La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló la propuesta de rescate financiero para la cogeneradora AES Puerto Rico, presentada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) con el apoyo del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), argumentando en un carta que “no ve ninguna alternativa viable” a esa opción que se prevé tendrá un impacto millonario en el bolsillo de los consumidores.

“Dadas las circunstancias especiales presentadas, donde detener la Transacción de Intercambio Propuesta socavaría la provisión de servicios eléctricos para los clientes de la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) en toda la Isla, la Junta de Supervisión no ve ninguna alternativa viable a aprobar la transacción”, planteó Robert Mujica, director ejecutivo del organismo federal, en una carta con fecha del pasado viernes y dirigida a Omar Marrero, director ejecutivo de la AAFAF.

“Sin embargo, a la luz de las preocupaciones sobre la situación financiera actual de AES-PR, la Junta de Supervisión alienta a AAFAF y AFICA (Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental) a supervisar el cumplimiento de AES-PR con el Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración celebrado por AES-PR, los tenedores de bonos y el fiduciario de bonos, y su informe anual y estados financieros auditados, para monitorear su desempeño financiero continuo”, subrayó la Junta. La AAFAF había solicitado la aprobación de la transacción el 13 de diciembre de 2023.

La carta precisa que el rescate implica la emisión por parte de AFICA de hasta $115,000,000 de nuevas series de bonos que se canjearán por los $144,570,000 en impago en cogeneración en circulación. La Junta entiende que la transacción reduciría la emisión de deuda pendiente de AFICA en un 28% y proporcionaría a AES-PR un financiamiento de emergencia de $23,000,000 para necesidades operativas y gastos de capital.

Al hacer su análisis, la Junta argumentó que AES Puerto Rico proporciona más de 450 megavatios, lo que constituye aproximadamente el 20% de la generación de energía de carga base en la isla.

“Como tal, la capacidad de generación proporcionada por AES es crucial para garantizar la confiabilidad del sistema y mantener estables los costos de energía en Puerto Rico. Sin la instalación, Puerto Rico correría el riesgo de sufrir cortes de energía recurrentes debido a déficits de generación y tarifas más altas para los clientes. Si AES cerrara, el pronóstico de días al año con cortes de carga o eventos de apagones continuos aumentaría dramáticamente”, lee la comunicación, que también fue remitida al gobernador Pedro Pierluisi.

Según cálculos del Negociado de Energía, que dio paso al rescate económico, las enmiendas que la AEE propuso al contrato de la cogeneradora para ir en su ayuda tendrán un costo directo a los consumidores de aproximadamente $185 millones hasta 2027.

El organismo, sin embargo, justificó su decisión a principios de febrero a la luz de los costos estimados del cese de operaciones de AES, que ascenderían a entre $300 millones y $900 millones debido a que, en ese escenario, resultaría necesario recurrir a combustibles más caros para cubrir la generación de AES.

En su resolución y orden, el NEPR sostuvo que las enmiendas responden, principalmente, a los cambios estatutarios que, entre 2017 y 2019, limitaron y, posteriormente, prohibieron el depósito de las cenizas de carbón en los vertederos de Puerto Rico, incrementado los gastos de disposición que cubre AES. Para 2016, el costo de disponer cada tonelada de cenizas promediaba $34, monto que se había multiplicado hasta $116 en 2022, indica el documento.

Según el NEPR, los argumentos presentados desde que la AEE sometió la enmienda, el 7 de noviembre de 2023, sostienen que “los retos financieros de AES son directamente atribuibles a los cambios en leyes, particularmente la Ley 40-2017 y la Ley 5-2019. Por lo tanto, el NEPR determina que obra en el mejor interés público permitir pagos adicionales a AES-PR, que compensen los efectos detrimentales de los cambios legales”.

En un inicio, el contrato de compra de energía establecía que AES dispondría de los residuos de combustión de carbón fuera del país, un lenguaje que posteriormente se enmendó para permitir que el material sirviera como cubierta en sistemas de relleno sanitario u otros usos comerciales. El acuerdo con AES se extiende hasta 2027, cuando entra en vigor la prohibición estatutaria a la generación eléctrica sobre la base de carbón.

A finales de noviembre pasado, líderes ambientales y residentes de comunidades aledañas a la cogeneradora AES Puerto Rico, en Guayama, cuestionaron las razones detrás de la discusión de enmienda al contrato que mantienen la incineradora y la AEE.

La licenciada Ruth Santigo, del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca, criticó la trayectoria de AES y si se justifica que se le conceda un aumento en el pago solicitado. “Cómo es posible que se le siga dando aumentos a una corporación que puede en cualquier momento alegar que tiene problemas económicos”, planteó la abogada.

Durante una vista pública convocada por el Negociado de Energía, Santiago recordó que en julio pasado la Junta de Gobierno de la AEE dio a AES acceso a una cuenta de reserva con $12.8 millones disponibles, bajo la premisa de que se requería para garantizar el funcionamiento de la cogeneradora hasta octubre.

Entre los deponentes en esa ocasión también estuvo José Santos, representante de la Red Continental Cristiana por la Paz, quien se concentró en destacar el impacto que han tenido las operaciones de la AES en la salud de los residentes del área. Igualmente, se expresó indignado y rechazó las enmiendas al contrato “para rescatar económicamente” a la empresa que, según dijo, “ha contaminado por 20 años a las comunidades cercanas a su planta”.

Fuente: El Nuevo Día

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