Una nueva orden ejecutiva busca identificar cuántos de estos trabajadores son necesarios y cumplen funciones que deben realizar funcionarios de carrera
A partir del 1 de julio de 2027, el gobierno pudiese comenzar a reclutar más empleados públicos, si identifica –luego de un análisis que ya comenzó– que hay trabajadores en puestos transitorios que son necesarios y ameritan una plaza regular.
A partir del 1 de julio de 2027, el gobierno pudiese comenzar a reclutar más empleados públicos, si identifica –luego de un análisis que ya comenzó– que hay trabajadores en puestos transitorios que son necesarios y ameritan una plaza regular.
Actualmente, el gobierno tiene 5,071 empleados transitorios en sus 110 agencias, confirmó el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos. Esa cantidad excluye a las corporaciones públicas, aclaró.
“El (puesto) transitorio es un proceso de reclutamiento que existe en el gobierno. La idea es que no existan tantos transitorios. Si existe la necesidad (de ese empleado), lo mejor es que lo hagan de manera permanente. Reclutar empleados transitorios es mucho más sencillo y tiene unos criterios más flexibles que uno regular. A lo mejor, ese ha sido el comportamiento. Como es más flexible ese proceso, pues, las agencias se han acostumbrado a mantenerlo”, opinó Rivera Berríos.
De la información provista por la OGP, se desprende que, de los 5,071 empleados transitorios en el gobierno, la mayoría están ubicados en el Departamento de Educación, que cuenta con 2,331, seguido por el Departamento de Salud, con 659, y el Departamento de la Vivienda, con 386.
“La realidad es que hay puestos transitorios que no deberían ser transitorios. Si existe la necesidad en una agencia, la agencia no debería estar nombrando transitorios, sino (nombrarlos) de una manera regular. Así que lo que se está buscando es evaluar cuáles son los puestos que están realmente transitorios que deberían ser permanentes”, abundó.
Ese análisis fue encomendado por la gobernadora Jenniffer González mediante una orden ejecutiva (OE-2026-029), firmada el 10 de junio.
La cifra de empleados transitorios representa un 7.24% de los poco más de alrededor de 70,000 trabajadores que tiene el gobierno. Devengan, en conjunto, $273,077,319 de los $2,441,355,550 en gastos de nómina anual del gobierno, según la OGP.
La orden ejecutiva extiende, además, el período para agotar el exceso de licencias acumuladas por los empleados públicos y autoriza la extensión de los nombramientos transitorios hasta el 30 de junio de 2027.
El director ejecutivo de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Facundo di Mauro Vázquez, explicó, por separado, que el reclutamiento de empleados transitorios se produce en dos vertientes: unos de carácter permanente y otros por un término fijo.
Di Mauro Vázquez indicó, en entrevista telefónica, que el empleado transitorio permanente es aquel que cubre a un funcionario de carrera que está fuera de una agencia mediante alguna licencia. Puede ocupar el cargo transitorio por 12 meses, hasta un máximo de 18, “en lo que la persona que ocupa la plaza de carrera regresa”, precisó.
Mientras, el empleado transitorio por duración fija “es temporero”. “No es un puesto que existe ‘per se’ en el plan de clasificación de la agencia, sino que hay una necesidad particular, y está ahí por 12 meses y puede tener una extensión de 12 meses más. Pueden estar hasta 24 meses en un puesto transitorio”, abundó, señalando que, en estos casos, se trata de un empleado transitorio necesario para un proyecto especial de una agencia por un período determinado.
¿Qué hace el decreto?
La orden ejecutiva autorizó, de manera “excepcional y temporera”, la extensión, hasta el 30 de junio de 2027, de los nombramientos transitorios que hayan agotado los términos máximos autorizados por la Ley de Empleo Transitorio o Temporal en el Servicio Público (Ley 96 de 2023). Para viabilizar la extensión, es necesario que cada agencia determine que el empleado transitorio “resulta indispensable para evitar la interrupción o menoscabo de servicios gubernamentales esenciales”, dicta el decreto.
“Toda agencia que mantenga nombramientos transitorios cuya vigencia haya sido extendida al amparo de esta orden ejecutiva deberá completar y adjudicar los correspondientes procesos de reclutamiento para la ocupación regular de dichos puestos no más tarde del 30 de junio de 2027”, establece.
Di Mauro Vázquez enfatizó que la primera ejecutiva concedió un término fijo para que las agencias evalúen si las funciones que ejerce un transitorio requieren que se cree un puesto de carrera.
“La gobernadora es bien puntual cuando establece la fecha del 30 de junio de 2027 y les dice a todas las autoridades nominadoras, ‘mira, si posterior a eso sabes que vas a necesitar que ese puesto se cree permanentemente, tienes que hacer las gestiones antes de esa fecha, de abrir el proceso de convocatoria y reclutar a la persona que sea seleccionada en un puesto de carrera, sino, simplemente, se va a eliminar porque no es un área de servicio esencial de tu agencia’”, explicó.
La solicitud de extensión se hace a la OATRH, que es la encargada de autorizar y velar por que la agencia cumpla con leyes, reglamentos y normativas que buscan evitar que un empleado transitorio, entre otras cosas, ocupe un puesto regular, añadió.
Michael Lapetina Gavilán, director del área de asesoramiento técnico, evaluación y cumplimiento de la OATRH, puntualizó que, del 1 de julio de 2025 al 11 de junio de este año, la agencia ha aprobado 524 solicitudes para nombramientos de empleados transitorios. Enfatizó que esas solicitudes no necesariamente se materializan. Pese a que solicitó, al cierre de esta edición, no se proveyó un desglose por agencia de esas 524 solicitudes.
Advierten sobre criterios políticos
Mario Negrón Portillo, catedrático retirado y exdirector de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, opinó que puede haber un elemento político en los nombramientos transitorios.
“Lo transitorio se convirtió en permanente cuando los traes, como muchas otras cosas en nuestro país, empezaron a tener una explicación que no tenía nada que ver con la razón por la que se trajeron. Eran intereses políticos. Era necesidad de acomodar una gente en las agencias que, a lo mejor, no los podían acomodar en plazas de carrera porque no habían, no tenían el presupuesto... y, de momento, apareció el empleo transitorio. No quiere decir que todos los empleados transitorios llegan por asuntos políticos”, enfatizó Negrón Portillo.
“Parte de la gran tragedia en el gobierno es que se perdió el mérito, y el mérito fue sustituido por lealtades políticas, por intereses políticos”, sostuvo.
Bajo la administración de Pedro Pierluisi, se creó la Ley 96, con el fin de “conceder estatus regular en el servicio de carrera a los empleados transitorios que ocupan, por más de cuatro años, puestos vacantes con funciones permanentes, o de duración fija”.
Cuestionado sobre por qué era necesaria, entonces, la orden ejecutiva de González, Di Mauro Vázquez y Rivera Berríos respondieron que lo que el decreto busca evitar es que vuelva a crearse la misma situación que propició la Ley 96: empleados transitorios, por años, ocupando puestos que, quizás, debían ser de carrera.
Aseguraron que los empleados transitorios que quedan en el gobierno no deben tener cuatro años en ese estatus, sino mucho menos.
“La ley es para personas que llevaban cuatro años ocupando puestos transitorios y adquirían el estatus regular. Eso fue un proceso que se siguió y se cumplió en su momento. Ciertamente, pueden haber empleados que llegaron después y no cualificaban con los requisitos de la Ley 96”, puntualizó Di Mauro Vázquez.
“Lo que estamos haciendo con esta orden ejecutiva es atendiendo a todos los empleados transitorios que han surgido posterior de esa ley... Lo que estamos buscando también con esto es que no tengamos que volver a firmar el equivalente a una Ley 96 en la que se tenga que otorgar un estatus regular después de cuatro años”, agregó Lapetina Gavilán.
FUENTE: El Nuevo Día
