados a las aulas.

Según Marini Biaggi, al presente, el 78% de los estudiantes matriculados en el sistema público de enseñanza regresaron a clases.

Este miércoles, El Nuevo Día reseñó que las aseguradoras del país, a solo tres semanas de los terremotos, recibieron unos $94 millones en reclamaciones de individuos o comercios por causa del evento natural.

Marini Biaggi ofreció los datos más recientes de la secuela de los terremotos de enero durante la audiencia general de los casos de Título III, donde la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain debe decidir este miércoles si acogerá el pedido de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para dar curso al proceso de confirmación del plan de ajuste del gobierno central.

Esta tarde, Swain decretó un receso para decidir si acoge las sugerencias del Equipo de Mediación en el tema, el grupo de jueces que facilitó un nuevo entendido con los bonistas de la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y otros bonistas institucionales o si por el contrario, no dará paso al pedido de la JSF, tal como le ha solicitado el gobierno, las aseguradoras municipales y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC).

Swain preside la audiencia general de los casos de Título III de Puerto Rico, cuya agenda será de dos días e incluye la vista para determinar si se anula o no la Ley 29 de 2019, que libró a los municipios del pago de las aportaciones al sistema de pensiones “PayGo” y a la reforma de salud.

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