El Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevó a cabo una audiencia virtual sobre la implementación de la Ley Promesa en tiempos de la pandemia del COVID-19.
En la audiencia el Gobierno como la Junta de Control Fiscal (JCF) detallaron las medidas económicas que han implementado por la emergencia del coronavirus, que mantuvo los comercios cerrados por tres meses.
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, detalló los fondos que han desembolsado tanto federales como estatales durante la crisis de salud que trajo como consecuencia el impacto económico.
“En cuanto a la implementación de PROMESA durante el COVID-19, como este Comité sabe, el Gobierno y la Junta han tenido una larga historia marcada por períodos desiguales de cooperación y desacuerdo, algunos de los cuales se han convertido en tema de litigio. Pero a pesar de algunos desacuerdos importantes, el Gobierno y la Junta han colaborado y reestructurado con éxito alrededor de $ 25 mil millones de deuda en los últimos años”, indicó en su ponencia Marrero.
Asimismo, Marrero destacó los encontronazos con la Junta en asuntos que el Gobierno considera de política pública.
“A pesar de nuestros mejores esfuerzos para minimizar los desacuerdos, los contornos de PROMESA permiten que la Junta difumine la línea entre el Gobierno y la Junta. En los últimos años, la Junta se ha aprovechado de esta separación de poderes poco clara para obtener un mayor control sobre las operaciones cotidianas, particularmente mediante el uso de procesos de certificación de PROMESA para microgestionar la gobernanza pública en Puerto Rico. El Gobierno cree que cualquier intento de impedir activamente nuestras iniciativas de política pública es contraproducente y socava el progreso reciente de trabajar juntos”, puntualizó el funcionario.
Ante esa situación, Marrero solicitó que si se enmienda la Ley Promesa se clarifique ese asunto.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, destacó en la audiencia del presidente del Comité, Raúl Grijalva, la colaboración entre el ente creado por la ley federal y el Gobierno durante la pandemia.
Jaresko detalló los trabajos de la JCF durante los huracanes Irma y María, la renuncia de Ricardo Rosselló a la gobernación, los terremotos en el área sur de la Isla y ahora con el COVID-19.
“Dadas las limitaciones de PROMESA, la Junta debe confiar en la voluntad política del liderazgo electo de la Isla para transformar verdaderamente el Gobierno de Puerto Rico y el panorama económico en lo que la gente y las empresas de Puerto Rico merecen.
De igual forma, la directora de la Junta describió como un revés
“Sin embargo, no se puede negar que también ha habido varios reveses. La situación causada por la adquisición por parte de la Commonwealth de los kits de prueba COVID-19 muestra que el Gobierno queda atrapado fácilmente en sus propias prácticas de adquisición deficientes a pesar de las mejores intenciones”, expuso Jaresko en su ponencia.
Asimismo, recordó la negativa del Gobierno para la apertura de los comedores escolares para proveer almuerzos a los estudiantes durante la emergencia.
“Además, las complicaciones para garantizar la distribución de almuerzos escolares y la distribución lenta de los pagos a los trabajadores de primera línea y desempleados ilustran los desafíos para una implementación eficiente. La buena noticia es que la economía está reabriendo lentamente y la capacidad hospitalaria sigue siendo amplia, lo que sugiere que el virus podría estar contenido”, expuso.
La portavoz del ente creado por la Ley Promesa detalló las medidas incluidas en el recién certificado Plan Fiscal 2020, que anticipa una contracción en la economía de Puerto Rico.
Sobre las enmiendas a la Ley que creó la Junta, Jaresko opinó que el ente tiene preocupaciones de que los cambios dificulten las negociaciones.
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