El gobernador Pedro Pierluisi extendió hasta junio de este año el periodo de emergencia financiera que otorga la Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico de 2017.

El 27 de diciembre, el primer ejecutivo emitió una orden ejecutiva que alarga la vigencia de esa ley firmada bajo la administración de Ricardo Rosselló y que, entre otros temas, procura proteger la continuidad de los servicios esenciales, pero reconociendo que, en la medida que se pueda, se cumplirá con las responsabilidades del pago de la deuda con los bonistas.

“El proceso de reestructuración de la deuda del gobierno culminó con la efectividad del Plan de Ajuste de Deuda del 15 de marzo de 2022. No obstante, aún nos encontramos en medio de la reestructuración de la deuda de varias instrumentalidades públicas. A los fines de continuar llevando a cabo todos aquellos trámites y negociaciones conducentes a completar dichos procesos de reestructuración de manera ordenada, y a la vez proveer servicios a los residentes de Puerto Rico y continuar las operaciones gubernamentales, es imperativo extender el periodo de emergencia por un término adicional de seis meses”, detalla la orden de Pierluisi.

Se suponía que la orden ejecutiva expiraba el 31 de diciembre, pero Pierluisi extendió su vida hasta el 30 de junio de este año. Este decreto, sin embargo, lleva extendiéndose desde 2017 bajo las distintas administraciones que ha tenido la Isla.

Según Pierluisi, la extensión del periodo de emergencia que su administración trabaja tiene el fin de implantar medidas para salvaguardar el orden público y proteger “la vida, seguridad y propiedad de la ciudadanía”.

“Esta administración está trabajando con el desarrollo e implantación de medidas para salvaguardar el orden público y proteger la vida, seguridad y propiedad de la ciudadanía de Puerto Rico. Lo anterior responde a una gestión continua, necesaria e importante ante todos los retos que se han confrontado, no solo a nivel financiero y económico, sino además ante los desastres naturales que todos conocemos y que tanto afectaron a Puerto Rico y marcaron nuestra historia, así como a la emergencia causada por la pandemia del covid-19”, añade la orden.

A la Junta de Control Fiscal y al gobierno todavía les queda por reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), según se desprende del portal del ente fiscal El pasado 16 de diciembre, la junta radicó un borrador del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE para reestructurar la deuda y otras reclamaciones contra la corporación pública. El plan propuesto reduce en un 48% la deuda, cifra que se traduce a $5,400 millones.

De acuerdo al sitio de internet de la junta, en los últimos años se logró reestructurar las deudas del gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), el Banco Gubernamental de Fomento, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Bajo la Ley para la Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal, el gobernador tiene poder para pagar la deuda luego de que se hayan cubierto los servicios esenciales. También puede emitir órdenes ejecutivas para requerir el uso de los recursos disponibles para que se deposite en una cuenta para el pago de los servicios esenciales.

Fuente: El Vocero

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