La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain concluyó ayer la vista evidenciaria en torno a la reclamación de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con tres súplicas.

Un ruego de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que valide el método de valoración que aplicó el perito y principal ejecutivo de The Brattle Group, David Plastino. Un llamado del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) para que no dé peso alguno a los estimados de la perita Maureen M. Chakraborty cuando se trata del valor de la reclamación de los bonistas de la AEE.

Y un llamado desde el Grupo Organizado de Bonistas de la AEE (Ad Hoc-AEE) y las aseguradoras municipales Assured Guaranty y Syncora Guarantee para que no conceda lo que sería un recorte de sobre el 75% de su acreencia y no permita la práctica eliminación del derecho de los bonistas a un remedio equitativo, incluyendo el nombramiento de un síndico, aun cuando se les considere acreedores no asegurados.

De esa manera, podría resumirse el tercer día del juicio del proceso adversativo 391, que radicó el fiduciario US National Bank contra la JSF con el objetivo de valorar hipotéticamente la reclamación de los bonistas de la AEE, según la sección 502 del Código de Quiebras.

Esto, en el contexto de las negociaciones truncas para reestructurar la deuda de la principal corporación pública de Puerto Rico y la confirmación de un Plan de Ajuste (PDA).

Swain, quien presidió la vista junto a la magistrada Judith Dein, indicó que acogía las argumentaciones vehementes de las partes y que esperaba comunicar su fallo con prontitud consciente del poco tiempo que falta para el juicio de confirmación del PDA-AEE.

Con sus expresiones, la jueza de distrito federal cerró una jornada de casi cuatro horas de argumentaciones a la que precedió la audiencia general de los casos de Título III de Puerto Rico, también celebrada ayer.

Halón de orejas a la AEE

Durante la audiencia general, luego de expresar cierta preocupación por el curso del proceso, Swain pareció tirar por la oreja a la AEE y a la JSF tras escuchar los planteamientos de Cobra Acquisitions, empresa que todavía no ha cobrado unos $99 millones por los servicios que prestó a Puerto Rico luego del huracán María en el 2017.

“Cobra está inmensamente frustrada”, dijo el abogado Abid Qureshi, socio de la firma Akin Gump Strauss Hauer & Feld, al agregar que su cliente lleva al menos 900 días bajo una suspensión automática de litigios, esperando por un proceso de revisión de facturas que no acaba de completarse.

De esa forma, Qureshi expresaba que esperar hasta mediados de agosto próximo por otro informe de progreso en lugar de poner fin a la situación en julio próximo, le parecía demasiado tiempo, en especial, porque la AEE invocaba procesos, fechas y trámites con los que no cumple.

El abogado de la JSF y socio de Proskauer Rose LP, Paul Possinger, dijo a la jueza Swain que la JSF y la AEE no se andaban con juegos, que Cobra ya había recibido al menos $1,200 millones de lo facturado.

Agregó que en estos días andaban algo ocupados, sin hacer mención directa al proceso de confirmación del PDA-AEE.

Swain preguntó a Possinger si debía ordenar a la AEE presentar un calendario para finiquitar la disputa y de inmediato, dijo que emitiría la orden de rigor.

Fuente: El Nuevo Día

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