La carta oficial, recibida el viernes, establece los requisitos al gobierno de Puerto Rico para sustituir al monitor, que ha costado cerca de $150 millones
Al resaltar un avance de 99% de cumplimiento, la gobernadora Jenniffer González reveló este sábado que el Departamento de Educación de Estados Unidos dio su visto bueno para iniciar la transición hacia la salida, en noviembre, del síndico que ha supervisado el uso de fondos federales en la isla desde 2021 y le ha costado al gobierno puertorriqueño cerca de $150 millones que no llegan a los salones de clase.
“Le pedí a la secretaria (de Educación federal, Linda McMahon) que queríamos salir (de la sindicatura) y hacer esa transición, porque esto le va a economizar $32 millones al año al Departamento de Educación, aparte de que nos permitiría tener procesos mucho más rápidos y eficientes”, indicó González, en entrevista exclusiva con El Nuevo Día, destacando que el aval se logró tras una reunión esta semana en Washington, D.C.
La carta de Educación federal con las instrucciones para salir del agente fiduciario externo (TPFA, en inglés) llegó ayer, viernes. Como parte del riguroso proceso, la agencia local debe someter el 30 de marzo un “plan de transición” con unas “metas claras”, entre ellas, reclutar a cinco funcionarios para transferir las funciones del síndico, explicó la gobernadora.
“Vamos a estar listos para ese 30 de marzo someter el plan y comenzar a ejecutarlo, para que las funciones del síndico regresen al Departamento de Educación y podamos demostrar sostenibilidad”, aseguró, por su parte, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.
En la misiva firmada por Murray Bessette, subsecretario federal de la Oficina de Planificación, Evaluación y Desarrollo de Políticas, se reconoció que el plan de acción correctiva de Educación demuestra “un progreso considerable” al abordar “controles internos de nómina, recursos humanos, compras y contrataciones y la gestión de subvenciones”.
Bessette hizo referencia a los avances reseñados en el informe del monitor del 3 de febrero, donde también advirtió sobre “14 riesgos” que deben ser mitigados.
“Asumiendo que no se identifiquen problemas significativos de cumplimiento ni riesgos adicionales, el Departamento eliminará el requisito de que Puerto Rico y su Departamento de Educación mantengan un TPFA”, estableció Bessette, en la misiva.
Entre cuatro requisitos, Puerto Rico debe cumplir con mantener el plan de transición propuesto hasta el 20 de noviembre. Además, debe incorporar en sus métricas las recomendaciones del síndico y someterle informes con actualizaciones el 30 de abril, 30 de junio, 31 de agosto y 30 de octubre.
“Es una devolución de la confianza a las manos de los puertorriqueños sobre los fondos que destina el gobierno federal. Creo que se ha generado un cambio de cultura en el Departamento de Educación, más allá de lo que hicimos como parte de las acciones (correctivas). Hay una cultura de autofiscalización”, subrayó Ramos Parés.
Recordó que, en 2019 –tras el arresto de la exsecretaria de Educación Julia Keleher–, el gobierno de Estados Unidos exigió la contratación de un monitor externo por el uso incorrecto de fondos federales en Puerto Rico, luego de alrededor de 18 años de señalamientos como “errores en el pago de nómina”, problemas con contratistas, compras que no se concretaban o no llegaban a los planteles. En ese entonces, unos $650 millones en fondos federales asignados a Educación habían sido congelados.
“Tuvimos, por mucho tiempo, una condición específica relacionada con la transportación, en donde el Departamento no podía contestar particularmente cómo se aseguraba de pagarle a un transportista que llevaba niños todos los días a la escuela”, puntualizó sobre uno de los ejemplos de mala administración.
El contrato del monitor federal fue adjudicado, en junio de 2021, a la empresa Ávarez & Marsal.
En 2023, se sometió el primer plan de acción correctiva. Sin embargo, cuando Ramos Parés regresó –a principios de enero de 2025– a la jefatura de Educación, “apenas un 5% se había logrado evidenciar”. Respondió que ascender al 99% de ese plan, en tan solo un año, se logró al establecer guías claras, adiestramiento al personal y reclutamiento de recursos de apoyo, entre otros cambios de política pública.
Al presente, Ramos Parés destacó que “más del 92% de las compras ya han llegado” a las escuelas y están pagadas, lo que describió como “un número que nunca antes se había visto”.
“(La transición) significa salir de otra área de supervisión y ahorrar dramáticamente dinero en esta contratación (del síndico), que pueda ir directamente a servicios de terapia, a mejorar las condiciones de nuestros maestros y distintas áreas a las que queremos asignar más recursos”, destacó, por su parte, González.
El último punto porcentual para completar el 100% del plan correctivo corresponde a la contratación de “cinco puestos claves”, entre ellos, un director financiero (CFO, en inglés) y abogados expertos en fondos federales.
Educación prevé culminar el reclutamiento en abril. No obstante, explicó la gobernadora, aún aguardan por que la Junta de Supervisión Fiscal evalúe el plan de remuneración y clasificación de esos cinco empleados de carrera. “Una vez la Junta apruebe esto, ya podemos cumplir”, comentó González.
“Esperamos que, el 30 de octubre, las funciones del síndico ya estén delimitadas o estén fuera del Departamento de Educación y podamos, entonces, al 20 de noviembre, como establece la comunicación, someter un informe –conjunto– sobre la finalización de esa transición”, destacó Ramos Parés.
FUENTE: El Nuevo Día
