Aunque la Comisión de Hacienda del Senado solicitó extender el periodo de aprobación de la medida legislativa que enmendaría el presupuesto vigente del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal (JCF) determinó no esperar y certificó los cambios.

El senador Juan Zaragoza, quien preside la comisión senatorial, aseguró que la partida que causó controversia en el trámite legislativo fue la propuesta presentada por la junta fiscal de destinar $545 millones para otorgar un préstamo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que viabilizaría una reserva de capital operacional para Genera PR a utilizarse en inversiones, mejoras y el pago a los suplidores.

“Cuando el proyecto va a la Cámara (de Representantes) se divide la asignación de Genera PR por la mitad y se asignan $272,500,000 para el fondo del pago de los pensionados de la Autoridad (de Energía Eléctrica). Luego, cuando (el proyecto) cruza para acá, le hacemos otras enmiendas y se elimina lo que quedaba para el préstamo y se asigna para varias cosas dentro de la Universidad de Puerto Rico”, detalló el senador.

La distribución del dinero restante incluía $40 millones para la Red Sísmica de Puerto Rico, $10 millones para la creación de nuevas plazas de trabajo en el primer centro docente del País y otros $20 millones para equiparar puestos de trabajo al incremento en el salario mínimo que entró en vigor este año.

De acuerdo con el portal de la Oficina de Servicios Legislativos, la Resolución Conjunta 485 de la Cámara fue radicada el 18 de abril y aprobada ese mismo día en este cuerpo legislativo. Sin embargo, aunque fue referida a la Comisión de Hacienda del Senado, el 24 de abril, no fue hasta el 4 de mayo que recibió el aval de 24 senadores.

La junta fiscal informó a los presidentes de los cuerpos legislativos y al gobernador Pedro Pierluisi, que al 2 de mayo se había vencido el término establecido para que la Asamblea Legislativa sometiera enmiendas al plan fiscal vigente. El término de tiempo había sido notificado el 5 de abril.

El abogado Osvaldo Medina, quien forma parte de la comisión senatorial, informó a El VOCERO que la junta fiscal “envió una carta el pasado viernes notificando que certificaron sus enmiendas. En ese sentido, hubo comunicaciones extraoficiales con la junta para dejar saber que en el Senado se había aprobado la medida, pero ellos plantearon que no iban a seguir extendiendo el ‘dateline’”.

Por su parte, el representante Jesús Santa Rodríguez, quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, defendió la labor realizada en el cuerpo legislativo con relación a las enmiendas al presupuesto.

“La realidad es que nosotros aprobamos esas enmiendas hace como tres semanas atrás. La Cámara cumplió con el término del tiempo. No voy a tapar a nadie. Más allá de los cambios que ellos hicieron en el Senado, si querían que la medida fuera a la firma del gobernador, esto tenía que haberse aprobado mucho antes”, reclamó el representante.

Tanto la Cámara como el Senado habían dejado intactas las asignaciones restantes que propuso la junta fiscal, incluyendo la mayor de las partidas, de $650 millones, destinada para la Reserva de Emergencia del gobierno.

Además, el presupuesto enmendado certificado provee $100 millones para que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) pueda costear la brecha que surja en el financiamiento de Medicaid y $94,910,000 para aumentar la asignación al pago del Instrumento de Valor Contingente del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).

Otros $81,136,000 fueron designados al pago de obligaciones vencidas, entre las que se encuentra el acuerdo transaccional global entre la AEE y entidades gubernamentales relacionado a facturas caducadas y posibles pagos incrementales del Fondo General al PayGo.

Al certificar las enmiendas al plan fiscal vigente, la junta fiscal hizo disponibles todas las partidas, incluyendo el préstamo de $545 millones para viabilizar la reserva de capital operacional para Genera PR.

Esto último es un requisito bajo el acuerdo entre la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP) y el consorcio.

Fuente: El Vocero

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