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La jueza magistrado Judith Gail Dein determinó que será necesario un interrogatorio paraque la Junta de Control Fiscal (JCF) explique cómo llegó a la conclusión de que los datos provenientes de los informes operativos mensuales de ingresos (MOR, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) son incorrectos.

La determinación fue una de varias que tomó la corte el lunes durante una vista argumentativa sobre la necesidad de presentar testigos y evidencia documental adicional como parte del descubrimiento de prueba que se llevará a cabo para definir la metodología y establecer los ingresos netos generados por la corporación pública, dinero sobre el cual descansa la reclamación de los bonistas y acreedores de la AEE.

“Vamos a hacer un interrogatorio temprano en el proceso ya que el diablo está en los detalles para que se pueda entender de manera conceptual cómo fue que se hicieron los cálculos y qué información se utilizó para concluir que los números reales son distintos a los MOR. La junta fiscal no estaría obligada a especificar cada gasto que se utilizó en el cómputo, pero sí sus categorías”, expresó la jueza.

Durante la vista, uno de los abogados de los bonistas, Glenn Kurtz, argumentó que los MOR ya contemplan una metodología para calcular los ingresos netos en base al acuerdo de fideicomiso (trust agreement, en inglés) de la AEE e incluso fueron empleados por décadas por el gobierno para atraer inversión a la utilidad pública en el mercado de bonos y esos números se pueden contrastar con información surgida luego de la bancarrota.

“Al momento, no tenemos idea de cómo la junta fiscal llegó a su conclusión. No sabemos qué cálculos utilizaron ni que se consideró como ingreso y que fue restado como gasto operativo. Ellos dicen que los informes están mal y que era necesario hacer unos cambios, pero no sabemos cuáles. Estaríamos entrando al descubrimiento sin tener idea de que es lo que presuntamente está mal”, reclamó Kurtz.

Por su parte, una de las abogadas de la JCF, Margarete Dale explicó que el problema con los MOR es que fueron desarrollados en base devengada (accrual basis, en inglés) en vez de base de efectivo, por lo que se contempló como ingreso toda electricidad consumida por abonados, negocios y entidades gubernamentales, pero no se descontó el dinero que no se cobró.

“A manera de ejemplo, tenemos municipios que no pagaron ciertas cuentas. Esto no puede ser considerado como un ingreso, ya que ese dinero nunca entró en caja para la AEE y debe ser excluido del cálculo. Además, esos informes solo contemplan gastos para mantener y reparar el sistema y deja otras categorías que, aunque no estaban establecidas en el ‘trust agreement’, también deben ser considerados como gastos”, abundó la abogada.

La jueza Dein insistió en la necesidad de aclarar las dudas sobre el razonamiento detrás de la insistencia de la JCF por descartar los MOR con un interrogatorio durante la etapa temprana del proceso que comenzaría a mediados de julio con descubrimiento de hechos.

Con respecto al pedido de los bonistas para que se divulgue la totalidad de los informes mensuales desde que comenzaron a ser preparados por la AEE, Dein denegó el mismo al entender que con la producción de los documentos correspondientes desde el 2014 al presente es suficiente para sustentar cualquier postura, sin embargo, dejó la puerta abierta para que se pueda retomar el pedido en caso de que se entienda necesaria la información.

Tira y jala por información de Genera PR

Por otro lado, la corte ordenó a las partes reunirse y definir qué información ya fue presentada y que falta con respecto a los fondos federales que ha recibido la AEE para la reconstrucción de la red eléctrica en la Isla.

De acuerdo con el licenciado Kurtz, a la fecha lo único que han recibido son datos correspondientes a los proyectos bajo el operador privado del componente de transmisión y distribución, LUMA Energy, ya que no se ha producido nada con relación a fondos federales asignados para trabajos por parte del otro operador, Genera PR.

El abogado además reclamó a la corte que la junta fiscal tampoco ha provisto evidencia referente a asignaciones federales para la AEE previo a la privatización. Estos señalamientos fueron refutados por la licenciada Dale, quien dijo que la información de los fondos federales bajo Genera PR ya fue entregada ya que dicho operador entró al escenario en 2023.

“El sistema de subvenciones federales es muy complicado. Decir que la AEE recibe todo el dinero asignado no es correcto. Primero va a COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, en inglés), que luego distribuye a la AEE y no necesariamente a LUMA y Genera. Además, está el asunto del dinero obligado, que no significa que ha sido desembolsado y este último paso puede tomar varios años”, puntualizó la abogada del ente de supervisión al añadir que el cálculo de cuánto de estas partidas se ha utilizado en realidad se complica aún más por los mecanismos de adelanto de partidas (Working Capital Advance).

Con relación a la existencia de presupuestos de la AEE, la corte ordenó a la junta fiscal a presentarlos como parte de la evidencia y en caso de que no existan establecerlo para el récord del caso.

Discusión se extenderá hasta noviembre

Entretanto, la corte adelantó a las partes que ordenará un calendario de trabajo en esta fase del proceso muy parecido al propuesto por los bonistas y que extenderá el tiempo para refutar las declaraciones ofrecidas por los expertos.

La magistrada informó que limitará el total de interrogatorios que las partes podrán solicitar a 16, al tiempo que pautó para mediados de julio el descubrimiento de hechos y que las deposiciones de los expertos tendrían lugar en septiembre.

“La sesión informativa deberá concluir en noviembre 7. ¿Todos pueden vivir con esa fecha?”, preguntó Dein a los equipos de defensa, quienes asintieron al dictamen. Dein recordó a las partes que las fechas del calendario de trabajo podrían ser modificadas con el aval de todas las partes y el consentimiento de la corte.

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FUENTE: El Vocero