Luego de meses de incertidumbre, ayer comenzó a discutirse ante la jueza Laura Taylor Swain qué aspectos se deben tomar en consideración a la hora de decidir cuánto se cobrará en la factura del servicio eléctrico para cubrir el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), proceso que continuará hasta el jueves.

También hubo argumentos sobre cuánto deben cobrar los bonistas y por cuánto tiempo.

El abogado Pedro Jiménez, que representa al Comité de Acreedores No Asegurados, mencionó que el valor de la deuda actual se debe reducir entre 8.5% y 16%.

Mientras, el abogado de los bonistas Ad Hoc, Gary Orseck, criticó el argumento de la junta de que se tiene que aprobar un Plan de Reestructuración de la Deuda (PAD) lo suficientemente favorable al gobierno porque es posible que -de conllevar una carga muy alta- no se pueda poner en vigor. También rechazó el argumento de que el gobierno o la Legislatura pueden tomar acciones para bloquear los aumentos en la factura, que sean necesarios para pagarles a los bonistas. Tras tildar ambos argumentos como una especulación, dijo que eran reclamos que la junta tendría que probar con evidencia en la continuación de los trabajos.

Martin Bienenstock, abogado de la JCF, expuso que uno de los asuntos importantes que se tienen que discutir es que cualquier cifra que se apruebe, tiene que pasar por el crisol del Negociado de Energía, que es el ente fiscalizador, con la autoridad en ley para determinar cambios en la factura de los clientes.

Adelantó que, según los análisis que se han sometido, el reclamo de los bonistas sobre lo que se les debe pagar no tiene posibilidad de prevalecer ante el tribunal porque estarían condenando a la gente a una pobreza energética. Destacó que el estado más pobre de Estados Unidos es Mississippi, donde el 19.4% de la gente vive bajo niveles de pobreza, mientras que en Puerto Rico esa cifra llega al 40.5%. En cambio, el salario promedio en Mississippi es de $49,000 al año y en la Isla es de $21,000.

“Con esos datos entendemos que la corte no debe acceder… los bonistas no pueden mantener la gente de Puerto Rico en una pobreza energética… por los próximos 25 años, si la gente quiere mantener sus luces prendidas”, señaló Bienenstock.

Peter Friedman, abogado de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), levantó bandera sobre el tiempo que podría tardarse el Negociado de Energía en llevar un caso sobre cambios en la factura para cumplir con el PAD-AEE que se apruebe.

Las partes también discutieron en torno a la posibilidad de que se nombre un síndico y cuánto poder tendría sobre las decisiones que se tomen en la AEE, si podría ignorar o no un presupuesto y un plan fiscal certificados por la JCF que afecten la posibilidad de cobro de los bonistas o que perjudiquen las inversiones de capital que se tienen que hacer en el sistema eléctrico para mantenerlo al día.

Precisamente, el dinero que se requiere para dar el mantenimiento adecuado al sistema y si se trata de un gasto operacional que se debe calcular antes o después de que se pague la deuda fue otro de los argumentos que trajeron las partes. Para Bienenstock, es crucial que haya el presupuesto suficiente para las mejoras necesarias o de lo contrario nunca se podría remediar la condición “lapidada” del sistema.

La manera en que se calculan los ingresos que tendrá la AEE en el futuro y si la demanda de energía subirá, se mantendrá igual o si bajara afectando esos ingresos, también fue objeto de debate ayer con varias partes acusándose mutuamente de tener proyecciones erradas que no toman en cuenta todos los aspectos que se requieren.

El tema podría inclinar la balanza en torno a cuánto tiempo tendrían que esperar los bonistas para dar por recobrada el total de su deuda. Algunos análisis apuntan a que se tendría que esperar demasiado, a lo que se oponen los bonistas.

Según los modelos discutidos, el escenario más agresivo impondría un cobro por 27 años mientras que los más conservadores pondrían a los puertorriqueños pagando la deuda por 42 años. La jueza preguntó si 100 años era un tiempo justo.

El Trust Agreement entre la AEE y los bonistas no asegurados no fija un plazo de tiempo para el pago total.

Hoy continúan los procesos simultáneamente en el tribunal de Nueva York —donde estará la jueza Swain— y la corte federal en San Juan, con la presentación de evidencia.

Fuente: El Vocero

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