La jueza federal Laura Taylor Swain convocó a conferencia urgente de estatus este lunes, 8 de mayo, en el Tribunal Federal de Hato Rey, para escuchar porqué no se ha mediado con los acreedores para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), luego de que el equipo de mediación informó que no ha logrado reunirse con las partes desde el mes de abril.

Según el documento examinado por EL VOCERO y sometido el 3 de mayo, el equipo de mediación —conformado por la jueza de quiebras del Distrito Sur de Nueva York, Shelley C. Chapman y el juez de quiebras del Distrito de Delaware, Brendan L. Shannon— hizo una propuesta sobre los términos para reanudar las sesiones de mediación, pero solo fue aceptada por algunas partes. “Los intentos subsiguientes para determinar una base sobre la cual la mediación pueda proceder no han rendido frutos”, exponen en el texto.

Swain convocó de manera presencial al asesor de la Junta de Control Fiscal (JCF), a los abogados de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y a los representantes principales de las partes en la mediación, mientras que atenderá virtualmente al presidente de la junta fiscal, David Skeel o a su director ejecutivo, Robert F. Mujica, a los representantes del Grupo Ad-Hoc de bonistas de la AEE y a la jueza Chapman.

En la convocatoria, la jueza Swain agregó que la vista podría quedar sin efecto “si se presenta, antes del 7 de mayo, a las 6:00 p.m., un calendario conjunto de sesiones de mediación, que comenzarán a más tardar el 22 de mayo de 2023”.

“No hay nada que acordar”

El abogado Rolando Emmanuelli, quien representa a los acreedores del Sistema de Retiro de los empleados de la AEE y a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), explicó a EL VOCERO que “la mediación colapsó totalmente cuando la junta radicó, el 16 de diciembre del 2022, el primer Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), porque ahí le hizo una oferta a los bonistas que —si Swain confirma el plan— sería lo que los bonistas van a recibir”.

Según el abogado, la jueza insiste que se llegue a un acuerdo porque facilitaría el proceso de confirmar el Plan de Ajuste. “Si no hay acuerdo, la jueza tendría que resolver todas las objeciones que haya al Plan de Ajuste, que son con mucha sustancia y podría haber problemas para confirmar el plan”, añadió.

“La jueza ha mantenido en ‘stand-by’ al comité de exjueces mediadores y nadie les ha tocado la puerta, porque la junta está atrincherada en el pago actual que está ofreciendo y que implicaría el cargo híbrido que podría ser de seis centavos por kilovatio-hora”, abundó. En cuanto a los bonistas, “les habían ofrecido cerca del 70% de su crédito, y ahora les están ofreciendo el 50%”, agregó el abogado.

“Si se va a negociar, los acreedores de bonos quieren más… ¿de dónde lo van a sacar? El país no aguantaría un aumento adicional”, expresó Emmanuelli.

A esto se añade que los acreedores que el abogado representa plantean que tienen prioridad de pago frente a los bonistas, “pero la junta ha negociado con algunos acreedores mejores condiciones de pago, y eso obviamente crea unos problemas. Ante eso, la jueza está agotando las últimas gestiones de que haya un acuerdo”.

Por su lado, el abogado John Mudd señaló a EL VOCERO que “la única manera de que puedes llegar a un acuerdo es si se les da más a los bonistas. La jueza decidió que los bonistas no tenían un gravamen y la junta no ha bajado la oferta en ningún momento, porque sabe que, primero, le pueden dar un tutazo en apelación, y segundo, que si quiere un acuerdo no puede estar bajando las cosas ahora”.

La deuda de bonos llega a $8,300 millones, pero no está claro si ese es el número total de la deuda o es menos, según la Sección 502 del Código de Quiebras federal, planteó Mudd. “Los bonistas están pidiendo más de 50% y menos del 66%, que fue lo que se determinó en el Acuerdo de Ayuda a la Reestructuración (RSA, en inglés). Yo no sé el número exacto, pero tiene que ser entremedio de esos números”, afirmó.

“Si no se llega a un acuerdo, ya la jueza ha indicado que la desestimación de la quiebra es una alternativa, y ahí los bonistas tendrían que ir al Tribunal Federal a pedir el nombramiento de un administrador (‘receiver’, en inglés), quien podría pedir el aumento de las tarifas o imponerlo”, alertó el abogado.

Mudd entiende que la desestimación de la quiebra “sería un desastre para la autoridad y sería una derrota bien grande para la junta”.

Una “brecha significativa”

De acuerdo con el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero, “de una lectura de las ofertas intercambiadas en el proceso de mediación y que se han hecho públicas, existe una brecha significativa entre la expectativa de las partes. Por tanto, si no se lograra alcanzar un acuerdo con los bonistas de la AEE en la mediación, los procesos judiciales continuarían su curso para la confirmación del Plan de Ajuste”.

En declaraciones escritas, Marrero agregó que por la confidencialidad ordenada por el tribunal no puede entrar en detalle sobre el asunto, pero subrayó que la junta fiscal es la única que puede presentar un Plan de Ajuste.

“En lo que concierne al gobierno, hemos sido consistentes en que cualquier plan de ajuste para la autoridad debe ser asequible, sostenible y razonable, y debe respetar el rol del Negociado de Energía como regulador independiente. La Aafaf siempre ha estado (y continúa estando) lista y dispuesta para participar de las discusiones de mediación, con los anteriores principios como norte, los cuales no podemos comprometer”, afirmó Marrero.

Fuente: El Vocero

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