Grupos opositores convocaron una manifestación para el 11 de junio en el Capitolio
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló este jueves que la Asamblea Legislativa retome la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico, con la advertencia de que cualquier futuro incremento que se proponga bajo este mecanismo será sometido a una revisión rigurosa que tomará en consideración los efectos que tendría en los ingresos contributivos, la competitividad del sector privado y la inflación.
“Según redactado, el P. de la C. 1115 altera el mecanismo para aumentar el salario mínimo en el futuro, pero no altera la tasa del salario mínimo actual ni exige aumentos futuros a la tasa salarial. Por consiguiente, la Junta de Supervisión ha determinado que no es inconsistente con el Plan Fiscal”, indicó el ente, en una carta firmada por su director ejecutivo, Robert Mujica.
Desde 2021, la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley 47-2021) colocó en manos de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, adscrita al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), la responsabilidad de determinar los ajustes salariales. No obstante, la Legislatura tiene ante su consideración el Proyecto de la Cámara (PC) 1115, que busca devolverle dicha facultad.
“La Junta de Supervisión evaluará toda medida propuesta que ajuste el salario mínimo considerando los efectos que tendría en los ingresos contributivos, la competitividad del sector privado, la inflación y las tasas de participación de la fuerza laboral”, consigna la misiva.
Las expresiones de la JSF surgen en respuesta a una primera carta cursada por la Cámara de Representantes, en la que solicitó una revisión preliminar del proyecto de ley de conformidad con la ley Promesa, a fin de determinar si es consistente con el Plan Fiscal certificado.
Al defender el proyecto, su autor, el representante Roberto López Román, ha argumentado que la Comisión Evaluadora no ha operado con la totalidad de sus miembros, ni es representativa de todos los sectores con interés en el tema. De sus siete miembros, dos responden a los trabajadores; dos, a los patronos; dos, a los economistas; y uno, al interés público.
No obstante, grupos sindicales han advertido que la aprobación del proyecto implicaría un deterioro en las condiciones laborales de miles de trabajadores.
Este jueves, insistieron en su reclamo durante una conferencia de prensa. “Gracias a los aumentos al salario mínimo, se han logrado mejores condiciones para negociar colectivamente. Eliminar esta Comisión sería entregar en manos de otros el derecho a vivir dignamente”, dijo Emilio Nieves, portavoz de la Central Puertorriqueña de Trabajadores.
Previo a la aprobación de la Ley 47, hacía 13 años que no se aprobaba un alza al salario mínimo. El incremento más reciente se había otorgado, en 2009, por disposición del gobierno federal. El primer aumento dispuesto por la Ley 47, a $8.50 la hora, fue efectivo el 1 de enero de 2022. Para el 1 de julio de 2023, aumentó a $9.50 la hora y, el 1 de julio de 2024, incrementó a $10.50 la hora. Este último aumento estuvo sujeto al visto bueno de la Comisión Evaluadora.
“Conozco personas que la primera vez que vieron un aumento en su salario fue en 2009, después de trabajar 15 años y luego, en 2021, con la ley nueva. Aunque, para muchas de estas personas, el aumento a $10.50 la hora fue un alivio necesario y merecido, lo primero que nombran es lo difícil que resulta sobrevivir por el actual costo de vida”, destacó, en tanto, Jessica González, de Construyamos Otro Acuerdo.
“Los aumentos en el combustible, la luz, el agua, la renta y la comida están haciendo que sea casi imposible vivir en nuestro país. La nueva propuesta amenaza con frenar estos aumentos y poner a miles en una situación aún más crítica, donde tendrán que escoger entre pagar sus cuentas o alimentar a sus familias”, puntualizó.
Bajo la consigna “Urgente: Nos roban el salario”, grupos comunitarios y laborales se movilizarán el 11 de junio, a las 4:00 p.m., al Capitolio, en rechazo a la propuesta cameral.
FUENTE: El Nuevo Día
