Reiterando que el fracaso “no es alternativa”, la jueza de distrito federal a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, ordenó ayer un proceso de mediación obligatorio entre los diversos grupos que participan de las negociaciones en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Tras cuestionar directamente a cada una de las partes que participan del proceso de Título III de la AEE, si están comprometidos o no con encontrar una solución consensuada para la corporación pública, Swain indicó a los abogados de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a aquellos de bonistas, aseguradores municipales, acreedores no asegurados y trabajadores y jubilados de la AEE que las partes estarán obligadas a negociar siguiendo ciertos parámetros.

Empero, Swain estableció que tales parámetros solo deben contribuir a un fin ulterior: conseguir la confirmación de un Plan de Ajuste para la AEE (PDA-AEE) que sea producto de acuerdos consensuados y cuyos términos sirvan para dar “un nuevo comienzo” a la corporación pública y al pueblo de Puerto Rico.

A esos efectos, Swain dio al Equipo de Mediación de la AEE hasta el próximo jueves para que presente un calendario de negociaciones. La jueza federal fue tan directa que antes de dar por concluida la audiencia que se llevó a cabo en una de las salas del Tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, indicó a las partes dónde quedaba el salón del jurado para que allí conversaran con la líder de los mediadores, la exjueza Shelley C. Chapman en torno a cómo y cuándo negociarán.

Aunque durante la audiencia que duró poco más de una hora, Swain se mostró optimista en que las partes llegarán a un entendido, también dejó claro a la JSF y a los bonistas que no cuentan con la fuerza o los argumentos que creen tener.

“La (JSF) tiene poderes sin precedente, responsabilidad y autoridad dados por el Congreso… pero la última vez que leí (la ley) Promesa, ser infalibles no es uno de esos poderes”, dijo Swain al abogado Martin Bienenstock, asesor legal principal de la JSF.

“Los bonistas aquí enfrentan muchos riesgos con su postura”, aseveró en otro momento, Swain a la abogada del grupo organizado de bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y socia del bufete Kramer Levin, Amy Caton.

Esto, cuando Swain planteó que será poco probable que los bonistas puedan avanzar sus reclamos de prioridad antes de la vista de confirmación del PDA-AEE programada para julio próximo.

González: No queremos errar

Bienenstock admitió a Swain que no ha habido sesiones de mediación, pero aseguró que la persona designada por la JSF para negociar en su nombre y ejecutivo del asesor financiero Citigroup, David Brownstein, ha sostenido más de 25 conferencias telefónicas con distintas partes.

Por momentos, con un tono muy pausado, Bienenstock –socio del bufete Proskauer Rose LP- expresó a Swain que la JSF siempre ha estado disponible para negociar, pero sostuvo que ese proceso tiene que darse sin condiciones preestablecidas.

Tras la alocución de Bienenstock, fue el directivo de la JSF y exjuez federal, Arthur González, quien explicó a Swain el dilema en que se encuentra la JSF.

De entrada, González explicó que los directivos de la JSF discrepan en torno al rumbo de las negociaciones de la AEE.

Pero acto seguido, González dijo que no podían negociarse asuntos fundamentales en los que ya había una determinación por mayoría por parte de la JSF o aquello que no sea cónsono con su deber de fiducia.

“Ahí es que estamos detenidos”, dijo González.

El exjuez parecía referirse a la cantidad de las reclamaciones que la JSF estaría dispuesta a renegociar -unos $5,700 millones- a la luz de las proyecciones económicas que posee el organismo acerca de las ventas futuras de la AEE y de la capacidad de pago de los abonados en Puerto Rico.

Según González, si durante las negociaciones se accede a términos financieros impagables, ello rebotará en la economía de Puerto Rico, algo en lo que Swain coincidió.

“Si cometemos un error, el pueblo de Puerto Rico, no únicamente los abonados, cargarán con ese error”, dijo González.

Agregó que si la JSF actúa de manera “conservadora” y recorta demasiado las acreencias, los bonistas tendrán mecanismos para recuperarse. Pero si se hace un compromiso de pago que Puerto Rico no pueda cubrir, ello podría tener consecuencias “catastróficas”.

Sin embargo, desde la perspectiva de Caton, la abogada del Ad Hoc-AEE, no puede negociarse si se parte de premisas “escritas en piedra”, que a su vez descansan en proyecciones dudosas.

Un año para negociar

La orden de Swain se produce casi una semana después de que la jueza negara un pedido de certificación de parte de los bonistas para que el Primer Circuito de Apelaciones revise el fallo de la jueza que concluyó que los bonistas de la AEE no tienen los derechos que alegan.

A su vez, la decisión de Swain se produce prácticamente un año después de que la jueza creara el Equipo de Mediación que encabeza Chapman para terminar con la quiebra de la AEE.

Entonces, el mecanismo de mediación se ofreció de manera voluntaria, pero en septiembre del año pasado, una vez las partes no pudieron encontrar terreno común, Swain ordenó a la JSF radicar el PDA-AEE, una lista de las controversias de derecho que habría que dirimir o explicar por qué no debía desestimarse el Título III de la corporación pública.

El 16 de diciembre de 2022, la JSF radicó el PDA-AEE, proponiendo un recorte de 50% en las acreencias de la corporación pública.

No obstante, desde el pasado diciembre, cuando se radicó el PDA-AEE, no ha habido sesiones de mediación, expresó el abogado de la aseguradora municipal Assured Guaranty, Mark Ellenberg.

Ahora, la orden de Swain requiere sentarse a la mesa con el Equipo de Mediación y este lunes, las partes dijeron que negociarán aunque parecían aceptar a regañadientes.

No agrada el rumbo del autobús

El abogado de Syncora Guaranty y socio de Quinn Emmanuel, Susheel Kirpalani, por ejemplo, contestó a Swain que su cliente ha estado “montado en el autobús” de las negociaciones “desde el primer día”, pero le frustra saber que el autobús no acaba de salir.

Mientras, el representante legal del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) y socio del Paul Hastings, Luc A. Despins, pidió a Swain que pusiera “más carne al hueso”. Ello, al pedir a Swain que ofreciera detalles de los parámetros de negociación que establecería, pues no quería comprometerse a negociar sin tener una idea más clara de qué esperar.

Y la abogada Jessica Méndez Colberg, del Bufete Emanuelli CSP y representante del Sistema de Retiro de la AEE y de la Unión de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), reiteró que desde el primer día han estado dispuestos a la sentarse a la mesa, pero más allá de las conversaciones con la JSF, nunca han participado de un proceso de mediación.

Fuente: El Nuevo Día

‍