La firma del contrato que delega a una empresa privada el manejo de las unidades generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) altera las condiciones de trabajo de unos 1,200 empleados, y mientras la Unión de Trabajadores de la Industria de Energía y Riego (Utier) alertó de cláusulas en el contrato que podrían ser detrimentales, oficiales del gobierno insistieron en que hay suficientes salvaguardas para que los trabajadores sean menos impactados.

Josué Colón, director ejecutivo de la corporación pública, realizará en los próximos días visitas para orientar a los trabajadores sobre las opciones que tienen que evaluar antes de que culmine la transición a la administración de Genera PR, subsidiaria de New Fortress Energy.

Mientras que Omar Marrero, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP), se mostró confiado en que conseguirán incentivos atractivos en coordinación con la Junta de Control Fiscal para que los trabajadores que puedan retirarse soliciten a trabajar con Genera PR.

Según Colón, entre las posibles ofertas que evalúan, figura establecer una ventana de retiro para empleados con más de 25 años de experiencia en la AEE, que les asegure beneficios o el pago de salario adelantado de hasta seis meses.

La Aafaf informó que en el área de generación hay 1,034 empleados que trabajan en las 16 plantas. Además, hay entre 180 y 200 trabajadores que ocupan puestos de administración. Los empleados que tienen 25 años o más de experiencia y que necesitarían un incentivo, se estima que son alrededor de 300.

Marrero informó que inicialmente estos beneficios se han pensado para el personal que trabaja directamente en las centrales y cuya experiencia es esencial en el manejo de las unidades. Agregó que no hay garantías de que los incentivos también se ofrezcan a otro personal administrativo.

Una vez se formalicen las ofertas mediante el Programa de Transición Voluntaria, se otorgarán 30 días para que cada trabajador decida si se acoge a alguna. Marrero no informó cuándo podrían estar listas las ofertas para los empleados de la AEE.

El director de Aafaf aseguró que hay dinero suficiente para pagar la nómina a los trabajadores que quieran pasar al gobierno central, y que como máximo podría requerir una partida recurrente de unos $45 millones.

Insistió en que hay plazas suficientes para garantizar empleos dignos a cada trabajador de la AEE que pase al gobierno central, por lo que descartó que haya un disloque de personas migrando sin que tengan tareas asignadas, como sucedió luego de la transición del sistema de transmisión y distribución de energía a LUMA Energy.

“Si no incentivamos correctamente o damos una bonificación, eso no va a permitir retener esa experiencia en la planta, que es vital”, declaró en entrevista con EL VOCERO y agregó que algunas centrales pueden seguir generando por 10 años o un poco más si se atrasan los proyectos de energía renovable.

“Iré a las centrales a contestarles dudas y preocupaciones ya que el contrato es público. Antes de este ciclo de reuniones no había pasado que se pudiera ofrecer detalles porque se necesitaba que el contrato estuviese aprobado. La mayor preocupación que veo es lo de la ventana. Eso será un ‘game changer’ para que decidan o no irse con el privado”, auguró por su parte el director de la AEE.

Enfatizó que las pensiones no dependen de la privatización, sino de lo que se negocie como parte del Plan de Ajuste de la Deuda, que es un proceso separado que se dilucida ante la jueza que ve los casos de quiebra, Laura Taylor Swain, y que según el calendario que se fijó, debe estar completado para verano. Colón reconoció que entre los empleados hay la noción de que esa fecha está atrasada, pero a su juicio, no necesariamente se pospondrá por mucho tiempo.

Menos derechos

Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Utier, dijo que en términos generales la contratación de GeneraPR es mala para Puerto Rico porque la empresa no hace inversión y todos los riesgos los asume el País. Como ejemplo mencionó que, si hay una demanda, sin importar la causa, no están obligados a responder, mientras que se le quitó el poder representativo a la AEE ante los entes regulatorios, se permite subcontratar matrices, no existen penalidades si no cumplen con reclutar mayormente empresas locales, entre otros asuntos.

Criticó que a pesar de que se habla de trabajo garantizado por dos años a los empleados de la AEE que pasen a Genera PR, y se elimina el periodo de probatoria, sí se le podrá separar de su empleo en caso de cierre parcial o temporal de la unidad. Figueroa Jaramillo levantó bandera sobre qué pasaría cuando se apaguen unidades para mantenimientos programados. También puede haber separación o despidos en caso de cambios tecnológicos o de reorganización o si hay una reducción en volumen de producción, lo que, a su juicio, podría incluir menores ventas de energía.

Del mismo modo, puede haber separación si se considera que hay justa causa según lo define la Ley 80, incluyendo que un empleado incurra en conducta impropia, desempeño deficiente o violación reiterada de los reglamentos.

Aseguró que se eliminan derechos como protección por antigüedad en el empleo, licencias por accidentes laborales y se desconoce si luego del periodo de dos años se mantendrá el plan médico.

“Al no haber convenio colectivo o sindicato, está a discreción de la empresa darte el plan médico que quiera, no hay un protocolo de procedimientos disciplinarios para despedirte, no hay derecho de antigüedad, ni hay garantías del llamado ‘bumping’, si una central la decomisan y tienes más experiencia, no están obligados a pasarte a otra, nada de eso existe”, lamentó.

La empresa puede hacer un ‘background check’ y, según Figueroa Jaramillo, si “como en mi caso que me fabricaron una agresión en el 2005… aunque en el video de la fiscalía que no se aceptó como evidencia se ve que yo tengo las manos en los bolsillos”, pueden no tener que darte el empleo.

Dijo que para que una planta opere de forma adecuada se necesita de personal especializado incluyendo técnicos de laboratorio, instrumentistas, que suman como 120 personas, sin contar con los que se encargan del mantenimiento y otras tareas, pero el contrato solo exige tener 98 empleados mínimo por cada central.

Para el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE, Tomás Torres Placa, el verdadero problema está en la Ley 120 que le provee al empleado actual de la AEE la alternativa de renunciar e irse con el privado o al gobierno y esto puede provocar una posible falta de recursos humanos con experiencia para el operador privado.

De concretarse que más personas optan por un programa de movilidad para permanecer en la nómina del gobierno central “y provoca esa falta de recursos humanos para trabajar en la generación de energía, puede resultar en un servicio deficiente para los consumidores”, alertó.

Fuente: El Vocero

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