Según el ente, persisten numerosas interrogantes que deben atenderse previo a cualquier adjudicación
Salinas - Al recalcar que retiene la facultad de evaluar cualquier contrato, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pidió a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) que aplace la selección de proponentes de las dos licitaciones activas para proyectos de generación permanente hasta que se le brinden respuestas satisfactorias a interrogantes sobre las limitaciones generales que pesan sobre el sistema, como el acceso a combustible y la viabilidad de interconectar paralelamente decenas de instalaciones de producción eléctrica.
El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, consignó las preocupaciones del organismo en una carta al zar de Energía y jefe de la AAPP, Josué Colón, en la que sostuvo que el calendario de adjudicación de dos solicitudes de propuestas (RFP, en inglés) de proyectos de generación vencía esta semana.
Específicamente, la AAPP tramita un RFP que procura contratar proyectos que sumen hasta 3,000 megavatios (MW) de capacidad de generación, y un segundo proceso para construir una nueva planta en la central Costa Sur, en Guayanilla, que podría alcanzar hasta 600 MW.
“Dada la etapa avanzada de los procesos de licitación, la Junta de Supervisión solicita que estos asuntos se atiendan rápidamente, antes de cualquier selección o adjudicación de contrato, de forma que cualquier problema no resuelto que afecte la capacidad de los licitadores, viabilidad de los proyectos, integración al sistema o costo a los abonados pueda identificarse y resolverse mientras puedan beneficiar significativamente el proceso”, señaló Mujica.
Según Mujica, a inicios de julio, la AAPP replicó a la JSF que aún no había podido suscribir los contratos de consultoría necesarios para responder a un requerimiento de información que aborda desde la necesidad de añadir más de 3,000 MW adicionales al sistema en momentos en que, según el ente fiscal, ya hay 5,500 MW en distintas fases de contratación o ejecución, hasta la persistencia de problemas que, en pasados años, han quedado en evidencia, como el acceso a fuentes de combustible.
“Sin embargo, la AAPP confirma que el objetivo establecido en las requisiciones para la selección o adjudicación (de proponentes) sigue siendo la semana del 20 de julio de 2026. Por favor, entregue una respuesta completa a los requerimientos de información incluida en la carta del 1 de julio antes que se emita cualquier selección o adjudicación”, consignó Mujica, en una comunicación con fecha del 17 de julio.
En un breve aparte con El Nuevo Día el miércoles, durante una vista a la central Aguirre en Salinas, Colón no precisó cuándo la AAPP planifica notificar la selección de desarrolladores provenientes de ambos RFP, pero subrayó, como mencionó Mujica en la carta, que la JSF ha tenido participación en los procesos.
“Son procesos que son confidenciales. Obviamente, nosotros incluimos tanto a representantes de la JSF como del Negociado de Energía. Sin embargo, en cuanto a la integración de los nuevos sistemas, vamos a esperar a que termine el RFP a ver cuántas son las propuestas aceptadas. Nunca olvidemos que esas plantas vienen a reemplazar generación actual, no es que se va a sumar a lo que está, (sino) que entraría y sustituiría una unidad vieja”, comentó.
Colón se abstuvo de detallar si la AAPP pospondrá cualquier determinación asociada a las licitaciones mientras se discuten las interrogantes levantadas por la JSF.
“Cumpliremos con el proceso en ley bajo la Ley 29 (de la AAPP) y los reglamentos que existen, y también atenderemos las peticiones de la JSF. No puedo indicar la fecha exacta en que se va adjudicar, porque es parte de los procesos que están en curso. No hay duda que estamos en las etapas finales del proceso, pero la fecha va a depender de las evaluaciones que se están haciendo”, expresó.
De acuerdo con Mujica, las consideraciones planteadas a la AAPP revisten de urgencia debido a su potencial impacto en la competitividad de las ofertas y su efecto en los “riesgos de ejecución y, en última instancia, la exposición de los consumidores a costos más altos”.
“Le recordamos que cualquier contrato propuesto resultante de las licitaciones debe someterse a la Junta de Supervisión para revisión y aprobación antes de su ejecución”, enfatizó.
FUENTE: El Nuevo Día
