LOÍZA – Con sendos encuentros con residentes de Loíza, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, dio inicio el martes su gira de encuentros comunitarios en Puerto Rico, en momentos en que los gobiernos federal y estatal intentan delinear el uso de $1,000 millones asignados para resiliencia energética y a días de que se publicara el segundo informe del estudio PR100, que busca trazar la ruta hacia el objetivo de que el archipiélago genere toda su electricidad mediante fuentes renovables para 2050.
Granholm comenzó la jornada con una reunión en la Cocina Comunitaria de Loíza, lugar desde el que se prepararon miles de comidas luego del huracán Fiona que ayudaron a vecinos a enfrentar la precariedad que supuso la falta de energía en las semanas siguientes al ciclón. Posteriormente, la funcionaria se dirigió al Centro Municipal Carlos Escobar López, donde –junto a oficiales del Departamento de Energía (DOE), la alcaldesa Julia Nazario y el ingeniero Francisco Berríos Portela, en representación de La Fortaleza– se ofreció una presentación sobre los objetivos del PR100 y se escucharon preguntas y comentarios de los participantes.
En ambos encuentros, Granholm se limitó mayormente a escuchar –a través de audífonos con la traducción al inglés– las experiencias y preocupaciones de los vecinos y líderes que asistieron.
“Hicimos un estudio con siete comunidades. De 366 hogares, hay 68 que al día de hoy no tienen un techo, y en 335 el techo no está seguro”, comentó a Granholm una de las líderes comunitarias que participaron de la primera reunión, en referencia a uno de los obstáculos que enfrentaría la implementación del programa de resiliencia energética de $1,000 millones autorizado por el Congreso.
La administración de Joe Biden ha anticipado que, en una primera fase, el programa procuraría la instalación de sistemas de placas solares en techos y baterías de almacenamiento en decenas de miles de hogares de familias con personas vulnerabilizadas. En esta etapa, se buscaría impactar a personas de escasos recursos económicos, adultos mayores o discapacitados altamente dependientes del servicio eléctrico para su supervivencia.
Al momento, el DOE debe definir las guías específicas para el uso de los fondos y la administración de Pedro Pierluisi decidir qué entidad administraría el programa a nivel estatal. Pierluisi, la semana pasada, mencionó al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, el Departamento de la Vivienda y LUMA Energy como las posibles alternativas.
“Queremos asegurarnos que hacemos una red resiliente y limpia, que nos permita sobrevivir el próximo huracán”, dijo Granholm a las líderes de la Cocina Comunitaria, ubicada en el Centro Comunal La Ceiba. “Estamos aquí porque el presidente está impaciente de ver acción. Es reflejo de las voces en Puerto Rico”.
En el encuentro estuvieron presentes las líderes comunitarias Milliam Carrasquillo, Modesta Irizarry Orta, Anabella Fuentes, María Villegas Pizarro, Rosa Fuentes Fuentes y Judith Alverto, junto a Jenifer De Jesús, de Taller Salud. Fuentes Fuentes detalló que, luego de Fiona, pudieron utilizar el centro –equipado con un sistema de energía renovable– para ofrecer comidas calientes a unas 5,118 personas de entre 10 y 15 sectores del municipio.
“Algunos se llevaban 15 a 20 almuerzos para repartirlos en sus áreas”, comentó la líder, en alusión a la importancia de contar con espacios con capacidad de continuar operando en medio de emergencias.
Poco después, en el Centro Municipal, la jefa del equipo de Recuperación Energética de Puerto Rico del DOE, la ingeniera Marisol Bonnet, y Eric Britton, gestor de proyectos de la agencia, describieron los pasos que conlleva la iniciativa PR100. Britton explicó que, además de la fase inicial de subsidiar la instalación de sistemas renovables a poblaciones vulnerables, que se tramitará con mayor urgencia, el uso de los $1,000 millones incluirá otras etapas que se definirán a partir de las prioridades que el DOE identifique mediante las discusiones con las distintas partes interesadas.
Berríos Portela, secretario auxiliar de La Fortaleza en Asuntos Energéticos, destacó que la transformación energética del país incluye el progreso de los proyectos de reconstrucción de la red, de los cuales 102 han sido aprobados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
Entre las preocupaciones que llevaron miembros de la comunidad reunidos en la cancha del Centro Municipal estuvieron el acceso a sistemas de energía renovable para familias de clase media que no cualifiquen para ayudas gubernamentales, la posibilidad de instalaciones de placas en hogares cuyos ocupantes carezcan de títulos de propiedad y la posibilidad de que la privatización de la red interfiera con los objetivos de energía limpia.
“No tenemos mucho que ver con esos contratos, pero no podemos asumir que no existen en nuestro modelaje. Lo que yo entiendo es que ambas compañías, LUMA y Genera PR, tienen que cumplir con la ley y reportarse y seguir las reglas del Negociado de Energía, incluyendo el Plan Integrado de Recursos”, dijo Bonnet, del DOE.
Fuente: El Nuevo Día
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