Washington D.C. –Junto al asesor de la Casa Blanca que coordina su implantación, el gobernador Pedro Pierluisi atribuyó hoy una “inconmensurable importancia” a la ley federal de rescate económico para mejorar la economía puertorriqueña durante el último año, en medio de la pandemia del COVID-19.

“Mientras miramos a un futuro brillante y sostenible, este trato del gobierno federal ha marcado una gran diferencia”, indicó Pierluisi, al participar esta tarde en un foro convocado por la Casa Blanca y la organización hispana UnidosUS, con ocasión del primer aniversario del estatuto.

De los cerca de $20,000 millones que se asignaron a la Isla por medio de la ley de rescate económico – ARPA, por su siglas inglés y que tuvo el propósito de mitigar las duras consecuencias de la pandemia-, el Ejecutivo de Puerto Rico ha podido distribuir directamente cerca de $2,470 millones.

Los fondos han sido destinados principalmente al sistema de salud pública ($761 millones), servicios del gobierno ($645 millones), infraestructura crítica ($564 millones) y desarrollo económico ($140 millones), según el gobernador.

Pierluisi indicó que los datos de su gobierno señalan que de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, el desempleo se redujo de 10.5% a 7.5%. La tasa de participación aumentó, según el gobernador, de 39.9% en diciembre de 2020 a 44.2% en diciembre de 2021.

“El turismo experimento un año récord en 2021″, agregó, al referirse a una industria que recibió una asignación de $120 millones de la ley federal.

El evento en que habló el gobernador, que tuvo lugar por internet, ha sido uno de varios que promueve la Casa Blanca para acentuar el impacto de la ley de rescate económico, y de los créditos por niños dependientes (CTC) y por trabajo (EITC) que ha potenciado el estatuto.

Los esfuerzos de la Casa Blanca para promover los beneficios de la ley ARPA tienen lugar en momentos en que la popularidad del presidente Joe Biden ha tenido niveles muy bajos. Junto a la ley de inversión en infraestructura, ARPA es uno de los dos principales logros de la administración del presidente Joe Biden.

En el caso de Puerto Rico, la ley ARPA permite a sus residentes tener pleno acceso al CTC, cuyos beneficios han sido ampliados por un año.

Hasta el año pasado, solo los ciudadanos de Puerto Rico con tres o más hijos dependientes podían solicitar el CTC. Ahora, el programa está accesible a toda persona con niños dependientes.

Los residentes de la Isla – que en su abrumadora mayoría no tienen que rendir planilla federal-, pueden reclamar un reembolso de hasta $3,600 por cada menor dependiente de menos de seis años y hasta $3,000 por los que tienen entre seis y 17 años.

La ley ARPA también permite financiar tres cuartas partes del crédito por trabajo que ofrece el gobierno de Puerto Rico, que ahora tiene un presupuesto de $800 millones y permite a un ciudadano recibir hasta $6,500, dependiendo de sus ingresos.

“Esto puede tener un impacto enorme (en Puerto Rico), no solo reduciendo la tasa de pobreza” y ofreciéndole más seguridad económica a los ciudadanos de la Isla para la crianza de sus hijos, sostuvo el economista Gene Sperling, asesor del presidente Biden y encargado de supervisar desde la Casa Blanca el funcionamiento de la ley ARPA.

Sterling ha buscado reclutar a las autoridades de gobierno de Puerto Rico y las organizaciones no gubernamentales para promover la ampliación de los créditos por niños dependientes y trabajo. “Lo tenemos que hacer todos juntos”, indicó.

Pierluisi dijo que mañana, viernes, su gobierno y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos auspician también en San Juan un entrenamiento a funcionarios municipales sobre cómo puede ayudarse a los ciudadanos a reclamar los créditos.

Carmen Isaura Rodríguez, del Instituto de Desarrollo de la Juventud, dijo que antes de la ley ARPA menos del 10% de las familias de Puerto Rico tenían acceso al CTC. Pero, ahora puede haber un “aumento de 50% en el ingreso de las familias que viven bajo el margen de pobreza”.

María Mercedes Rodríguez Rivera, de Espacios Abiertos, dijo que en un país en el que el 44% de sus residentes vive bajo el nivel de pobreza – cerca de 1.4 millones de personas-, calculan que el CTC beneficiará a 466,000 familias, incluidas 223,000 jefas de familia. “Va a ser de gran impacto, un alivio para todas estas personas”, subrayó Rodríguez Rivera.

Fuente: El Nuevo Día

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