La estipulación final para la implantación parcial de la Ley 80 de 2020, que permitirá la jubilación de 1,130 empleados públicos, ya fue radicada, revelaron este martes el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La cifra de trabajadores impactados es distinta a la que el gobierno manejaba hace meses –1,146– y que había sido reconocida como final en reseñas periodísticas. En el comunicado de prensa en el que se informó acerca de la estipulación, no se dieron detalles sobre esa diferencia.

“Hoy, podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1-1990 y 447-1951 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50%, a la vez que logramos ahorros significativos para el gobierno”, declaró el gobernador Pedro Pierluisi, en momentos en que un grupo de servidores públicos alega que el proceso para la selección de los beneficios de la ley fue arbitrario y reclama información al gobierno.

De hecho, este martes se realizó una vista ante el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, debido a un recurso de solicitud de información que sometieron los empleados, quienes alegan que, aunque inicialmente fueron escogidos para beneficiarse de la Ley 80 de 2020, luego se les comunicó que son funcionarios esenciales.

En la vista, los solicitantes se enteraron de que el gobierno y la JSF habían radicado la estipulación final de la Ley 80 de 2020 ante el Tribunal federal que ve la quiebra de Puerto Rico bajo la ley Promesa.

La Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos (Ley 80 de 2020) fue declarada nula, en mayo de 2022, por el Tribunal federal y solo algunas de sus cláusulas serán usadas para viabilizar el retiro de los 1,130 funcionarios. Le correspondía al gobierno de Puerto Rico escoger a los empleados no esenciales, en cada agencia, que se beneficiarían del estatuto al jubilarse con 50% de su salario. Las plazas no pueden volver a ser ocupadas por el gobierno.

Los funcionarios que objetan la forma en que el gobierno hizo la selección de los empleados pidieron un requerimiento de información a través del abogado John Mudd y, hasta el momento, no han obtenido un solo documento. Mudd presentó este martes, ante la jueza Laura Taylor Swain, una moción para intervenir, luego enterarse que la estipulación final fue sometida.

Entretanto, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, celebró la estipulación.

“Este acuerdo final se logró tras más de dos años de arduas negociaciones con la Junta de Supervisión al culminar un proceso de evaluación exhaustivo y detallado para viabilizar el retiro de cada uno de los 1,130 servidores públicos que finalmente participarán del retiro incentivado. Es importante destacar que este acuerdo final también viabiliza contribuciones adicionales de aproximadamente $103 millones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones, de los ahorros logrados mediante la implementación parcial de la Ley 80 de 2020″, dijo.

Además de la pensión vitalicia, los empleados beneficiados con la Ley 80 de 2020 recibirán $100 mensuales de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años y el pago de sus vacaciones acumuladas. Estos servidores públicos trabajarán hasta el 31 de marzo y, a partir de abril, pasan a ser jubilados.

Fuente: El Nuevo Día

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